—Hay una denuncia anónima que dice que vieron a unos sujetos entrar con un taxi a un rancho en Tetecala y que llevaban a un hombre maniatado—dijo la subprocuradora Elizabeth Lázaro al comandante Martín Rizo Muñoz.
—Esas denuncias anónimas siempre resultan falsas—contestó el coordinador de la Policía Ministerial—. Pero si quiere pasamos a checar el dato y de ahí buscamos un lugar dónde comer.
El reloj marcaba las cinco de la tarde de ese 8 de septiembre de 2014. La conversación se daba en la oficina de la Subprocuraduría de Justicia de la Región Surponiente, en Jojutla, a donde el jefe policiaco acudió por órdenes directas del gobernador Graco Ramírez.
El motivo era que un militante distinguido del Partido de la Revolución Democrática (PRD) del municipio de Tetecala, de nombre José Carmen Pizaña Gómez, había desaparecido un día antes, después de acudir a votar al proceso interno de ese partido como representante de la planilla Alternativa Democrática Nacional.
La abogada (admirada por algunos, criticada por otros), y el militar recién designado por el mandatario perredista, abordaron la camioneta blindada del segundo, seguida únicamente por otra unidad de la Policía Ministerial.
Llegaron al rancho indicado al atardecer. Sin muchas esperanzas de encontrar algo, los policías ministeriales comenzaron a caminar adentro del rancho. Vieron un tejabán donde advirtieron la presencia de tres hombres, cuyo comportamiento desde el principio fue extraño.
En el piso había sangre que los sujetos argumentaron que era de un borrego que acababan de matar y se lo habían llevado a cocinar a otro lado. “Esto es sangre de humano”, dijo de inmediato la funcionaria, quien ordenó a los agentes la detención de los sospechosos.
Al fondo del tejabán se observaban varios bidones de plástico y había garrafones por todos lados. El comandante Rizo se detuvo y dio la orden: “Ya sé de lo que se trata. Háganse todos para atrás. Las mujeres (Elizabeth y dos más), súbanse a la camioneta blindada”.
Con la ayuda de un palo voltearon los bidones. De uno de ellos salió una mezcla que nadie antes había visto. Huesos, carne, cabellos, se alcanzaban a distinguir entre el líquido que despedía un olor insoportable y una especie de humo.
“Son pozoleros. Pero no son de aquí. Estos vienen del norte”, comentó el militar retirado con rango de Mayor. “Hay que pedir refuerzos porque nos van a venir a matar”, acotó.
Efectivamente. Hasta ese momento no se había registrado en Morelos un caso similar. En 2009 se hizo famoso Santiago Meza, apodado “El Pozolero” por haber disuelto en ácido a unas 300 personas por órdenes de los hermanos Arellano Félix, en Tijuana, Baja California.
En cuestión de minutos, el lugar se llenó de policías federales y soldados del Ejército. De no haber sido así, seguramente la subprocuradora Elizabeth Lázaro y el comandante Rizo hubieran sido asesinados, o “levantados”.
En su declaración ante el Ministerio Público, uno de los detenidos que dijo llamarse Francisco Javier Nava, asentó que comenzó a laborar como taxista para Alejandro Villegas “El Primo”.
“Tenía conocimiento por rumores que Alejandro lavaba dinero y una vez lo escuchó platicar con otra persona sobre “El Carrete”, quien es uno de los narcos más pesados de la región. Alejandro le ordenó que acudiera a la terminal de Mazatepec de donde transportó a Alejandro Flores Hernández “El Gato” y Jesús Humberto Parra Montes, entre otros, al hotel Toledo; días después en el restaurante Barra Vieja, ubicado en Alpuyeca, estaban comiendo y “El Gato” accidentalmente comentó que venía a trabajar con la gente de arranque”.
Agrega que como él se quedó sin empleo, aceptó trabajar para “El Gato” como “halcón” cuya actividad consistía en informarle de la ubicación de patrullas en carretera.
Sobre el asesinato del líder perredista, Francisco Javier declaró que fue por órdenes de Alejandro Villegas “El Primo”, ya que había ganado las elecciones para precandidato de su partido político, para postularse como candidato a la presidencia municipal de Tetecala, “y que dicho homicidio obedeció a que la víctima no era gente de su confianza por lo que no podrían seguir trabajando”.
Otro de los detenidos, Rubén Pech, manifestó que, por estar desempleado, fue contratado por un sujeto “para levantar personas, destazar y desaparecer los cuerpos”, por lo que cobraría tres mil pesos por cada trabajo que hiciera, de los cuales incluso narró dos sucesos relativos a esa actividad, entre ellos el perpetrado contra José Carmen Pizaña Gómez”, dice el expediente 476/2014.
Los tres sujetos detenidos en flagrancia fueron procesados por el homicidio del líder perredista, y el Ministerio Público del Fuero Común dio vista a su similar del Fuero Federal para que continuara las investigaciones con respecto al narcotráfico y delincuencia organizada.
Ellos habían proporcionado datos sobre la incursión de un cartel proveniente del norte de la República en los límites de Morelos con Guerrero, sin embargo, inexplicablemente no hubo seguimiento a esas investigaciones. El principal señalado, Santiago Mazari “El Carrete”, fue detenido hasta años después, cuando ya no era gobernador Graco Ramírez.
Elizabeth Lázaro Torres, la subprocuradora (después fiscal regional con el nuevo sistema de justicia penal) fue despedida después de un conflicto con su equipo de trabajo, y aunque formó parte de la terna que envió el gobernador Graco Ramírez para ser fiscal general del Estado, al final quedó fuera de la institución a la que le dedicó gran parte de su vida.
El mayor Martín Rizo Muñoz también dejó la Coordinación de la Policía Ministerial de Morelos. Se fue a Tabasco donde se hizo cargo de la Policía de Caminos y posteriormente reapareció en el estado de Guerrero, donde fue primero coordinador de la Policía Ministerial y posteriormente titular del órgano de control de la Fiscalía General.
Desde entonces, el municipio de Tetecala es considerado uno de los focos rojos en el estado de Morelos, donde diversos grupos criminales se disputan no sólo el trasiego de sustancias ilegales, sino también el control político a través de la presidencia municipal.
HASTA MAÑANA.
