La sorpresiva cancelación de las comparecencias de los secretarios de Gabinete para contestar a las interrogantes de las diputadas y los diputados de la actual legislatura tuvo dos interpretaciones: la primera es que los legisladores se dieron cuenta de la inutilidad de este espectáculo mitad circo-mitad obra de teatro; y la segunda es que tuvieron miedo de que el siguiente en la lista, Antonio Ortíz Guarneros, “les sacara sus trapitos al sol” como aquella vez que les contestó con un “no soy yo quien pactó con El Profe para permitir la operación de Guerreros Unidos”.
Como ya es del dominio público, el artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, indica que, tras analizar el informe enviado por el Gobernador Constitucional, dentro de los veinte días hábiles siguientes a su entrega, se podrá solicitar la presencia de los funcionarios para ampliar la información, lo que se denomina coloquialmente “la glosa del informe”.
En esta ocasión, los diputados diseñaron de esta manera su calendario: Martes 28 de febrero, el fiscal general del estado; lunes 06 de marzo, titular de la Comisión Estatal del Agua y encargada de despacho de la Secretaría de Obras Públicas; martes 07 de marzo la secretaria de Desarrollo Económico; viernes 10 de marzo comparecencia de la jefa de la Oficina de la Gubernatura; lunes 13 de marzo, secretaria de Administración; martes 14 de marzo, encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, y miércoles 15, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
A pesar de que el trato debería ser parejo para todos, se observó que hubo “trato de amigos” para algunos y trato de “no amigos” para otros, como el hecho de que las comparecencias fueran en el Salón de Comisiones o en el Pleno; limitando el número de colaboradores que podían acceder y retrasando deliberadamente la hora de la comparecencia.
Como ya lo dijimos en columnas anteriores, el que mejor trato recibió fue el fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara, quizás porque es el que tiene en sus manos la carpeta de investigación sobre el asesinato de la diputada Gabriela Marín y ya declaró que “el móvil es político”, lo que invariablemente involucra a sus compañeros; o bien porque varias diputadas y varios diputados tienen cuentas pendientes con la justicia, o familiares con problemas legales.
El titular de la Comisión Estatal del Agua, Jaime Juárez López salió bien librado de la comparecencia y hasta se dio el lujo de llevar un contingente en su apoyo. Ana Cecilia Rodríguez González también recibió un trato decente de los miembros de la LV Legislatura.
Pero lo que fue la encargada de Obras Públicas, Leticia Nolasco, y la jefa de la oficina de la Gubernatura, Monica Boggio, fueron atacadas de principio a fin. A la ingeniera Nolasco le dijeron que lo que ella fue a informar son “obritas”, ya que ninguna es importante, y ella —poco acostumbrada a hablar en público— no supo defenderse.
En cambio, Mónica Boggio no se dejó humillar. Al ataque directo de la diputada panista Andrea Gordillo en el sentido de que ella no es morelense y por lo tanto no le duele lo que sufren los nativos, la veracruzana le contestó con un “nosotros tenemos un doble compromiso”. Una y otra vez se defendió diciendo que las preguntas que le estaban haciendo no formaban parte de la glosa 2023 y les reprochó que quisieran convertir el recinto legislativo “en un ring político”.
La actitud retadora de Mónica Boggio provocó la molestia del presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez, quien le leyó un párrafo de la constitución para instarla a que “se conduzca con el debido respeto al fuero constitucional de los miembros de esta legislatura”.
Y es que no eran preguntas técnicas sobre la glosa del informe lo que solicitaban diputadas y diputados, sino pronunciamientos políticos disfrazados de preguntas. Agustín Alonso de plano dijo que él no iba a preguntar nada, sino a denunciar a un subalterno de Mónica al que culpó de estar fomentando el odio entre poderes.
Con el encargado de Hacienda también “se mancharon”. El diputado Agustín Alonso Gutiérrez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado, le puso una regañiza a José Gerardo López Huérfano, por las declaraciones del funcionario ante diversos medios de comunicación en las que aseguró que, debido a la falta de libres transferencias, el estado corría “riesgo de colapsar; de padecer huelgas y crisis”.
El ex alcalde de Yautepec consideró que dichas declaraciones “sólo evidencian que se ha carecido de planeación durante los cuatro años” que lleva esta administración estatal y lo invitó a “no poner pretextos”.
La diferencia también se notó en los boletines que emitió la oficina de Comunicación Social del Poder Legislativo. Mientras que a la aspirante a candidata a la Gubernatura, Cecilia Rodríguez, le pusieron como título “RECIBEN LAS Y LOS DIPUTADOS DE LA LV LEGISLATURA COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE DESARROLLO ECONÓMICO”, el comunicado de la comparecencia de Mónica Boggio lo titularon “EVADE JEFA DE OFICINA DE LA GUBERNATURA RESPONDER CUESTIONAMIENTOS DURANTE COMPARECENCIA”.
¿Por qué esa diferencia en el trato? Solamente ellas y ellos lo saben, pues tienen la facultad discrecional de decidir si quieren que la comparecencia sea en el salón de comisiones o en el Pleno donde ellos se pueden lucir más y cabe más gente. Sólo ellos saben por que no llamaron a cuentas al secretario de Salud, o al de Educación, o al director del IEBEM.
Tampoco se sabe por qué no quisieron que compareciera Sandra Anaya, la secretaria de Administración. El 13 de marzo, día que le tocaba comparecer, publicaron un aviso que decía “De acuerdo con una determinación de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), se cancela la comparecencia”.
¿Quién tomó esa decisión y en base a qué? Nunca lo sabremos, como tampoco sabremos por que ayer, cuando debía apersonarse el comisionado de Seguridad Pública, Antonio Ortiz Guarneros, llegó un aviso vía Whatsapp que simplemente decía “La Comparecencia del comisionado de Seguridad programada para hoy fue cancelada”. Así, sin más ni más.
En pláticas con los colegas se coincidió en un posible motivo: los diputados no se iban a arriesgar a que el vicealmirante viniera con una carpeta bajo el brazo (o tarjetas que le iría pasando su inseparable ayudante Mario Isaac Vargas Santomé) y en cuanto se sintiera atacado diera santo y seña de la información comprometedora que tiene el área de inteligencia de la CES sobre cada uno de los que ocupan una curul, o bien, de los elementos que tienen asignados para su seguridad personal.
Entonces, como dijera el extinto divo de Juárez: “¿Qué necesidad? “
HASTA MAÑANA.
