Los últimos acontecimientos en el plano nacional, estatal y municipal nos demuestran que hemos “tocado fondo” en materia de inseguridad pública, o lo que es lo mismo: que el crimen organizado es el que manda. Lo peor es que, lejos de admitirlo y buscar soluciones de fondo, cada autoridad busca la forma de evadir su responsabilidad o justificarlo.

Comencemos por lo que ha ocurrido a nivel nacional: La desaparición de 32 migrantes el pasado 30 de diciembre, y su eventual liberación el 3 de enero, es solamente la punta del iceberg de la tragedia nacional que miles de personas padecen al intentar llegar a Estados Unidos a través del territorio mexicano.

El paso de miles de personas por el territorio mexicano provenientes principalmente de Centroamérica y el Caribe que buscan llegar a suelo norteamericano se ha convertido en un extraordinario negocio para los diferentes grupos del CO que operan a lo largo de nuestro país, ya que la mayoría de estos hombres, mujeres y niños, tienen familiares que ya viven en los Estados Unidos y que son quienes pagan los rescates en dólares.

El pasado 5 de noviembre, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, confirmó que parte de los migrantes secuestrados pagaron un rescate, pero que no fue ese el motivo por el que los 32 migrantes -un bebé incluido- fueron liberados por el crimen organizado.

“Sí le quiero aclarar que no fue por el pago del rescate que se liberaron a las 32 personas, eso está muy claro. Sí hubo el pago de algunos de ellos, de acuerdo a la investigación, a las declaraciones de ellos mismos en las carpetas de investigación”, expresó, señalando que no se pueden ofrecer más detalles, ya que “son pruebas que nos van a servir en el proceso [judicial]”.

Sin embargo, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, en entrevista con Publimetro, mostró algunos de los recibos de los depósitos realizados por familiares de los migrantes “secuestrados”, quienes muchas veces son captados por el crimen organizado o entregados directamente por los polleros. Para la especialista en temas de migración, los criminales exigen a los migrantes cantidades “pequeñas”, para que los depósitos bancarios sean considerados como remesas y no llamen la atención de las autoridades.

Es el negocio perfecto.

Por otra parte, un nuevo hecho de violencia se registró en Guerrero, en esta ocasión en el poblado de Buenavista de los Hurtado, municipio de Heliodoro Castillo, donde al menos 30 personas habrían sido asesinadas.

De acuerdo con lo señalado por el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, a través de una carta dirigida a autoridades federales, estatales y municipales, así como a organismos internacionales, medios de comunicación y sociedad guerrerense, durante la tarde del jueves 4 de enero fue atacada la comunidad de Buenavista de los Hurtado con explosivos lanzados desde drones y posteriormente hombres fuertemente armados irrumpieron en la entidad para asesinar a 30 personas.

Esto ocurre a 250 kilómetros de Cuernavaca. Pero no tenemos que ir tan lejos para comprobar la capacidad de los narcos: El regidor panista de Cuautla, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, fue asesinado la tarde de este jueves dentro de un gimnasio por sujetos armados que escaparon sin ser detenidos.

​De acuerdo con la información preliminar, el concejal recibió disparos de arma de fuego en el establecimiento llamado "Body Fusión", ubicado en el centro de la ciudad de Cuautla, a unos pasos de la Fiscalía Regional Oriente.

La familia Lezama es ampliamente conocida en Cuautla por una singular característica: siempre han sido panistas. Tanto el padre como la madre han ocupado una curul en el Congreso del estado; ella también fue regidora y en esta ocasión Giovanni ocupaba una posición en el Cabildo y su siguiente paso —casi natural— sería la diputación local.

No es el primer cuautlense con aspiraciones políticas que es asesinado. El empresario Carlos Benítez Sánchez, a quien se conocía como Bildmart, murió la madrugada del 26 de agosto del 2022 a consecuencia de las heridas de bala que le dejó un ataque armado que sufrió unas horas antes en la avenida Insurgentes del centro de Cuautla.

Benítez Sánchez había sido candidato a alcalde de esa ciudad y muy seguramente buscaría el mismo cargo u otro, en las próximas elecciones. Cuautla ha sido escenario de la más cruenta disputa entre grupos del crimen organizado.

En el caso de Giovanni Lezama, era inevitable que no se politizara el asunto. La propia madre del hoy occiso, Juana Barrera, de plano declaró que quien lo mató fue el crimen organizado, pero “quien puso a mi hijo fue alguien que está dentro de la política”.

Luego vino la marcha que se llevó a cabo por familiares y amigos de la familia Lezama por las calles de la heroica ciudad, como una protesta contra la violencia, pero que tuvo tintes políticos por la asistencia de los dirigentes de los partidos que están impulsando a la candidata de oposición. Por cierto, llamó la atención que en sus declaraciones, todos atacaron al gobierno en turno, pero fueron benévolos con el fiscal Uriel Carmona, quien no ha sido capaz de aclarar ninguno de los crímenes con tintes políticos ocurridos en Morelos, como lo fue el de la diputada Gabriela Sánchez Marín.

¿Qué tanto influirá el asesinato del regidor panista en los resultados de las elecciones del próximo 2 de junio? Lo sabremos en poco tiempo.

Mientras tanto, es urgente que los tres niveles de gobierno se coordinen y realicen acciones contundentes para evitar que todos los días haya homicidios y feminicidios a lo largo del territorio nacional, y que los partidos políticos no aprovechen estos crímenes para llevar “agua a su molino”.

HASTA MAÑANA.