Hay dos noticias relacionadas con el saqueo al erario estatal, una buena y una mala. La buena es que “ante los contundentes datos de prueba y sólida argumentación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, obtuvo vinculación a proceso por el delito de Peculado Agravado contra el exsecretario de Hacienda, el exsubsecretario de Programación y Presupuesto, el extesorero y tres exdirectores generales, por presuntamente pagar más de 30 millones de pesos a una empresa por servicios de capacitación que no se realizaron”.
La mala es que el delito de peculado no amerita prisión preventiva, por lo tanto, los exfuncionarios podrán seguir disfrutando de la vida con la única molestia de acudir una vez a la semana a firmar al Penal de Atlacholoaya. Así hasta que termine el juicio en unos tres o cuatro años. Mientras tanto, en el caso del ex secretario de Hacienda —que no es otro que Jorge Michel Luna— su situación legal de procesado no le impide recibir su jugosa pensión jubilatoria de unos 70 mil pesos más aparte lo que cobra por honorarios como asesor del Congreso Local.
Lo anterior no es culpa de la Fiscalía Anticorrupción, así que, por principio de cuentas, se debe reconocer que el trabajo de la FECC, que luego de cinco horas de audiencia en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, este domingo 14 de mayo de 2023, logró que un Juez dictará auto de vinculación a proceso contra Jorge "N" exsecretario de Hacienda, Jorge "N" exsubsecretario, Armando "N" extesorero, así como los ex directores generales Carlos "N", Gerardo "N" y Salvador "N", y se concedieron tres meses para el cierre de la investigación.
De acuerdo a la versión de dicha dependencia, los datos de prueba fueron suficientes para acreditar que los exfuncionarios dejaron de cumplir con el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, al no haber evitado que se distrajeran 30 millones 801 mil pesos de la partida 4154, correspondiente al Capítulo 4000, la cual estaba destinada para ayudas sociales.
Presuntamente, entre el primero de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo año, encontrándose en funciones, los exservidores públicos gestionaron, tramitaron y autorizaron 86 pagos por diversas cantidades en beneficio de la empresa Servicios en el Desarrollo Trimex S.C., pero no existe evidencia que los cursos de capacitación se hayan realizado en alguna dependencia del Gobierno del estado.
La Fiscalía Anticorrupción evidenció que los pagos fueron por montos superiores a los legalmente permitidos por la Ley de Adquisiciones y del Presupuesto de Egresos de ese año. Sin embargo, no es el único caso.
Son once empresas las que fueron denunciadas por la Consejería Jurídica del gobierno del estado en 2019, y que tienen características comunes: no son de Morelos; facturaban dos veces al mes por cantidades menores a 500 mil pesos; sus facturas tenían numeración consecutiva y su concepto de compra siempre era el mismo.
La lista es la siguiente:
Comercializadora Ninfa SA de CV, registrada en Puebla, era proveedora de productos de Papelería y recibió durante el sexenio de Graco Ramírez un total de 28 millones de pesos en supuestos productos que no presentan el sello del almacén que corrobora su existencia.
Bonette Logística Comercial SA de CV; de la Ciudad de México, proveedora de cuadernillos y folletos a razón de un millón de pesos mensuales hasta completar 32 millones. Las facturas no rebasaban los 500 mil pesos para evadir el requisito de la licitación pública.
Distribuidora Comercial Andaya S. de R.L. de C.V., recibió 23 millones de pesos en las mismas condiciones que la anterior. Está registrada fiscalmente en la ciudad de México (cuando la Ley de Adquisiciones establece que se le dará prioridad a los proveedores locales), y vendía productos de papelería.
Praimberg Binomio Comercial S.A. de C.V., también les vendía papelería pero no existe prueba de que los productos hayan sido recibidos en el almacén. Tiene su registro en la ciudad de México y obtuvo alrededor de 21 millones de pesos.
Serveis Akram S.A. de C.V. es uno de los casos más escandalosos, pues recibió 81 millones de pesos en facturas con numeración consecutiva, es decir, que el gobierno de Morelos era su único cliente, o que la empresa fue creada para disfrazar gastos. Es de la Ciudad de México.
Servicios en el Desarrollo Trimex S.C. es una empresa de Puebla que según sus facturas cobraba por “servicios de capacitación en gestión de proyectos productivos”, un servicio muy difícil de comprobar por el que recibió nada menos que 30 millones de pesos.
Tevom Cómputo y Sistemas facturó durante los últimos dos años del sexenio pasado, alrededor de 31 millones de pesos bajo el concepto de “servicios de consultoría de negocios y administración corporativa”.
Grupo Policomercial de Prestegui S. de R.L. de C.V. es una empresa de la ciudad de México que también proveyó de papelería al gobierno de Morelos por un monto de 36 millones de pesos.
Operadora Comercial Mobosa S.A. de C.V. también les vendió papelería, pero estos en cambio facturaron alrededor de 77 millones de pesos en todo el sexenio, sin que pudieran demostrar dónde están los productos adquiridos.
S&S Servicios y Soporte Técnico S.C. cobró 26 millones de pesos por concepto de “servicios de asesoría en gestión de programas”; en tanto que Servicios y Diseños Empresariales Calificadas S.C. (del que ya hablamos en una columna anterior) cobró 26 millones por “servicios de capacitación en gestión de proyectos productivos).
¿De quién son estas empresas? ¿por qué la Fiscalía Anticorrupción no ha investigado a fondo sobre este evidente robo a gran escala? ¿No estamos ante una gran estafa maestra?
Es obvio que las 11 empresas forman parte de una auténtica red que simulaban vender productos o servicios, pero también es evidente que parte de ese dinero regresaba en forma de “moches”. Eso sí que es difícil de comprobar.
Si la Fiscalía Anticorrupción hiciera bien su trabajo podría configurar otros delitos que quizás sí ameriten cárcel, pero si hay 11 denuncias y solamente judicializa una por peculado, significa que su desempeño es deficiente.
Por otra parte, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, ha expresado su deseo de ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia pues considera que reúne los requisitos para ello.
¿Será que ahora quiere ayudar a los graquistas desde una Sala del Tribunal Superior de Justicia?
HASTA MAÑANA.
