Exactamente un año tardó la Quincuagésima Quinta Legislatura local en darse cuenta que su Comisión para el Seguimiento de Casos de Feminicidios en Morelos no tenía razón de ser. “Las atribuciones de la comisión y del propio Poder Legislativo es de generar iniciativas, no es nuestra labor ser investigadores y por eso concluyó y fenece está comisión”, dijo lacónico el presidente de esta, Alberto Sánchez Ortega.

En la sesión del pasado martes, con 17 votos a favor y cero abstenciones, se declaró formalmente extinto el cuerpo colegiado creado el 15 de noviembre del año pasado. El dictamen fue incluido entre otros asuntos de trámite como para que pasara inadvertido.

Atrás quedaron aquellas declaraciones rimbombantes de las diputadas y los diputados que integraban la comisión:

Alberto Sánchez Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena, presidente; como secretario al diputado Julio César Solís Serrano, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), y como vocales a las diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz del Partido del Trabajo (PT), María Paola Cruz Torres del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega del Partido Acción Nacional (PAN) y el diputado Agustín Alonso Gutiérrez del Partido Nueva Alianza Morelos (NAM).

En aquella conferencia de prensa en la que se presentó la multicitada comisión, se dijo que tendría como objetivo “elaborar un informe especializado que permita esclarecer las posibles omisiones legislativas, normativas y de actuación, de las entidades obligadas y responsables de un debido proceso, que asegure el pleno acceso a la justicia de las víctimas directas o indirectas por feminicidio en el estado de Morelos”.

“La Comisión consideró oportuno revisar objetivamente el actuar de la Fiscalía de Morelos en la investigación del feminicidio de la joven Ariadna “N” y el de todos los involucrados, y de acuerdo con el diputado Julio César Solís, secretario del órgano legislativo, proceder contra el fiscal incluso, si tiene alguna responsabilidad o contra quien corresponda”, decía el comunicado emitido por el Congreso en noviembre del año pasado.

A decir de la secretaria técnica, entre sus objetivos específicos destacaban: Solicitar a las distintas instituciones competentes del estado de Morelos e incluso de la Ciudad de México, informe técnico sobre el Protocolo de actuación en la investigación sobre el caso de Ariadna N; elaboración de un diagnóstico estatal sobre el cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género, Políticas Públicas para la prevención y atención de la Violencia por los distintos órdenes de gobierno; y elaboración de un informe pormenorizado sobre el Caso Ariadna N.

En aquella conferencia de prensa, la diputada Paola Cruz, vocal de la comisión, destacó que no será el único caso que estará en seguimiento (serán tres, dijo la maestra Ariadna), pero se pondrá énfasis en el de la joven que ha despertado polémica, para llegar a su esclarecimiento y “no dejarlo en un asunto de mera grilla política”. Hoy tuvo que tragarse sus palabras.

En el evento fue presentado un equipo de expertos que tiene hasta ahora como integrantes a la especialista en medicina forense María del Carmen Espadas Barajas, el doctor Ricardo Magallón y la abogada penalista Elizabeth Lázaro Torres. “Se analizan otros currículums para sumar a dos especialistas más y la titular del IMEM propuso adicionar una antropóloga con perspectiva de género para que coadyuve en el análisis de contexto de todos los feminicidios”, anunciaban.

Incluso la Comisión ofreció que en 15 días más se reunirían con los representantes de los medios de comunicación para dar a conocer “la ruta crítica” y los avances de su labor. Después de ese evento, ya nadie volvió a hablar del tema.

En nuestra columna titulada “La inútil comisión legislativa sobre feminicidios”, pronosticamos que casi nada podría hacer:

A pesar de que está demostrado que en México ninguna comisión especial de investigación ha servido para el propósito que fue creada, y que, por el contrario, sólo enreda más las cosas e incrementa los gastos de operación, ayer fue instalada la Comisión Legislativa Especial para el Seguimiento de Casos de Feminicidio en el Estado de Morelos.

El órgano colegiado de marras no podrá hacer mucho porque carece de facultades investigativas, de ahí que lo único que podrá hacer es firmar escritos solicitando información a las diferentes instancias gubernamentales, pero dependerá de cada dependencia contestar o no, pues no es un juez de Distrito, una agencia del Ministerio Público, y tampoco la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

En su primera sesión fue designada como secretaria técnica la maestra Ariadna Urbina Ayala, quien posee un excelente curriculum vitae y tiene más de 20 años de trabajar con organizaciones de la sociedad civil, pero de muy poco le servirá porque el órgano colegiado que encabezará no está contemplado en la Constitución, en la Ley Orgánica del Congreso ni en ningún lugar. Será órgano consultivo de los diputados, cuyos resultados de las investigaciones no tendrán mayor repercusión legal.

La actuación de los servidores públicos de la Fiscalía será calificada por el departamento de asuntos internos de la propia institución; por el Órgano Interno de Control y por la Fiscalía Anticorrupción. Ellos son los únicos que tienen facultades para ordenar que se les entreguen bitácoras e informes de lo que ocurrió en la polémica necropsia “con tecnología de punta” que sirvió de apoyo para el fiscal que de manera oficiosa salió a decir que no había huellas de violencia en el cuerpo de Ariadna.

Pero la extinción de la comisión de la vergüenza es solamente una de las acciones que las diputadas y los diputados se comprometieron a hacer en su visita a la Secretaría de Gobernación en días recientes. Luisa María Alcalde les hizo ver que no les convenía seguir protegiendo al fiscal Uriel Carmona, sobre todo porque todo parece indicar que la próxima presidenta de la República será Claudia Sheinbaum, quien incluso ha sido “amenazada” por el titular de la FGE de Morelos.

Los diputados morenistas tendrán que dar muestras de que están con la Cuarta Transformación si es que quieren seguir en el partido. La primera de ellas ya la dio la representante de las comunidades indígenas, Macrina Vallejo Bello, quien recurrió al viejo truco de salirse a la hora de la votación, y así impedir que alcanzara los votos necesarios el dictamen que pretendía favorecer aún más al fiscal. Y sus familiares en breve presentarán su renuncia a las plazas que tienen en la Fiscalía General.

Como quien dice, que el G—15 tiene sus días contados.

HASTA EL LUNES.