“Dos sujetos a bordo de una motocicleta perpetraron el crimen y huyeron rápidamente”, esa es la frase que incluye la mayoría de las notas periodísticas que diariamente vemos en los diferentes medios de comunicación tradicionales o digitales de esta entidad. El último asesinato con estas características que conmocionó a la sociedad morelense fue el de la diputada Gabriela Marín Sánchez, y no por que fuese más importante, sino porque el sentir generalizado fue: si se atreven a hacerle eso a una integrante del Congreso, qué nos espera a los demás.

En reciente plática con el comandante Huber Abarca Román, ex director de Operaciones de la Policía de Tránsito, coincidíamos en que la solución está en regularizar al mayor número posible de estos vehículos, es decir, que por cada motocicleta que ande circulando en la calle, haya un registro con el nombre de su propietario, domicilio, etc., que pueda ser localizado inmediatamente después de que se vea involucrado en un hecho delictivo.

De hecho, Abarca Román tiene un proyecto que permitiría tener control del 90 por ciento de las motocicletas que circulan en el estado de Morelos, de tal manera que la vigilancia se enfocaría al restante 10 por ciento en el que se presume que están los delincuentes.

Lo que plantea el ex director de la Policía Vial de la capital morelense es que las autoridades estatales, en este caso la Secretaría de Movilidad y Transportes, condicione a las empresas que ofrecen servicios en motocicleta (Uber, Didi, Rapid, así como pizzerías y farmacias) a que registren a sus vehículos y choferes.

Después, se podría ampliar ese requisito para las tortillerías, taquerías y tiendas en general que ocupan a los motociclistas para repartir sus productos a sus clientes.

Para ello se tendría que hacer una modificación a la ley de ingresos del gobierno del estado, y una reforma al Reglamento de Tránsito (empezando por Cuernavaca y después los municipios conurbados), para que puedan ser sancionados los infractores.

En un breve recorrido que hicimos por las calles de Cuernavaca y en los estacionamientos de los centros comerciales, es increíble la gran cantidad de estos vehículos que no traen placas o portan permisos del estado de Guerrero que a leguas se ve que son “hechizos”. Ciertamente también advertimos operativos por todos lados para detener motocicletas irregulares, pero esto sólo ocurre como consecuencia del asesinato de la diputada Gabriela Marín, además de que los propietarios pagarán sus multas y seguirán usándolas.

Ya en una ocasión, siendo director de Movilidad y Transporte Jorge Messeguer Guillén se pretendió que los motociclistas portaran un chaleco con un número visible, sin embargo, hubo oposición de los usuarios y ya nadie insistió.

Consideramos que en esta lucha contra la delincuencia debemos estar unidos y trabajar en sintonía todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero también la ciudadanía, entendiendo que si bien puede ser molesto al principio, finalmente tendremos resultados que nos beneficiarán a todos.

Desconocemos si la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP), la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano o alguna otra dependencia tengan estadísticas del uso de motocicletas en hechos delictivos, pero bien harían en comenzar a hacerlas y también investigar qué están haciendo en otras ciudades con la misma problemática.

Por ejemplo, en la capital de Colombia, Bogotá, según cifras de la Alcaldía, durante el primer trimestre del año 2022 se denunciaron 26,054 hurtos a personas y en el 11 por ciento de los casos (2,770) se indicó que el victimario se movilizaba en motocicleta. El 32 por ciento de los hurtos (8,338 incidentes) ocurrió entre jueves y sábado, entre las siete de la noche y las cuatro de la mañana. En lo corrido del año se han registrado 204 casos de homicidio, de los cuales 103 han sido bajo la modalidad de sicariato; y en 2021 el 42 por ciento de los casos (97) fueron también bajo esta modalidad, asociada al uso de motocicletas; y el 27 por ciento de estos delitos ocurrió entre jueves y sábado, entre las siete de la noche y las cuatro de la mañana.

Desde que el sicariato en moto apareció en Colombia en los años ochenta, vinculado al cartel de Medellín, en el imaginario cultural colombiano quedó la percepción de que había una relación directa entre la violencia y el uso de motos con parrillero. No obstante, los motociclistas señalan que se trata de una estigmatización. Según las cifras del Runt de febrero de 2022, solo en Bogotá hay 514,938 motos registradas, frente a los 2,770 hurtos y 103 homicidios en moto.

El gobierno de Bogotá decretó que a partir del 30 de junio pasado está prohibido que el motociclista lleve a una persona atrás, lo que ellos llaman “parrillero” y acaba de anunciar que esta disposición se amplió hasta finales del mes de diciembre de 2022, según una nota de la prensa colombiana.

Así las cosas, la restricción sigue aplicándose todos los jueves, viernes y sábados, desde 7:00 p.m. y hasta las 4:00 a.m.

No obstante las muestras de inconformidad de los usuarios, el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, aseguró que las cifras de delitos a personas y de atracos con el uso de motocicleta han presentado reducción. La norma también incluye restricciones para la permanencia en parques, plazas y lugares públicos y ordena mejorar la identificación de usuarios de motocicletas.

Fernández de Soto señaló que "en lo corrido de este año 2022 registramos importantes avances y mejoras en los indicadores de seguridad. Hasta el momento registramos una reducción del 16% en los casos de homicidios, del 15 % en los casos de extorsión, disminución del 37% en los casos de hurto a comercios, menos 30%en el caso de hurto a residencias y menos 23 por ciento en el hurto de bicicletas".

Insistió en que este es el resultado de las medidas y acciones que el Distrito ha implementado con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación. El funcionario precisó que la medida busca complementar la labor de vigilancia, de control, de registro de investigación por parte de la Policía y "descargar a la Policía de una serie de situaciones que le permita concentrar sus esfuerzos en donde más requerimos el apoyo policial y también incentivar la colaboración de la ciudadanía en materia de seguridad y convivencia".

La solución ahí está, y aunque no resolverá totalmente el problema de la delincuencia, por lo menos se puede reducir en un porcentaje importante. ¿De verdad es tan difícil que se pongan de acuerdo las autoridades estatales y municipales para enfrentar un problema que afecta a todos?

HASTA MAÑANA.