Por primera vez, el ex gobernador de Morelos Graco Ramírez se muestra preocupado ante la posibilidad de pisar la cárcel. Después de cinco años, en la Fiscalía Anticorrupción ya no está su exempleado Juan Salazar Núñez y teme que el fiscal general Uriel Carmona, en los casi 50 días que estuvo preso, lo haya negociado a cambio de su libertad. Se siente vulnerable pues.

Siempre hemos considerado que entre Graco Ramírez y Andrés Manuel López Obrador hubo un “pacto de no agresión”, pues el hoy presidente de la República bien pudo haberlo hecho pedazos por aquella traición del 2012 cuando aprovechó su imagen para obtener el voto de los morelenses y después se convirtió en el aplaudidor número uno de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, ese pacto se acabó en cuanto AMLO supo que Graco Ramírez se había reunido con la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez y que su fiscal Uriel Carmona seguía en el cargo a pesar de que él ya había dispuesto que se hiciera todo lo posible por quitarlo. Una participación de una reportera morelense en “La mañanera” le hizo al mandatario nacional recordar ese tema y preguntó “¿qué no había ya una orden de aprehensión contra ese fiscal?”.

Seguramente algún funcionario de la Fiscalía General de la República le debió haber explicado: “Lo intentamos señor presidente, la Suprema Corte de Justicia lo sigue protegiendo, pero estamos viendo cómo le echamos el guante”.

Y entonces vino lo que ya todos vimos: el megaoperativo perfectamente bien coordinado entre la Fiscalía y el Poder Judicial de la Ciudad de México, con el apoyo de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina y la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Ah, y el juez local Natanael Subdías Aguilar, que fue el que obsequió la orden de cateo que no se utilizó.

En esa misma conferencia mañanera en la que un medio de comunicación local hizo señalamientos en contra del gobernador, el presidente lanzó la señal para que se diera por terminado el pacto de no agresión contra su coterráneo: “Graco Ramírez anda muy movido”, dijo.

Carpetas de investigación contra Graco Ramírez existen por decenas, pero todas estaban escondidas en las gavetas de las dos fiscalías donde dejó a sus incondicionales. Por eso el tabasqueño se paseaba por el país tranquilamente, y también en Morelos, donde llegó a venir varias veces.

Estaba tan seguro de que no le iban a hacer nada, que consideró que Juan Salazar Núñez ya había cumplido su encomienda en la Fiscalía Anticorrupción y le ofreció una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia.

Pero no contó con que el segundo de la Fiscalía Anticorrupción, un abogado de nombre Edgar Núñez Urquiza, ya había pactado con los contrincantes políticos. Un acto desesperado de los incondicionales de Graco fue tomar por asalto las instalaciones de la Fiscalía y ese mismo día comparecer ante el Juez local que reclamaba a Uriel Carmona para desistirse de la acción penal.

Pero una semana después, con el apoyo de policías estatales, Guardia Nacional y marinos, Núñez Urquiza recuperó las instalaciones con una suspensión provisional en la mano y desde entonces permanece ahí, “atrincherado” y protegido por todos los elementos antes mencionados.

Recordemos que una de las tantas carpetas de investigación que le iniciaron al exgobernador fue por la adquisición de una camioneta con un préstamo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM). Nunca entendimos por qué lo hizo. ¿Fue una burla? ¿Fue un capricho? Con lo que se llevó de “moches” le alcanzaba perfectamente para una flotilla de camionetas.

Tal como se esperaba, la Fiscalía Anticorrupción dictaminó el No Ejercicio de la Acción Penal a favor de Graco. El departamento jurídico del ICTSGEM, interpuso el recurso de queja correspondiente, y —después de muchas marrullerías para que no se celebrara la audiencia— el pasado 11 de septiembre un juez ordenó a la Fiscalía Anticorrupción revocar ese dictamen y emitir uno nuevo que cumpla con los requisitos legales.

¿Y quién cree que fue el juez en esa audiencia? Pues Natanael Subdías Aguilar, quien se está jugando una magistratura… o un auto de formal prisión.

Es por eso que, una de las versiones que corren es que Edgar Núñez Urquiza sabe perfectamente que en cualquier momento va a ser obligado a dejar las instalaciones de la FECC por un juez de distrito, pero antes tiene que dejar elaborado el expediente para que se judicialice la carpeta de Graco. Ese es el acuerdo.

Por eso es que el exmandatario promovió un juicio de amparo que quedó registrado bajo el número 1327/2023 y el pasado 27 de septiembre le concedieron la suspensión provisional de amparo contra cualquier resolución del Juez Especializado de Control Único, en el Sistema Penal Acusatorio en Xochitepec, Morelos, Natanael Subdias Aguilar, que lo pueda privar de su libertad.

De manera paralela, el juez federal Ignacio Pérez Aguirre desechó el acuerdo de no ejercicio penal otorgado por la Fiscalía General de la República (FGR) al ex titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), Jesús Alberto Capella, quien enfrenta acusaciones de peculado.

La FGR en Morelos, dirigida por Adonai Carrión Estrada, había otorgado el beneficio de no acción penal a Capella, pero la CES impugnó el acuerdo, llevando el caso al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

“Durante la audiencia de impugnación, se reconocieron irregularidades en la administración anterior de la delegación de la FGR, incluyendo retrasos en la notificación a la parte jurídica de la CES y la falta de investigación por parte del Ministerio Público. Como resultado, el juez desestimó el acuerdo de la FGR y ordenó la reapertura de la investigación contra el exservidor público”, dice una nota de Enrique Domínguez, en el Sol de Cuernavaca.

El ”pecado” de Capella fue haber aparecido en una fotografía como escolta personal de la aspirante a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. El manto protector que tejió Graco Ramírez se está cayendo a pedazos.

APOYO SOLIDARIO A ESTRELLA PEDROZA. - En forma personal expreso mi apoyo y solidaridad con la compañera reportera Estrella Pedroza por la agresión de la que fue objeto el pasado sábado frente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por parte de los elementos estatales que (inexplicablemente) mantienen sitiado dicho inmueble, ocupando personal que podría estar vigilando las calles. Nuestro apoyo es hacia ella como persona, no a los medios que representa, que seguramente tratarán de sacar provecho. Condenamos el hecho ocurrido el pasado sábado, así como también la serie de ataques en redes que siguió en las horas posteriores.

HASTA MAÑANA.