A escasos 300 metros de distancia, ayer se dieron dos acontecimientos que muestran el grado de desorden que prevalece en la entidad por una causa similar: la disputa por el poder. Por un lado, una candidata a la Gubernatura del estado anunció lo que parece ser un movimiento de resistencia en contra del proceso electoral que —oficialmente— ganó su contrincante. Por el otro, 18 magistrados de un total de 22, volvieron a dejar solo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien amenazó con iniciar medidas legales en contra de ello.
Vamos por partes.
Lucy Meza, candidata de la coalición ‘Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos’, anunció que emprenderá una lucha jurídica para defender lo que asegura es la voluntad de las y los ciudadanos ante lo que llamó “el fraude electoral que desde el poder se ejecutó el pasado dos de junio”.
En una rueda de prensa, donde la acompañaron líderes estatales de la alianza que abandera, Meza Guzmán expuso la supuesta serie de irregularidades que -según ella- retiran toda certeza jurídica al proceso, por lo que adelantó que, de persistir las inconsistencias en el conteo final, se demandará la anulación de la elección para la gubernatura del estado.
“Las y los morelenses tenemos que estar atentos a los resultados finales que el día de hoy se den a conocer en los Consejos Distritales, por lo que de persistir las inconsistencias, no dudaremos en demandar la anulación de la elección para la gubernatura del estado”, dijo.
La principal anomalía en el proceso -dijo- fue que “después de realizar una exhaustiva revisión de cada una de las 2 mil 583 actas de resultados en la elección para la gubernatura del estado, observamos que en al menos mil 347 actas, equivalentes al 52%, se detectaron graves irregularidades e inconsistencias”.
Igualmente, la suspensión del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IMPEPAC, con el 64% de las actas contabilizadas, lo que para ella implica que no se tomaron en cuenta 324 mil votos. Por este motivo, acusan, se dio un resultado que carece de certeza jurídica, aunque sus detractores señalan que es una interpretación simplista que busca entorpecer las etapas que faltan del proceso electoral.
Asimismo, la candidata denunció el atraso en la instalación del 45% de las casillas, hecho reconocido por las propias autoridades electorales, y que provocó “que muchos electores se retiraran y no regresaran a emitir su voto”.
Al final de la conferencia de prensa, agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (alguna vez al servicio de Graco Ramírez, hoy al servicio de la 4T) abordaron a la candidata para “individualizarla”, lo que fue considerado como un claro intento de intimidación y persecución política, ante lo cual los diversos miembros de la coalición presentes le manifestaron que no está sola y que la respaldarán hasta las últimas consecuencias.
Los abogados que nos leen no van a creer lo que está tratando de hacer la FECC: vincular a proceso al gobernador y a los diputados que hace nueve años aprobaron un crédito bancario para uso público.
No cabe duda que en la política todo se vale.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia, también la política está tratando de inmiscuirse. Resulta que el presidente del TSJ, Jorge Gamboa Olea, citó a sesión ordinaria del Pleno para tratar diversos asuntos. Antes de iniciar, el magistrado Juan Gabriel Vargas Téllez pidió el uso de la palabra para decir que, si bien es cierto que la acción de inconstitucionalidad no alcanzó los 8 votos necesarios para declararla procedente, también lo es que 7 ministros consideran que no es dable que se prolongue el mandato del presidente del TSJ dos años más.
“Una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo y creo que, en la casa de la justicia, la legalidad y la legitimidad tienen que coincidir, porque si no coinciden, entonces tenemos una situación complicada (…) en este momento no tenemos un presidente que tenga las características de legalidad y legitimidad, por ello en este momento me retiro”.
Acto seguido se levantó de su asiento, y se retiró, siendo seguido por varios magistrados más que ya no contestaron el pase de lista de la oficial mayor. Sólo se quedaron Gamboa, Jaime Castera, Elda Flores y Alejandra Hernández. Al no existir Quorum, se suspendió la sesión.
Luego convocó a Sesión Extraordinaria, a la que acudieron los mismos cinco antes mencionados y se incorporaron Rafael Brito, Anahí Bahena y Miriam Janet Uribe. Con ocho magistrados no alcanzaron el Quorum legal, por lo que el presidente ordenó a la secretaria general que diera cuenta a las autoridades federales de la imposibilidad de llevar a cabo la sesión, en la que se daría cumplimiento a una ejecutoria de un Juzgado de Distrito en el amparo promovido por la ex magistrada Leticia Taboada.
A las 11 de la mañana Jorge Gamboa Olea convocó a conferencia de prensa en la que advirtió que los magistrados que no acudieron a la sesión de Pleno pueden incurrir en responsabilidades de todo tipo.
Dijo que la representación oficial del Poder Judicial del Estado de Morelos se encuentra legal y legítimamente representada por él, quien con base en la última reforma del artículo 94 de la Constitución local y el artículo tercero transitorio, la duración del periodo de su cargo será por única ocasión por un periodo de cuatro años a partir de su designación, lo que significa que su mandato concluirá en mayo del año 2026.
“Más aún, como es de todos sabido, tras el reciente análisis y discusión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la reforma en comento quedó validada y por ende se encuentra vigente”, agregó.
—Moralmente usted está legitimado— preguntó un reportero.
—¿Moralmente? Aquí opera la ley no la moral— contestó, visiblemente molesto.
HASTA MAÑANA.
