No hubo previo aviso a los familiares de las 182 Personas Privadas de su Libertad (PPLs) del Penal de Atlacholoaya que fueron reubicados el pasado 8 de marzo a diferentes centros federales de reinserción social. Simplemente dejaron de recibir llamadas y cuando preguntaron por ellos en el Cereso nadie supo decirles nada.
Tal como lo mencionamos en nuestra columna del viernes, algunos familiares recibieron llamadas telefónicas de números desconocidos, diciéndoles que si no querían que sus internos fueran enviados “al Penal de Sinaloa”, debían juntar 50 mil pesos para entregarlos al “comandante Yoni”, que es un jefe de turno de Seguridad y Custodia.
Lo que no sabían era que para ese momento ya los sentenciados habían sido trasladados a los centros penitenciarios de Guanajuato, Michoacán, Durango y Sinaloa.
La Comisión Estatal de Seguridad Pública emitió la tarde del viernes un comunicado en el que informaba que “las primeras horas de este viernes, la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Morelos, en coordinación con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizaron el traslado de 182 Personas Privadas de la Libertad (PPL), a diversos Centros Federales del país”.
Su justificación: eficientar la organización y funcionamiento de los centros penitenciarios del estado, así como garantizar la estabilidad y gobernabilidad de los mismos. Además de tener el derecho a una estancia digna y salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran recluidas, personal que ahí labora y aquellos que acuden a la visita familiar.
A alguien se le hizo fácil poner en el boletín la siguiente frase: “Cabe señalar que el traslado fue supervisado por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos”.
En un hecho sin precedentes, la CES tuvo que emitir otro comunicado cinco días después (o sea ayer), que dice:
En relación a la publicación en la página oficial de Gobierno del estado de Morelos de fecha 08 de marzo, relacionada con el traslado de 182 Personas Privadas de la Libertad (PPL), a diversos Centros Federales del país, se realiza la siguiente aclaración:
“La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), no tuvo participación en el operativo en comento”.
¿Se les olvidó invitarla? ¿No quisieron invitarla? ¿Pensaron que nadie se daría cuenta?
Lo más risible es que el mismo comunicado aclara que no obstante que no estuvo presente nadie de la Comisión de Derechos Humanos “la Coordinación del Sistema Penitenciario, en todo momento, actuó bajo los principios constitucionales consagrados en el artículo 21, que son retomados por el artículo 3 y 100 fracción I de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y 1 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), siendo estos de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, pero sobre todo, con absoluto respeto a los derechos humanos, de acuerdo al mandato constitucional que contempla el artículo 18”.
No pues sí, sobre todo va acorde con el espíritu lopezobradorista: “Ya no necesitamos a la CNDH ni a ningún otro organismo autónomo porque no somos como los de antes”.
Pero eso no piensan los familiares de las personas privadas de su libertad, quienes iniciaron sendas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y suponemos que también quejas ante el organismo que preside el maquiavélico Raúl Israel Hernández Cruz.
En una de ellas, una persona describió lo siguiente:
“…El día domingo 10 de marzo nos reunimos a las nueve de la mañana a un costado de la pluma que está en la entrada de las instalaciones de los juzgados de juicios orales, donde llegamos un aproximado de 30 personas y realizamos una conferencia de prensa donde informamos el traslado de 182 personas privadas de la libertad a diversos centros federales del país, donde también informamos que estas prácticas son muy comunes y la mayoría han sido decretados de ilegales por los jueces de control, las cuales hemos detectado que son prácticas de represión y extorsión hacia los familiares de las PPLs las cuales de manera constante realiza Jorge Israel Ponce de León, quien a través de su director operativo, Jesús Francisco Flores Jiménez está exigiendo sobornos que van desde los 20 mil hasta los 50 mil pesos a cambio de no reubicar a otros internos y con ello no separarlos de sus familias”.
Otras personas narraron que el 11 de marzo asistieron al Tribunal Superior de Justicia donde solicitaron una audiencia con el magistrado presidente, Jorge Gamboa Olea, siendo atendidos por su secretaria particular.
Y es que ellos tenían entendido que para realizar el traslado de los internos, primero se tenía que llevar a cabo una audiencia para calificar la medida, y que en esta les darían todas las garantías que establece la Constitución, como es la de tener un defensor particular o de oficio.
Pero no. Resulta que, efectivamente, se llevó a cabo la audiencia pero sin la presencia de los afectados, ni sus abogados, mucho menos sus familias.
Así lo establece una “resolución judicial de traslado urgente” (cuya copia obra en nuestro poder), en el que un Juez de nombre Javier Barboza Díaz declara como legal la petición que recibió un día después del traslado.
En ese documento, el juez convalida la reubicación de los reos bajo el siguiente criterio: “El juzgador debe sujetarse a la información ministrada por la autoridad administrativa, calificándola de legal o ilegal. Contra la decisión las partes podrán interponer el recurso de apelación, esto es cualquiera de las partes que les cause agravio la resolución/y solo podrá interponerse por el al privado de la libertad una controversia judicial cuando el juez sea omiso en emitir un pronunciamiento, Io que tiene Lógica jurídica, puesto que esa esté a quien le para perjuicio la resolución administrativa del cambio del lugar donde se encuentra privado de la libertad, así como la falta de análisis del órgano jurisdiccional cuya expectativa hacia el gobemado lógicamente es decidir a su favor”.
A ver qué dicen los jueces de Distrito, pero al parecer la orden fue ejecutar el traslado, y después que ellos se defiendan como puedan.
HASTA MAÑANA.
