Lo único que nos faltaba: no hay seguridad, y los pocos policías que tenemos, en los próximos días serán asignados a los candidatos a cargos de elección popular que lo soliciten, según anunció el comisionado Antonio Ortíz Guarneros. A nivel nacional, las solicitudes de protección con seguridad del Estado, hechas por candidatas y candidatos federales, se incrementaron 163% entre 2018 y 2024.
A dos meses y medio de los comicios del próximo 2 de junio, el número de abanderados que han solicitado protección ante el INE alcanzó los 79 casos, mientras que a finales de mayo de 2018 la cifra era de 30.
De acuerdo con el último corte de información, las entidades con mayor número de peticiones de seguridad son Morelos, Estado de México, Chiapas, Baja California y la Ciudad de México. Del total de aspirantes que solicitaron protección, tres son los candidatos a la Presidencia de la República y cinco contienden por una de las nueve gubernaturas en juego: dos en Morelos (suponemos que son la senadora Lucy Meza y la diputada federal Jessica Ortega), y uno en Chiapas, Guanajuato y CDMX, respectivamente.
Según el mapa de asesinatos, ataques, secuestros y amenazas, publicado el pasado 1 de marzo por Excélsior, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Edomex y Morelos son los estados más peligrosos para personas involucradas en las elecciones.
Durante el actual proceso se han reportado 43 asesinatos relacionados con los comicios, de los cuales 21 eran aspirantes a una candidatura, según datos de Laboratorio Electoral. En Morelos sobresale el homicidio del regidor de Cuautla, Geovanni Lezama, quien era seguro candidato a una diputación local por el Partido Acción Nacional. A falta de él, la candidatura fue asignada a su padre, Gustavo Lezama.
Según Data Cívica, en el ámbito municipal es donde se han suscitado principalmente los ataques y es donde algunos gobiernos como el de Veracruz, al mando de Cuitláhuac García, se han negado a otorgar protección a los candidatos locales.
En Morelos, recientemente fue entrevistado con respecto a ese tema el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, almirante de la Marina Armada de México, Antonio Ortíz Guarneros, quien incluso pronosticó que en ocho municipios cada grupo de la delincuencia organizada tendrá su candidato.
Dentro de este foco rojo se encuentran Cuernavaca, Cuautla, Temixco, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Yautepec, Jiutepec y Huitzilac, según lo revelado por Ortíz Guarneros, quien afirmó que existe un "riesgo grave" para aquellos candidatos que acepten la protección y financiamiento de su campaña por parte de estos grupos criminales.
El jefe policiaco, quien se ha caracterizado por declaraciones polémicas porque pareciera que está admitiendo la incapacidad de la corporación para enfrentar al crimen organizado, dijo que los diferentes cárteles tratarán de imponer a sus candidatos en las alcaldías para después exigirles una cuota, como ha venido ocurriendo con anterioridad.
Como respuesta a ese escenario, ya se puso en alerta a los partidos políticos, indicándoles los grupos delincuenciales que operan en cada municipio, de los que la CES tiene toda la información, pero esto no se refleja en detenciones.
Abundó Ortíz Guarneros que ya se puso a su disposición el protocolo de protección para los candidatos a diversos cargos de representación popular cuyas medidas se les asignaran de acuerdo al nivel de riesgo, que va desde “botones de pánico”, hasta escoltas personales para que realicen sus actos de campaña.
La CES activará el protocolo de seguridad para los candidatos a regidurías, sindicaturas, presidencias municipales y diputaciones locales, siempre y cuando lo requieren de manera formal ante el Impepac o la Fiscalía General del Estado (FGE). Una vez formalizada la petición, el candidato formará parte del “SeguriChat”, si no es suficiente la medida se le entregará la pulsera con botón de pánico, y en última instancia, se le asignará custodia siempre y cuando el nivel del riesgo sea mayor.
Así es que —estimado lector— si en las próximas semanas usted pide un auxilio y la patrulla no llega inmediatamente, es que los policías andan cuidando a los candidatos a presidentes municipales o diputados.
PROBLEMAS EN EL INPI. — Nueve trabajadores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Morelos, denuncian actos de acoso, hostigamiento, nepotismo, abuso de poder, violación de derechos humanos y laborales, por parte del titular Carlos Ángel Matías Montoya.
En conferencia de prensa, los trabajadores encabezados por Elizabeth Sánchez Oviedo, jefa del departamento de Cultura, dio a conocer que estos actos de violación sistemática han sido denunciados ante el órgano de control de la dependencia federal; sin embargo, hasta el momento la dirección general del INPI a cargo de Adelfo Regino Montes no ha intervenido en este caso, pues el acusado es hijo de un alto funcionario de la institución.
Es por ello, que los inconformes denunciarán en la Fiscalía General de la República (FGR) este abuso de autoridad y arbitrariedades, principalmente contra las mujeres, pues aseguran que al menos tres trabajadoras ya renunciaron por acoso sexual.
Mientras estos tres hombres y seis mujeres daban la conferencia de prensa en las oficinas del INPI-Morelos, el aludido Carlos Ángel Matías Montoya, se encontraba participando en la Asamblea de Autoridades de la “Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromexicanos de Morelos”, en Alpuyeca.
El principal objetivo fue analizar la Iniciativa de Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, presentada junto con otras 19 iniciativas el pasado cinco de febrero 2024 por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión.
Respecto a las declaraciones de algunos trabajadores de la institución, expreso: “me apena mucho que los compañeros hagan manifestaciones de mi persona, sinceramente me he guiado bajo los principios constitucionales y legales, comportándome de manera ética y profesional, respetando los derechos de todas y todos.
“Las comunidades indígenas son el quehacer que nos ocupa como institución y hoy estamos aquí promoviendo los derechos de justicia elemental añorada por muchos años y generaciones atrás. Si tienen algo que reprocharme es que no descanso para atender las necesidades de las comunidades y eso mismo les he pedido a los integrantes de nuestra oficina, que trabajemos por aquellos los más pobres y olvidados, los pueblos indígenas de México”.
Es obvio que alguien miente.
HASTA MAÑANA.
