Ayer estuvo en Morelos el director en jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), profesor Plutarco García Jiménez, un personaje que conocemos bien en nuestra entidad, pues aquí desarrolló su faceta de luchador social que se vio recompensada con el encargo que le hizo su amigo el presidente Andrés Manuel López Obrador: cuidar la propiedad social.
Egresado de la satanizada Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, don Plutarco es un idealista del agrarismo mexicano. Al frente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala -primero- y después con la Unión de Pueblos de Morelos, siempre ha pugnado por el respeto a los ideales zapatistas de que la tierra quede en quienes la trabajan con sus manos y que no haya latifundios.
“Andrés Manuel me dio el encargo de cuidar la propiedad social, y creo que hemos cumplido”, dice el también economista por la UNAM.
En su conferencia de prensa de ayer ofreció cifras que hablan por sí solas de lo que ha hecho el RAN a nivel nacional:
Del primero de diciembre de 2018 al último día de 2023 se entregó un millón 239 mil documentos beneficiando a 917 mil 183 personas. Dicha cifra ha sido posible gracias a la Campaña Nacional de Entrega de Documentos Agrarios pues dicha acción significó un incremento del 180% en personas beneficiadas, ya que antes de que iniciara, el promedio mensual de personas favorecidas era de siete mil 77 y con su puesta en marcha se pasó a 19 mil 852, pese a las restricciones por la pandemia.
Las Jornadas de Atención a Mujeres Agraristas, comenzaron en abril de 2022 y se realizan el segundo martes de cada mes, en todas las oficinas de representación del RAN en el país. Hasta diciembre del año pasado se habían concretado 672 jornadas, en las que se atendieron a 35 mil 820 mujeres, de las cuales 2 mil 736 eran indígenas. Se realizaron 48 mil 850 acciones entre entrega de documentos, asesorías e ingreso de trámites.
En la representación del RAN en el estado de Morelos, a cargo del doctor en Derecho Miguel Ángel Álvarez Castro, también se enumeraron los avances:
Durante el 2023 se atendieron a 22 mil 833 sujetos agrarios que asistieron a las oficinas del RAN; se atendieron cuatro mil 880 requerimientos tanto de autoridades jurisdiccionales como administrativas; se entregaron 12 mil 96 certificados parcelarios; 16 mil 683 documentos expedidos, además de las visitas a núcleos agrarios (ejidos y comunidades) que fueron más de 200.
Sin embargo, la situación del campo mexicano ha cambiado en las últimas décadas y han surgido nuevos problemas que están fuera del alcance del RAN y de cualquier otra institución gubernamental.
Ayer los compañeros preguntaban qué pasa con los comisariados comunales y ejidales que se están enriqueciendo con la venta de constancias de posesión a compradores de buena fe, documentos que son expedidos una y otra vez con toda impunidad. La respuesta fue: lo único que podemos ofrecer es darles información sobre el estatus del predio antes de comprar, pero una vez que han adquirido el terreno, configurándose el delito de fraude o despojo, son las autoridades ministeriales las que deben intervenir.
En términos coloquiales: el RAN está para cuidar a los ejidatarios y comuneros pero ¿quién cuida al resto de los ciudadanos de los abusos de estos personajes?
En este espacio lo hemos dicho una y otra vez: las comunidades agrarias ya no tienen razón de existir porque ni hay tierras qué repartir ni tampoco espacio para cultivar alimentos. Tampoco deben existir (al menos no en centros poblacionales urbanizados) comunidades que se rijan por “usos y costumbres” como Ocotepec, Ahuatepec, Tlaltenango, etc.
Otro problema que está surgiendo es lo que podría denominarse “latifundismo urbano”, que no es otra cosa que la venta de terrenos ejidales a precios ínfimos para lotificar y vender en cantidades estratosféricas.
El propio jefe del RAN lo admite en una entrevista concedida el año pasado al periódico La Jornada.
“Hay inmobiliarias de Yucatán que compraron a 4 pesos el metro cuadrado de tierra y ahora lo venden en 10 mil dólares; Antonio Almazán, ex titular del RAN en ese estado, ahora es uno de los más grandes acaparadores”, declaró el ex activista, hoy convertido en funcionario.
En esa entrevista refirió que, cuando se realizó la reforma al artículo 27 constitucional, que permitió la privatización del ejido, México tenía más de 53 por ciento de propiedad social y actualmente ronda 50.7; “se redujo como en 3 millones y medio de hectáreas, desde ese periodo se ha perdido cerca de 5 por ciento, contando los dominios plenos ya consumados y las 31 mil solicitudes, de las cuales la mayoría están en proceso.
“Creían que empresas nacionales y extranjeras podrían comprar, pero al parecer no funcionó, porque el campesino mexicano es muy apegado a la tierra; recuerdo que uno de Anenecuilco (municipio de Ayala, Morelos) decía: ‘La tierra costó sangre, no la podemos vender’.”
García Jiménez consideró que es necesaria una nueva legislación en materia agraria, “porque nos enfrentamos a una (la que está vigente) que tiene en la mira privatizar y abrir el ejido al mercado de la tierra; (Carlos) Salinas se frotaba las manos porque decía: ‘tenemos 100 millones de hectáreas, con que se venda la mitad va a entrar mucho dinero al país’”.
Sobre el acaparamiento de parcelas por parte de la delincuencia organizada, aseveró que “no lo hacen mediante despojos violentos, como ocurrió en Colombia, sino que aquí, como tienen mucho dinero, compran predios a través de prestanombres, empresarios o inmobiliarias”.
Cuestionado ayer sobre ese tema, el funcionario admitió que en Morelos existe ese problema, pero no con la gravedad con que está ocurriendo en estados como Michoacán y Guerrero, donde ya se cuentan por cientos las familias que han tenido que emigrar de sus comunidades obligadas por los grupos de delincuencia organizada, dejando abandonadas sus tierras ejidales o comunales.
Es lamentable que tengamos que admitir que el crimen organizado se está apoderando de nuestro país a través del miedo que le infringen a la gente y toneladas de dinero que les alcanza para comprar armas y también autoridades para garantizarles impunidad.
En conclusión, don Plutarco García Jiménez y sus colaboradores sí cumplieron con el encargo presidencial, pero otros funcionarios no pudieron con el paquete de garantizarnos seguridad a todos los mexicanos.
HASTA MAÑANA.
