El espectáculo que dio ayer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en su irrupción a las instalaciones de la Fiscalía General en Temixco fue vergonzoso y estuvo a punto de provocar un enfrentamiento entre los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y los agentes de Investigación Criminal que resguardan las instalaciones del Ministerio Público.
Afortunadamente a nadie se le fue un balazo pero hubo tensión al máximo cuando —tanto de un lado como del otro— tenían sus respectivas armas “con tiro arriba y el dedo en el gatillo”.
Fue alrededor de las 13 horas del lunes 13 de noviembre cuando unidades de la CES, de la Marina y de la Guardia Nacional cerraron el boulevard Apatlaco que comunica la carretera federal con la autopista, y una veintena de elementos se acercaron a la reja principal.
Al frente iba el fiscal Zeus Gutiérrez, “brazo derecho” del titular de la dependencia, Edgar Núñez Urquiza, quien llevaba en sus manos unos documentos. Era una orden de cateo librada por un juez del Tribunal Superior de Justicia el pasado viernes “para localizar expedientes físicos de Isaías Rodríguez Moreno, Isela Lara Escobar, Homero Fuentes Ayala y Carlos Andrés Montes Tello”.
Ya se imaginarán la expectación que se generó entre las personas que en ese momento estaban en las instalaciones, interponiendo alguna denuncia o realizando trámites, cuando vieron llegar a los marinos fuertemente armados, todos esbozados, y que dentro del edificio los elementos policiacos también echaban mano de sus AR—15 como si se prepararan para un enfrentamiento.
Y es que, ¿Cómo saber si efectivamente los hombres armados y con el rostro cubiertos eran servidores públicos y no un comando de la delincuencia organizada que venía por algún detenido?
Al parecer la orden que recibieron los elementos de la AIC fue que permitieran el acceso a Zeus Gutiérrez y sus acompañantes, pero solamente a las oficinas administrativas. Así lo hicieron, sin embargo, hubo un momento en que una agente del MP adscrita a la FECC quiso acercarse al área operativa. Entonces sí, un comandante y varios de sus policías ministeriales les impidieron el paso, haciéndoles notar que la orden de cateo decía que solamente las oficinas administrativas.
“Aquí es un área restringida, así que respetuosamente les vamos a pedir que se retiren”, dijo el hombre de gorra verde y un fusil “terciado” en el pecho.
—Necesito que nos conduzcamos con respeto— exigía una mujer vestida de negro que sostenía en su mano izquierda su teléfono celular.
—Usted llegó muy prepotente, entonces no pida respeto ahorita— le reclamaba una fémina desde atrás de los policías ministeriales—.
Los elementos de la CES permanecían como estatuas escuchando el debate sin dejar de sostener firmemente su arma y con el dedo en el gatillo. Sólo los ojos se les podían ver, pues cubrían su cabeza con el casco y su rostro con un pasamontaña.
Mientras tanto, en el área administrativa, el fiscal Zeus amenazaba a los empleados que se atrevían a grabar con sus celulares. “Son servidores públicos, traemos una orden de cateo, impedir el cumplimiento de una orden de cateo constituye un delito, por favor no puede grabar, ¿me puede dar su nombre por favor? No impidan el cumplimiento de una resolución judicial si no los voy a poner a disposición”, decía.
Así fue como llegaron hasta la oficina donde un letrero advierte que los oficios que vayan dirigidos al coordinador general de Administración ahora deberán llevar el nombre de María Elena Jaimes Ronces, “suplente por ausencia temporal de Homero Fuentes”. Es decir, que a pesar de que esté en el penal de Atlacholoaya, sigue recibiendo su quincena.
Alrededor de una hora después, la FECC emitió un comunicado indicando que, “con pleno respeto de sus derechos humanos, sin uso de la violencia, ni afectación a terceros, esta tarde se cumplimentó una orden de cateo en la Fiscalía General de Morelos, con apoyo de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) Morelos y de la Marina Armada de México”.
“La diligencia continúa al interior y se ha dejado salir al personal que así lo ha solicitado, pidiendo de manera respetuosa el apoyo de algunos empleados para desahogar, con el propósito de buscar indicios relacionados con delitos cometidos en agravio de este organismo”, concluye el boletín.
No menciona si hubo resultados positivos o negativos, o si se ejecutó alguna orden de aprehensión. En medios digitales se dijo que una agente del Ministerio Público había sido detenida por falsedad en declaraciones.
Por simple lógica, es de suponerse que los expedientes que buscaban ya no están en esas oficinas, sobre todo cuando la orden de cateo fue liberada el día 10 y se ejecutó hasta el lunes 13 al medio día. Casualmente tampoco estaba el titular de la dependencia, Uriel Carmona Gándara, ni el fiscal metropolitano Carlos Andrés Montes Tello. Bueno, para acabar pronto, había puros empleados de la Fiscalía que se salieron en cuanto vieron que estaban llegando los marinos y permanecieron en la acera de enfrente.
Luego entonces, es evidente que no hubo resultados tangibles en el operativo, que fue puro “show”, una demostración de poder del fiscal Núñez Urquiza para intimidar a los arriba mencionados.
¿Cuánto tiempo va a durar esto? No lo sabemos. Ninguna de las partes quiere “dar su brazo a torcer” y los que pagan las consecuencias son los ciudadanos que —de una u otra manera— se ven afectados por este pleito estéril entre las dos fiscalías.
DENUNCIA. – Por cierto, ayer acudió a presentar una denuncia por amenazas la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Graciela Quiñones Bahena, quien dice haber recibido “amenazas y extorsiones” después de que encabezó un movimiento en el Colegio de Directores para solicitar que la elección de la rectora al interior del Consejo Universitario sea en voto cerrado y no a mano alzada “para evitar la coacción y proteger el proceso de posibles vicios”.
HASTA MAÑANA.
