En mayor o menor grado, el crimen organizado ha tenido intervención en los procesos electorales de este país, pero nunca como ahora habíamos tenido tantas señales de que las mafias o cárteles van a influir en el proceso electoral del dos de junio próximo, ya sea para apoyar económicamente a algún candidato y/o para intimidar a los posibles votantes del contrincante.
De hecho, la participación de la Delincuencia Organizada ya inició desde hace varios meses con atentados a candidatas y candidatos en diversos puntos del país, y uno que otro en Morelos.
Esto ha tenido como consecuencia que los partidos políticos se hayan volcado hacia las autoridades electorales pidiendo seguridad, y éstas generando decenas de oficios hacia las corporaciones policiacas que de por sí tienen un déficit de personal para esas tareas.
Lamentablemente, esto mismo ha tenido como consecuencia que algunos políticos aprovechen la psicosis e inventen atentados o amenazas para hacerse de publicidad gratuita y conseguir algunos elementos policiacos que los anden acompañando en sus actividades.
¿Y quién cuida a los ciudadanos?
Nos tocó estar presentes en el evento en el que el Partido Acción Nacional entregó constancias de candidaturas a diversos personajes, un domingo en la mañana a un lado del Hotel Papagayo de Cuernavaca.
Resultó impresionante ver la cantidad de patrullas y elementos que se congregaron en ese lugar, pero no para labores de vigilancia, sino para la seguridad personal de quienes estaban en ese momento ahí:
Las unidades de la Guardia Nacional que cuidan a la senadora Lucy Meza Guzmán; las patrullas estatales que cuidan al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Francisco Sánchez; las que cuidan a su hermano el alcalde de Yecapixtla; las que cuidan al inútil alcalde de Emiliano Zapata y la patrulla que cuida a Alicia Vázquez Luna, la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca.
Seguramente en el siguiente evento del PAN, veremos a estos mismos vehículos policiacos asignados a los servidores públicos antes mencionados, pero ahora también con aquellos personajes que ahora ya son candidatos y que seguramente pidieron seguridad, por ejemplo, el que busca regresar a la alcaldía de Cuautla, Jesús Corona, que denunció haber sufrido un atentado del que resultó ileso.
Aquí queremos pedir una disculpa si es que pagan “justos por pecadores”, pero la verdad es que el truco de disparar unas balas a las oficinas, casa o vehículos, ha sido tan utilizado (incluso por colegas) para atraer reflectores, que ya no damos por ciertas las versiones de atentados como el del candidato a presidente municipal de Xochitepec por el PT, o un regidor de ese mismo partido.
De todos modos, la asignación de una escolta personal no garantiza la seguridad de una candidata o candidato. Ahí está el caso de la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, que traía una mujer armada con ella (proporcionada por su compañero de partido, Ricardo Sheffield) que no pudo evitar el feminicidio.
Gisela (casualmente con el mismo nombre que la alcaldesa de Temixco que fue asesinada en su casa durante el primer día de su mandato), se suma a la lista de personas aspirantes a un cargo de elección popular que no pudieron llegar al día de las elecciones:
Alfredo Giovanni Lezama Barrera, precandidato a diputado local por el PAN en Morelos; David Rey González Moreno, precandidato a alcalde de Suchiate, Chiapas; Sergio Hueso, precandidato a la alcaldía de Armería por MC en Colima; Miriam Nohemí Ríos Ríos, dirigente trans de Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Jacona, Michoacán; Marcelino Ruíz Esteban, perredista exalcalde de Atlixtac; Jaime Vera, precandidato del PVEM a la alcaldía de Mascota, Jalisco; Julián López Galeana, coordinador de MC en Guerrero; Yair Martín Romero Segura, precandidato a la diputación federal por Morena en Ecatepec; Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato de Morena a la alcaldía de Maravatío, Michoacán; Armando Pérez Luna, precandidato del PAN a la alcaldía de Maravatío, Michoacán; Alfredo González Díaz, aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac, en la Costa Grande.
En consecuencia, el Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer la elaboración de un protocolo en materia de seguridad para los candidatos. El plan considera la protección a los candidatos, de acuerdo con el análisis de riesgo que elabore la Guardia Nacional, que los calificará en alto, medio y bajo. Además, tomará en cuenta la incidencia delictiva y si los abanderados han recibido amenazas previamente. Tal es el caso de los candidatos al Congreso de la Unión, quienes solo recibirán seguridad cuando su análisis de riesgo sea alto y que recibieran y denunciaran amenazas.
En las zonas de alta incidencia delictiva los candidatos contarán con cuatro vehículos de escoltas y uno principal, así como dispondrán de 10 elementos para su protección por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En las zonas de riesgo medio contarán con una escolta, una patrulla y un vehículo principal con ocho elementos de la Guardia Nacional. Las zonas de riesgo bajo solo contarán con un vehículo principal y dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Guadalupe Taddei recalcó que la elaboración de los mapas de riesgo no es atribución del INE y dijo que así se los hizo saber los dirigentes de los partidos políticos.
A nivel local, la presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, informó el pasado viernes que solo cuatro candidatos han solicitado apoyo para su seguridad ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), mismas que fueron remitidas a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y la Fiscalía de General de Justicia (FGJ) para su atención.
HASTA MAÑANA.
