En el asunto de la designación de los diez magistrados del Tribunal Superior de Justicia las diputadas y los diputados de la actual legislatura se encuentran acorralados por la sociedad civil, de tal manera que si venden esos puestos o benefician a sus colaboradores, serán exhibidos como nunca, aunque no faltará quién prefiera “quemarse” que perder una cantidad de dinero con la que puede fácilmente comprarse un inmueble.
Abogados como Miguel Ángel Rosete y Pedro Martínez Bello han hecho declaraciones sobre la posibilidad de que el fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, esté ejerciendo presión para favorecer la designación de Juan Salazar Núñez como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia, a pesar de que existen cuestiones legales que lo imposibilitan para tal puesto.
En esta línea, Martínez Bello subraya el efecto perjudicial de realizar designaciones a la medida, ya que esto desincentiva a los jueces que han construido una carrera judicial sólida y merecen avanzar en base a méritos. Adicionalmente, señala que esta práctica puede generar desconfianza en la justicia y perjudicar la imagen de la institución.
Por otra parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Consejeros en retiro de Morelos, Virginia Popoca González, lanzó una dura advertencia: “Si los diputados cometen el error de designar a sus allegados en el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Superior de Justicia, las consecuencias las pagarán los ciudadanos con una deficiente impartición de justicia”.
Agregó que, para evitar suspicacias y dudas sobre los nombramientos, el procedimiento debe ser totalmente transparente y de puertas abiertas.
En este tenor, la organización “Morelos Rinde Cuentas” ha tenido un papel muy importante. Ellos invitaron a las diputadas y los diputados a incluir cinco medidas de Transparencia en la convocatoria para elegir a los magistrados:
- Publicación de los currículums vitae y ensayos presentados por los aspirantes ante el Órgano Político Calificador.
- Publicación de comparecencias al concluir todas las entrevistas con un periodo de tiempo para consulta ciudadana.
- Discusión pública y transparente de la evaluación de perfiles.
- Apertura a observaciones de la sociedad y académicos.
- Votación abierta y no a través de cédulas que son introducidas a una urna que impide conocer el nombre del diputado que votó por cada uno de los aspirantes.
“Estaremos en espera de la respuesta por escrito a la que se comprometieron”, dice una infografía lanzada a redes sociales por Morelos rinde cuentas.
Adicionalmente, elaboraron una infografía muy entendible en la que exhiben el “conflicto de interés” de diputadas y diputados con aspirantes a una magistratura.
Y los nombres son los siguientes: Eduardo Horacio López Castro tiene conflicto de interés con el diputado Julio César Solís Serrano en virtud de que se desempeña como secretario técnico de la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias, en la que el diputado de Movimiento Ciudadano es presidente.
Arturo Loza Flores es coordinador en la Dirección de Recursos Humanos con el diputado Alberto Sánchez Ortega, al igual que Mario Sánchez Navarro, secretario técnico de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas. El aspirante a magistrado, Felipe Ignacio Garay Güemes, es secretario técnico de la Comisión de Seguridad y Protección Civil que preside la diputada Paola Cruz Torres.
José García Noguerón es auxiliar administrativo en la Dirección de Recursos Humanos con la diputada Macrina Vallejo Bello. También está inscrito como aspirante el abogado César Salgado Alpízar, quien fue secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente que preside la diputada panista Andrea Gordillo Vega.
Fernando Abarca Torres es secretario técnico de la Comisión del Deporte que preside la diputada Luz Dary Quevedo, en tanto que Araceli Salas trabaja con Tania Valentina en la Comisión de Igualdad de Género.
Y es que, en una de nuestras columnas advertimos que, en vista de que se había publicitado demasiado la versión de que las magistraturas se estaban cotizando en cinco millones de pesos, ahora se estaba dificultando más las designaciones, por lo que ahora ya no se manejarían con pagos en efectivo, sino por pago de favores. Es decir, que los nuevos magistrados estarían obligados a proporcionar sentencias favorables a aquellas personas que vayan recomendadas por sus benefactores, con lo que se irían pagando los cinco millones.
También, señalamos la posibilidad de que los cargos sean repartidos como cuotas de partido, y dimos dos nombres de ex presidentes de institutos políticos que van en la lista de aspirantes: Miguel de Lucia y Francisco Santillán.
O bien, que sea en pago por favores recibidos. Ejemplo: la Fiscalía tiene en su nómina al padre de la diputada Macrina Vallejo Bello, de nombre Loreto Vallejo Córdoba; a su madre Gudelia Bello Flores; a su cuñado Amadeo Domínguez Varela y a tres personas más con sueldos de entre 14 mil y 18 mil pesos mensuales.
Luego entonces, se intuye que el voto de Macrina será para María Luisa Sánchez Osorio, esposa del fiscal Uriel Carmona Gándara y hermana de la magistrada Marta Sánchez Osorio. Y así por el estilo.
Otro dato interesante es el grado máximo de estudios de quienes conforman el Órgano Político Calificador:
Presidente: diputado Alejandro Martínez Bermúdez, preparatoria trunca; diputada Erika Hernández Gordillo, secundaria; diputada Marguis del Rayo Salcedo, licenciatura trunca; Tania Valentina Rodríguez, Bachillerato y Oscar Cano Mondragón, quien sí tiene estudios superiores ¡pero en ingeniería industrial!
Ellos y ellos serán los encargados de revisar los currículums y ensayos de los futuros magistrados que tendrán bajo su responsabilidad la revisión de las sentencias de las juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de Morelos.
¡Por eso estamos como estamos!
HASTA EL LUNES
