Morelos ocupa el último lugar entre las 32 entidades federativas en cuanto al acceso a la justicia por las vías institucionales, de acuerdo con un estudio elaborado por la organización social México Evalúa, y de esto tienen la culpa los tres poderes que conforman el gobierno del estado.

¿Cómo llegamos hasta aquí? A continuación, algunos datos que nos pueden ayudar a entenderlo.

Tenemos a una Fiscalía General de Justicia (con el mayor presupuesto de su historia), que recibe miles de denuncias en sus agencias del Ministerio Público y sólo una mínima parte es judicializada.

Ah, pero antes de eso, tenemos una Policía ineficiente que casi nunca detiene a los delincuentes en flagrancia y se la pasan echándose la culpa entre el Mando Coordinado y la Policía Municipal de Cuernavaca, que es donde ocurren la mayor parte de los delitos y donde Alicia Vázquez Luna tiene la responsabilidad de atender la seguridad pública independizada del Mando Coordinado.

En Morelos es el único estado donde tenemos a un fiscal que es al mismo tiempo “persona vinculada a proceso” por diversos delitos, por lo que semanalmente debe ir a firmar a los diferentes juzgados donde tiene que cumplir con sus obligaciones, so pena de que lo vuelvan a detener, pues hay que recordar que estuvo 49 días preso, primero en un reclusorio estatal y después en una cárcel federal de alta seguridad.

Durante ese tiempo, estuvo como encargado de despacho Carlos Andrés Montes Tello, quien actualmente está en calidad de investigado por la Fiscalía Anticorrupción y tiene que estar muy atento a sus amparos para que no le pase lo que a Homero Fuentes.

Y es que Homero Fuentes (para Ripley) es el único coordinador administrativo de una Fiscalía en este país que firma documentos ¡desde la cárcel! Pues hace un par de semanas lo detuvo la Fiscalía Anticorrupción y actualmente “despacha” desde el Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya.

Debemos mencionar también que el director del Servicio Médico Forense, Samuel Nava Vázquez, y la fiscal contra Feminicidios, Fabiola García Betanzos, no están yendo a trabajar por miedo a que los vayas a detener por órdenes de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Debemos aclarar que todos los antes mencionados están cobrando puntualmente su sueldo, no así una docena de servidores públicos adscritos a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) que siguen trabajando “por amor al arte”, encabezados por su titular, Edgar Núñez Urquiza, quien fue despedido desde el 19 de septiembre pasado, pero se mantiene en el cargo por un amparo otorgado por un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

El que fuera su titular de la FECC, Juan Salazar Núñez, se mantiene fuera de la dependencia pero con sus camionetas blindadas, así como escoltas armados, en espera de que lo nombren magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Y la seguridad de que va a ser designado en el cargo la tiene porque una diputada le debe el favor de haber metido a la cárcel a su enemigo político (Raúl Tadeo Nava) y por que tiene a otro diputado bien agarrado, de tal manera que si no le cumple bastaría una orden suya para que judicialicen el expediente. Sí, es el diputado que cobraba “moche” a sus empleados.

Ahora vamos con el Poder Judicial. Resulta que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia normalmente se compone de 19 miembros, pero desde hace varios meses trabaja con sólo 10 magistrado porque los demás se fueron al concluir su periodo de 14 años (ya les había dado 20 años pero la SCJN lo echó abajo), y en las últimas semanas no ha habido quorum para celebrar sesiones.

Por si no fuera suficiente, tres magistrados se acogieron a un decreto que les permite jubilarse con el 100% de su sueldo sin importar el tiempo que lleven en el cargo. También hay escasez de jueces (sobre todo en materia penal oral), y los secretarios de acuerdos son constantemente movidos de un lado a otro.

Por todo lo anterior, el estado obtuvo una calificación de 346.5, al valorar diversos factores, en un rubro en el que la organización considera que el estándar ideal es de 1,400. Al realizar la medición, con base en encuestas del INEGI, estudios propios de especialistas de México Evalúa e información solicitada vía transparencia, Morelos quedó muy lejos del primer lugar, que fue el estado de Querétaro, con 1,205.8 puntos.

Los resultados arrojaron deficiencias en estructura y personal en las áreas de procuración e impartición de justicia de Morelos, al grado de que, en el 2022, a cada defensor de oficio le fueron asignados 58 casos en promedio, varios de ellos al mismo tiempo.

Además, cada agente del Ministerio Público tuvo a su cargo la integración y seguimiento de 203.3 carpetas de investigación en promedio por diversos delitos y cada juez tuvo a su cargo 36 casos en promedio, varios al mismo tiempo.

De acuerdo con el estudio elaborado por México Evalúa, en el 2022 Morelos presentó un índice de impunidad de 97.5 por ciento, lo que significa que sólo 2.5 de cada 100 delitos denunciados generan sentencias condenatorias.

En estas condiciones, en la entidad se vive una gran polémica por el desaseo que, de acuerdo con abogados, legisladores y organizaciones sociales, se lleva a cabo la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia.

La organización civil Morelos Rinde Cuentas dio a conocer a través de sus redes sociales un estudio de los perfiles de los 148 aspirantes a una magistratura.

La organización descubrió que dos de los prospectos ni siquiera tienen cédula profesional, 25 tienen claros vínculos con partidos políticos, dos son de plano exdirigentes de institutos políticos locales, uno fue senador y 47 presentan posible conflicto de interés, por tener cercanía o parientes dentro del TSJEM o en el Gobierno estatal.

Asimismo, integrantes de colegios de abogados y de asociaciones de exagentes y agentes del Ministerio Público exigieron al Congreso que actúe “con transparencia” en la selección de los nuevos integrantes del Poder Judicial, pues aseguraron que “hay grupos políticos” que intentan meterse en él.

En un hecho también sin precedentes, la FECC inició una carpeta de investigación “de oficio” y pretendía catear el Congreso del Estado, por lo que los diputados tuvieron que subir a la página de internet los currículums vitae de los aspirantes para contrarrestar las críticas.

Los legisladores del llamado Grupo G—15, amenazaron con aplazar los nombramientos de los magistrados ¡hasta el próximo año!

¿Ahora entiende por qué estamos en el último lugar en materia de justicia?

HASTA EL PRÓXIMO LUNES.