Coincidentemente, dos órganos electorales, uno federal y otro estatal, se encuentran inmersos en una polémica sobre el mismo tema: la cantidad que debe recibir cada uno por concepto de bonos o haberes de retiro al dejar de prestar sus servicios a las respectivas instituciones.
En el primer caso, dos de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que concluyeron su gestión el 3 de abril pasado, recibirán como finiquito, en conjunto, aproximadamente 16.5 millones de pesos.
Un cálculo preliminar que circula entre los partidos políticos y que fue publicado por La Jornada, indica que el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, quien tenía un sueldo bruto de 262 mil 634 pesos mensuales, cobraría alrededor de 9.1 millones de pesos, mientras Ciro Murayama Rendón, 7.4 millones.
Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer oficialmente la cantidad exacta del finiquito. Como ya es del dominio público, el presidente del INE fue sustituido por Guadalupe Taddei Zavala, quien es una persona identificada con el Partido Morena, por lo que se espera que lo primero que haga sea bajarse el sueldo que tanto le criticaron a su antecesor.
A nivel local, ciudadanas y ciudadanos de Tepoztlán, Cuentepec y del poblado de Santa María Ahuacatitlán, presentaron un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en contra de la reforma al reglamento interno del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) propuesta y aprobada por las y los consejeros electorales.
Concretamente el artículo 50 BIS que se refiere a los bonos económicos, y que les otorga a las y los consejeros un pago por separación del cargo ya sea por la conclusión del periodo por el que fueron nombrados o bien, por renuncia o separación de manera injustificada, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal.
Según los denunciantes, este pago será de tres meses de salario por cada año por el que fueron designados, las y los consejeros son designados por siete años, es decir, tendrán una prestación económica de 21 meses de salario. En caso de continuar con el salario vigente, las y los consejeros electorales recibirán un aproximado de un millón 650 mil pesos y la presidencia un millón 800 mil pesos.
Adicional al bono, recibirán lo que por Ley les corresponde que sean tres meses de salario más 20 días por cada año trabajado, es decir, casi siete meses dando la cantidad aproximada de 500 mil pesos. En concreto, por ley les corresponde 500 mil y pretenden, con el bono, llevarse más de dos millones en total.
“Tenemos el temor fundado de que el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC priorice las transferencias de recursos económicos para dotar de suficiencia presupuestal para este bono; debido a que el próximo año tres consejeros finalizan su designación y que esto ponga en riesgo nuestros derechos político electorales”, manifestaron los inconformes a través de un comunicado.
Consideran que el Impepac no ha hecho lo necesario para garantizar la participación ciudadana, hasta el momento, las acciones afirmativas que ha implementado el Impepac para “garantizar los derechos políticos electorales de las personas que pertenecen a los grupos considerados en situación de vulnerabilidad”, han sido consecuencia de los juicios promovidos por ciudadanas y ciudadanos, que lograron que autoridades jurisdiccionales, ordenarán a través de sentencias, al impepac, cumplir con sus obligaciones constitucionales.
“Necesitamos autoridades conscientes de la realidad, de la falta de participación ciudadana, necesitamos autoridades conscientes de la falta de espacios para hacernos escuchar, necesitamos autoridades dispuestas a cambiar el entorno social, un entorno donde no se escucha a los más vulnerables, un entorno donde se toman decisiones sin la opinión de los ciudadanos, un entorno donde se abusa del poder, un entorno donde impera la inseguridad y la violencia, un entorno donde la corrupción e impunidad quitan oportunidades de desarrollo”, dice el documento.
Será muy interesante saber qué posición asume el Tribunal Estatal Electoral que encabeza la magistrada Martha Elena Mejía, órgano colegiado que en los últimos días se ha visto envuelto en la polémica por haberse tomado una fotografía en la que dejan entrever a qué equipo de futbol le van, y da la casualidad de que la máxima figura de ese equipo es el titular del Poder Ejecutivo de Morelos.
Por si fuera poco, una conductora de noticias dijo haber recibido una llamada de la magistrada presidenta, quien la puso en alta voz para que escucharan sus dos compañeras, y así, en Pleno, le reclamaron el haber difundido la fotografía donde todo el personal del TEE está haciendo la señal que hizo famoso a Cuauhtémoc Blanco.
También, es justo decir que la presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá votó en contra de sus siete compañeros que aprobaron por mayoría de votos las modificaciones a los artículos 50 y 51 del reglamento interior del Impepac el pasado miércoles ocho de marzo. Ironías de la vida: con esa decisión Mireya Gally (esposa del ex candidato del PRD a la presidencia municipal de Cuernavaca) se libra del escarnio público, y a la vez resulta beneficiada con esa decisión, a menos que expresamente se niegue a recibir dicha cantidad cuando le corresponda.
Nuestra opinión muy particular es que, tanto los consejeros del Impepac como los del INE tienen derecho a reclamar todo lo que les corresponda legalmente. Su trabajo requiere de conocimientos especializados y por ende su salario tiene que ser mayor, lo mismo que sus respectivos finiquitos que también están contemplados en la legislación.
Ya veremos si, en el caso del INE, la nueva titular —a quien el presidente AMLO no conoce pero sí cree ciegamente en ella— comienza por bajarse el sueldo y renunciar a las canonjías que tenía su antecesor, o simplemente es una simulación de austeridad como las que hemos visto en otras áreas de la administración pública de la llamada Cuarta Transformación.
HASTA MAÑANA.
