Jerónimo Bernal Soliveras estaba seguro de que ya la había librado, por eso llevaba su vida con toda normalidad entre los lujos que le permitían los ingresos que había tenido durante dos años de manejar el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. Jugaba Padel en conocido Club de la colonia Vista Hermosa, una de las más exclusivas de Cuernavaca.
El ex cadenero de “Taizz” ya ni se acordaba de aquella ocasión en que el periódico El Financiero le había publicado que Graco Ramírez, entonces gobernador de Morelos, otorgó al menos 24 contratos de obra pública –que en total suman 130.5 millones de pesos– a las empresas de uno de sus empleados, por lo que tuvo que renunciar al cargo de director del Filateq.
El reportaje (firmado por el reportero Héctor Gutiérrez) explicaba que los contratos se han otorgado en dos dependencias de la administración morelense –la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Obras Públicas– a dos empresas en que, de acuerdo con la declaración patrimonial de Bernal Soliveras (pública y consultable en Internet) participa como "socio" (junto con su padre, Salvador Bernal Cela): Berso Edificaciones, SA de CV y Tekarq, SA de CV.
Incluso, algunos de los contratos que le fueron otorgados están firmados por el propio Bernal Soliveras, ya como funcionario público y en su carácter de "administrador único" de sus empresas –en otros la firma es de su padre o de una de sus empleadas–, como el número SOP-SSES-DGN-L.P.F.-012/2014, de fecha 31 de octubre de 2014, otorgado a Berso Edificaciones, SA de CV, por la cantidad de 17 millones 200 mil 405 pesos y 45 centavos, y cuyo objetivo fue la "construcción de Centro Comercial Antonio Rivapalacio López, mercado Benito Juárez y mercado Margarita Maza de Juárez".
Sabedor de que él y su padre sólo eran prestanombres, y que el verdadero dueño era el mandatario estatal, Jerónimo ni se inmutó. Presentó su renuncia con fecha 24 de octubre de 2016 y esa misma tarde el gobierno del estado envió un comunicado de prensa asegurando que el gobernador no asigna contratos, sino que lo hace un órgano colegiado (que a la fecha sigue funcionando) con total transparencia. No hubo mayor problema.
Por eso es que Jerónimo hacía ejercicio muy quitado de la pena el pasado sábado en un centro deportivo cuando vio llegar un operativo de Policías Ministeriales, Preventivos Estatales y Marinos.
Cuando supo que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco había iniciado una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), buscó a la gente de Graco, pero le dijeron que no había de qué preocuparse, pues el titular de la institución, Juan Salazar Núñez, había sido su consejero jurídico.
Lo que nunca se imagino Jerónimo Bernal, es que la semana pasada Juan Salazar y Edgar Núñez Urquiza, habían llegado a un acuerdo político para “desempolvar” varias carpetas de investigación iniciadas en contra de Graco Ramírez y sus allegados, y entre ellas estaba la de Bernal Soliveras.
Por eso es que, luego de detenerlo, fue llevado directamente al Penal de Atlacholoaya, donde pasó su primera noche tras las rejas. Ayer a las 14 horas se celebró la audiencia inicial en la que se le hizo saber de qué lo acusa la FECC en seguimiento a una denuncia interpuesta ¡hace cuatro años!
Y como si se tratara de un formato preestablecido (lo que vulgarmente se conoce como “machote”), el Juez dio paso a la formulación de imputación por el delito de ejercicio abusivo de funciones, dio un plazo de 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso (programada para el jueves) y le fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada.
La justificación del juez fue que “no tiene arraigo”, no obstante que vive desde hace años en un domicilio de Rancho Cortés. Tal pareciera que ya tienen impreso el argumento que utilizó el juez del caso Rosario Robles y solamente lo actualizan y le dan lectura.
¿Y sabe quién es el juez que llevó la audiencia? Efectivamente, el famosísimo juez Natanael Subdías Aguilar, el mismo que libra órdenes de aprehensión, órdenes de cateo y vinculaciones a proceso en los casos que tienen tinte político.
Vale la pena recordar que, en aquel reportaje publicado en El Financiero, se mencionaba también a la esposa de Jerónimo, “Elsa Dávila Iragorri, hasta hace poco jefa de Eventos de la Gubernatura, así como la actual jefa de los Servicios de Salud del estado, Georgina Rubio Bravo, y el actual secretario de Salud del estado, Andrik Ruiz de Chávez, fueron todos compañeros de escuela de Rodrigo Gayosso Cepeda, presidente estatal del PRD e hijastro de Graco Ramírez”.
Y es que, hay una “leyenda urbana” que dice que cuando Rodrigo Gayosso iba en la preparatoria del Colegio Marymount, tenía un grupo de amigos a quienes prometió que si llegaba a un cargo importante todos serían llamados a trabajar con él.
Cuando se supo que el padrastro de Rodrigo había ganado la gubernatura de Morelos hubo júbilo entre ese grupo de “juniors”, y más cuando las noticias dieron a conocer que el candidato del PRD en el 2018 sería el propio Gayosso.
Sin embargo, todo parece indicar que hoy deben estar preocupados, pues aquellos que los protegieron durante años, hoy encabezan la persecución no solamente de las autoridades estatales, sino de las federales, esas que acostumbran a sitiar domicilios con elementos de la Policía estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina y cuando se entregan remitirlos al Penal de Almoloya de Juárez.
HASTA MAÑANA.
