A mediados del próximo año se verán los frutos del pacto entre los 15 diputados que controlan el Congreso Local y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. El Poder Judicial tendrá más recursos y la garantía de que sus integrantes puedan disfrutar de una pensión vitalicia y hereditaria. A cambio, los diputados podrán repartirse las seis magistraturas que estarán vacantes a partir de julio. 

Incluso, ya se tienen los nombres de los diputados que podrán disponer de una magistratura “para que la usen o la vendan”: Francisco Sánchez Zavala, Agustín Alonso Gutiérrez, Eliasib Polanco Saldívar y Paola Cruz Torres. La quinta sería para quien elija el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea y la sexta para el fiscal Uriel Carmona.  Las que dejaron vacantes Nadia Lara y Leticia Taboada las dejarán para miembros del TSJ con carrera judicial.

Y es que el 19 de julio del 2023 cumplen 14 años en el cargo los siguientes magistrados: Carlos Iván Ángeles Arenas, Ángel Garduño González, Rubén Jasso Díaz, Norberto Calderón Ocampo, María Idalia Franco Zavaleta y Guillermina Jiménez Serafín. Ellos pudieron permanecer seis años más, de no haber sido porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo una propuesta del gobernador Graco Ramírez que aumentaba hasta 20 años la duración en el cargo, lo que en su momento se consideró como un regalo para los togados con el fin de “blindarse” en caso de que la siguiente legislatura le incoara juicio político y el TSJ se erigiera como tribunal de sentencia.

Ya sin esa posibilidad, algunos magistrados le hicieron notar al presidente del Tribunal Superior de Justicia que, si bien es cierto que la ley no contempla la figura de la pensión jubilatoria para los magistrados, el Poder Judicial de la Federación ha accedido a conceder a algunos magistrados algo muy parecido.

Así, la semana pasada magistrados del Tribunal Superior de Justicia acudieron al Congreso a “cabildear” la aprobación de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de regulación del haber de retiro.

Cosas de la política: no acudieron todos los magistrados, sino solamente aquellos que votaron a favor de Gamboa Olea (y Juan Emilio Elizalde), y tampoco se entrevistaron con todos los diputados, sino solamente con los 15 que desde hace un tiempo controlan el Congreso.

Se analizó la “iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por los diputados Eliasib Polanco Saldivar, Macrina Vallejo Bello, Julio César Solís Serrano, Verónica Anrubio Kempis y Oscar Armando Cano Mondragón, y en su carácter de adherentes las diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Marguis Zoraida del Rayo Salcedo”, cuya copia obra en poder de este columnista.

En dicho documento, se establece que “si bien es cierto que en la actualidad la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en forma concreta la figura del retiro forzoso y que en el Reglamento de la misma se establece un procedimiento para aplicar esta figura jurídica, no menos cierto resulta darle la trascendencia que merece y trasladarla a la Constitución Local y hacerla acorde además con la edad que para ser magistrado se requiere, en el cual el límite máximo es de sesenta y cinco años de edad, en tal virtud, sólo se estaría armonizando dicha situación”.

Cabe señalar que, actualmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 26 bis que los magistrados del Poder Judicial del estado de Morelos tendrá derecho al Haber por Retiro (…) “que consiste en una prestación que se cubrirá mediante único pago, en una sola exhibición, el cual se integrará por el equivalente a tres meses de salario que el magistrado perciba en el momento que corresponda el pago de esa prestación, y el equivalente a un mes de salario por cada dos años de servicios prestados como magistrados”.

Y después de citar varias tesis jurisprudenciales, los diputados llegan a la conclusión de que “resulta jurídicamente evidente que a la fecha no existe normatividad o legislación secundaria vigente que regule el Haber por retiro, que establece el artículo 89 en sus párrafos sexto, octavo y noveno de la constitución local, en favor de las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de los magistrados y magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.

“Congruente con lo anterior, la presenta (sic) iniciativa contempla que las magistradas y los magistrados de los órganos jurisdiccionales del Estado tendrán derecho a un Haber de retiro, el cual deberá ser autorizado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia o el Pleno del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, según sea el caso; el cual será por el equivalente al cien por ciento de la remuneración nominal mensual que corresponda a las magistradas y magistrados en activo, no pudiendo ser inferior ni superior a los porcentajes y condiciones que se encuentran establecidos de manera análoga para el haber de retiro de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Debiéndose garantizar que magistrado o magistrada en retiro y a sus beneficiarios, disfruten de las prestaciones de salud establecidas por el artículo 54 fracción VIII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que otorga también de manera análoga el Instituto Mexicano del Seguro Social”, dice la iniciativa.

Una novedad es que, para el caso de los magistrados del TSJ, será competencia del Pleno recibir la solicitud que la magistrada o magistrado en retiro, misma que turnará a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado, para la integración del expediente, análisis de la documentación y, en su caso, la elaboración del proyecto de dictamen, el cual, será aprobado por el citado Pleno del Tribunal. 

Para el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, será competencia de su Pleno recibir la solicitud que la magistrada o magistrado en retiro presente, misma que turnará a su correspondiente área administrativa para la integración del expediente, análisis de la documentación y, en su caso, la elaboración del proyecto de dictamen, el cual será aprobado por el citado Pleno del Tribunal.

Si comparamos lo que dice actualmente la legislación, y lo que están proponiendo, llegaremos a la conclusión de que se trata de un “robo en despoblado” y una burla a la ciudadanía, ya que en los hechos es una pensión jubilatoria disfrazada de “haber de retiro”.

Y la primera que ya está formada para recibirla es la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, cuyo expediente ya está “hasta arriba” en el montón de jubilaciones que presentará al Pleno la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, y que preside Tania Valentina Rodríguez.

HASTA MAÑANA.