“Para no revocar permisos de construcción, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado, el secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Rosa, y el secretario de Obras Públicas, piden tres departamentos como compensación en un condominio que tendrá 40 villas”, soltó a bocajarro quien dijo llamarse Juan Iragorri, en una conferencia de prensa ofrecida en un restaurante de Cuernavaca el pasado 24 de julio.
La noticia corrió “como reguero de pólvora” no sólo en el Ayuntamiento capitalino, sino a nivel estatal. Era la primera vez que había un señalamiento de esa naturaleza contra el alcalde panista al que las encuestas ubican como el mejor posicionado para contender en las próximas elecciones entre los partidos opuestos al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Sus detractores se encargaron de hacer que la noticia llegara a los medios nacionales. Finalmente no era una invención de los periodistas, sino que ellos simplemente reprodujeron lo que declaró públicamente una persona.
Días antes, ciudadanos que ya pagaron una parte de lo que cuestan los departamentos, se habían manifestado en protesta por la falta de respuesta de la Sociedad Mercantil denominada Grupo Empresarial La Mencha S.A. de C.V., exigiendo la entrega de los inmuebles o la devolución de su dinero. Hoy se sabe que Juan José Iragorri Rivera no aparece en el acta constitutiva de la persona moral, pero sí su hermana Claudia y su madre.
Las villas, ubicadas en la calle Pedro de Alvarado 600, esquina con Paseo del Conquistador, se comenzaron a construir durante la administración de Francisco Antonio Villalobos Adán. “La serie de pagos y trámites se inició el 29 de octubre de 2019, fecha en que se cubrió el pago de la licencia de uso de suelo. Luego con fecha 11 de septiembre del 2020 se realizó el pago de la licencia de construcción para obra nueva de 40 villas para alojamiento y descanso en condominio. Dicha licencia ampara 3 mil 300 metros de construcción en 11 plantas y 130 metros lineales de construcción de bardas.
“Durante el tiempo que duró la pandemia no se realizó ningún trámite y al reanudarse los trabajos se buscó pagar la ampliación de tiempo de la licencia de construcción, ya con la Administración actual. Ésta última solicitó a la constructora el pago individual del predial de cada uno de los departamentos, realizado el 11 de mayo de 2022, por la cantidad de 166 mil pesos. Con lo anterior, si la autoridad municipal solicita el pago de predial de manera individual de cada una de las villas, reconoce tácitamente que la construcción será realizada”, argumentó el empresario.
De acuerdo a su dicho, en mayo de 2022, el entonces secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, le solicitó una reunión en sus oficinas en la que planteó “el moche”. De su primera declaración en la que aseguró que tanto el alcalde como el secretario del Ayuntamiento le habían pedido departamentos a cambio de autorizar la construcción, el empresario cambió radicalmente cuando los reporteros le pidieron más detalles.
Entonces ya no eran los funcionarios antes mencionados, sino uno que ya no está trabajando en el Gobierno Municipal:
“El 10 de mayo de 2022, en la oficina del secretario de Obras Públicas (Alejandro Rosas) en una reunión que sostuvimos únicamente el secretario y su servidor, con duración aproximadamente de 2 horas y que debe resguardar el municipio los videos en donde estuvimos”, dijo Juan Iragorri.
La respuesta no se hizo esperar. Visiblemente molesto, el alcalde Urióstegui Salgado declaró a los medios de comunicación que “en lo que a mí respecta, es falso”, es decir, que no metía las manos al fuego por cuanto a los otros dos funcionarios señalados, por lo que incluso ordenó una investigación al respecto por parte de la Contraloría Municipal.
El secretario del Ayuntamiento reaccionó todavía más iracundo: anunció una demanda por daño moral contra el empresario que lo acusó de haber solicitado un “moche”, y también contra los medios de comunicación que difundieron la noticia.
El que no ha dado la cara es Alejandro Rosas López, quien presentó su renuncia a finales del mes de febrero pasado, fortaleciendo así la posibilidad de que haya sido él quien solicitó a nombre de sus superiores, tres departamentos a cambio de autorizar la construcción del condominio.
Eso debió haber declarado desde el principio Juan Iragorri, pero por haber iniciado su conferencia de prensa asegurando que Urióstegui y de la Rosa “piden” departamentos para no revocar los permisos de construcción, ahora deberá enfrentar sendas demandas por daño moral cuya indemnización bien podría superar el millón de pesos.
Ayer Carlos de la Rosa Segura —como ciudadano y no como servidor público— ofreció una conferencia de prensa acompañado del abogado Elías Román Salgado que representa a las víctimas del posible delito de fraude, en la que reiteró que procederá legalmente en contra del empresario con el que sólo tuvo trato personal en una ocasión que acudió a la presidencia a pedir un descuento en la multa por la suspensión de la obra.
Explicó que con fecha 7 de septiembre de 2020 se realizó la validación de pagos de derechos, así como la póliza de fianza expedida a favor del municipio de Cuernavaca, encontrando que la fianza número 17a47678 con folio 795635 del ramo administrativo en la cual la afianzadora DORAMA institución de garantías se constituye como un fiador hasta por la cantidad de $225,621.16 a favor del Municipio de Cuernavaca para garantizar el cumplimiento de la obligación por concepto de la urbanización, la cual al ser consultada en la plataforma “H@z tu validación en línea” arrojo datos distintos a los señalados en la póliza, por lo que se solicitó con fecha 18 de abril del presente año información a esta empresa afianzadora, de la cual se desprende la respuesta de la C. Cinthya Cristina García Villalba en su carácter de apoderada legal de DORAMA en la cual desconocen cualquier valor comercial que se le pretenda dar en virtud que dicha póliza no fue suscrita por esta empresa, por lo tanto no garantiza cantidad alguna y mucho menos ampara la emisión de algún instrumento legal.
Por lo anterior, fue presentada una denuncia penal por uso de documento falso, que se suma a la que ya existe por la retención de dos inspectores del Ayuntamiento que acudieron a clausurar la obra, y que fueron privados de su libertad con ayuda de los ronderos de Ocotepec.
Así las cosas, el empresario Juan José Iragorri Rivera no sólo está en riesgo de perder su patrimonio o el de su familia, sino también podría terminar en la cárcel, y todo por andar vendiendo departamentos que no estaban construidos y que tampoco contaban con los permisos correspondientes.
Ahora bien, esperemos que este penoso asunto también sirva de lección al alcalde y su primer círculo de colaboradores, pues aunque no lo crean, hay vivales que dicen ser sus parientes y que ofrecen “agilizar” pagos en Tesorería a cambio de fuertes cantidades de dinero.
HASTA MAÑANA.
