A casi catorce años de que se implementó en Morelos el entonces novedoso “sistema acusatorio adversarial” como la panacea a los grandes problemas en materia de impartición de justicia, habría que preguntarnos si realmente se está cumpliendo con los objetivos originalmente planteados, o si los operadores del mismo le están poniendo su “estilo personal” a la aplicación de los llamados juicios orales.
En múltiples ocasiones hemos abordado este tema, ya que quien esto escribe ha seguido muy de cerca el proceso de creación y puesta en marcha del llamado nuevo sistema de justicia penal, no sólo como reportero de la fuente judicial desde 1995, sino como editor de la única revista especializada, llamada primero “Sólo para Abogados” (2006-2018) y actualmente titulada “Cauce Legal”.
El proyecto de juicios orales en Morelos comenzó en el 2006 inicialmente con la “paternidad” de tres personajes que no eran abogados: el médico cirujano Marco Adame Castillo, el ingeniero químico Oscar Sergio Hernández Benítez, y el “pasante en Derecho” (así decía su currículum), Javier López Sánchez; el primero como gobernador del Estado, el segundo como líder del Congreso Local y el tercero en su calidad de coordinador de asesores, fueron quienes dieron el mayor impulso a la propuesta traída a México por la organización denominada “Pro Derecho”, filial de la agencia norteamericana USAID y acogido por el gobierno de Vicente Fox.
El Poder Judicial siempre estuvo en desacuerdo con el sistema oral, principalmente su titular, Ricardo Rosas Pérez, pero a cambio de que el PAN-Gobierno apoyara su segunda reelección ya no hubo oposición al proyecto. Lo más insólito es que tampoco el entonces consejero jurídico, Pedro Luis Benítez Vélez, le tenía fe al proyecto. En aquel tiempo le pregunté si creía en los juicios orales. “Tengo que creer”, me contestó con su engolada voz que le caracteriza.
Fue así como el 31 de octubre del 2008 entró en vigor el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, pero sólo en el primer distrito judicial. Desde el principio tuvo contratiempos: el edificio que el TSJ compró ex profeso para las audiencias orales en la calle Morrow no alcanzó a estar a tiempo y tuvieron que adecuar las instalaciones del Palacio de Justicia, en la calle Leyva.
En Cuautla y Yautepec, donde ya entró en vigor el nuevo sistema desde el seis de julio del 2009, el edificio que albergaría las salas de audiencias no estaba ni a la mitad, por lo que el TSJ estuvo rentando instalaciones. Lo mismo sucedió en la zona sur, donde incluso prorrogaron un año más su entrada en vigor.
Las causas de que el proyecto pareciera navegar a la deriva eran muchas, pero principalmente la falta de recursos económicos, pues mientras en Chihuahua y Zacatecas el presupuesto para juicios orales se cuenta por cientos de millones, en Morelos no llegó ni a los 20 millones para todo.
Ese dinero no alcanzó para pagar la capacitación a los miles de policías que ya se están encargando, “como Dios les dio a entender” de la detención de presuntos delincuentes bajo el nuevo sistema de Justicia Penal. Mucho menos se podía capacitar a todos los agentes del Ministerio Público, defensores de oficio y litigantes particulares.
El colmo: los agentes del Ministerio Público y Defensores de Oficio que se fueron a capacitar a otros países con recursos del gobierno de Morelos, inmediatamente fueron contratados por la entonces Procuraduría General de la República o se fueron a litigar como abogados particulares.
Está comprobado que no solamente son las leyes las que determinan su eficacia, sino el estilo personal que le impriman los servidores públicos encargados de aplicarlas. En el sexenio de Marco Adame ocurrió un caso singular.
Resulta que después de ser grandes amigos, Pedro Luis Benítez Vélez y Ricardo Rosas Pérez rompieron relaciones, lo cual hubiese sido intrascendente, de no ser porque el primero se desempeñaba como procurador de Justicia del Poder Ejecutivo (ojo, no era todavía una institución autónoma); y el segundo era presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero no sólo eso, sino que era un férreo defensor de la separación de Poderes.
Por las circunstancias arriba mencionadas, el nuevo sistema de justicia penal resultó un fiasco en el estado de Morelos, y el médico que gobernaba veía con desagrado cómo los periódicos diariamente anunciaban la liberación de la mayoría de las personas que había detenido la policía preventiva o ministerial. Algo no estaba funcionando bien.
Como siempre ocurre, los fiscales le echaron la culpa a los jueces. Entonces plantearon que hubiera “conversatorios” entre jueces y agentes del MP para que buscaran la forma de que los delincuentes no salieran tan fácilmente, pues eso le perjudicaba al gobierno del estado en su imagen.
Ricardo Rosas, formado a la antigua escuela del derecho purista y con años de servicio en el Poder Judicial Federal, consideró que esos “conversatorios” serían anticonstitucionales, pues una de las características más importantes del nuevo sistema es la IGUALDAD DE LAS PARTES y la autonomía de los jueces para aplicar la ley, así que cuantas veces los fiscales no hicieran correctamente su trabajo, los juzgadores tendrían que dejarlos en libertad.
Resignados a que no podrían contra el presidente del TSJ, los operadores del Ejecutivo modificaron el Código de Procedimientos Penales para el estado de Morelos e instituyeron el famoso “catálogo de delitos graves” en los que se aplica la cárcel preventiva a pesar de que no existan pruebas contundentes de que el imputado los cometió, lo que se conoce como “la prisión preventiva oficiosa”, que hoy está nuevamente en discusión en los más altos niveles de este país.
Durante el sexenio de Graco Ramírez pasó algo similar. El entonces gobernador montó en cólera cuando se enteró de que los jueces habían dejado en libertad a unos presuntos secuestradores detenidos por la entonces secretaria de Seguridad, Alicia Vázquez Luna, por lo que exigió una investigación en contra de los juzgadores, misma que nunca prosperó. Inventó “El Mando Único”, para que la Policía Preventiva Estatal pudiera operar en los 33 municipios; puso a su sobrino como fiscal del Estado y presionó la entonces presidenta del TSJ, Carmen Cuevas, para que nombrara jueces de su confianza que se hicieran cargo de los asuntos en los que el Ejecutivo tuviera interés.
El objetivo de Graco era que el Mando Único se extendiera hasta el Poder Judicial para que sus “golpes a la delincuencia” no se vieran empañados por libertades otorgadas por jueces.
Todo lo anterior viene a colación porque el pasado 14 de septiembre recibimos un boletín oficial del Tribunal Superior de Justicia titulado “Suman esfuerzos Fiscalía General y el TSJ para fortalecer la procuración y Administración de Justicia” y en el que se anuncia que “los titulares de ambas instituciones acordaron consolidar un ciclo de conversatorios de capacitación enfocados a fortalecer la administración y procuración de justicia, lo que redundará de manera directa en beneficio de las y los morelenses”.
Habrá que ver, ya en los hechos, qué es para Uriel Carmona y Jorge Gamboa el fortalecimiento de la administración y procuración de justicia.
HASTA MAÑANA.
