Ya hemos mencionado en esta misma columna que, tras conocer que su hijastro había sido derrotado estrepitosamente en las urnas, el entonces gobernador Graco Ramírez comenzó a hacer una serie de maniobras jurídico-legislativas para evitar que su sucesor Cuauhtémoc Blanco pudiera cumplir su promesa de campaña de meterlo a la cárcel.
La más importante fue la designación de un fiscal general a modo que evadiera el cambio sexenal. Con la ayuda de los 21 diputados que mantenía como sus empleados (hasta los mandó uniformar), Graco Ramírez designó a Uriel Carmona como titular de la Fiscalía General del Estado por un periodo de nueve años.
A la par, mandó desaparecer varios fideicomisos que habían inventado en su sexenio con la finalidad de disponer de recursos sin tener que dar cuentas a nadie. Sus asesores se pusieron a analizar las áreas en las que el nuevo gobierno podría encontrar motivos para una inminente persecución política. Detectaron que una de las dependencias donde hubo mayor dispendio de recursos fueron los albergues del Sistema DIF. “Quítenle el control de los albergues al DIF y dénselo a la Fiscalía”, ordenó.
Así, el 11 de julio de 2018 se publicó en el periódico “Tierra y Libertad” el decreto en el que se ordena adscribir a la Fiscalía General del Estado la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, “estimando pertinente que los albergues o centros de asistencia social que hasta ahora ha tenido a su cargo la Dirección de Centros de Asistencia Social del Sistema Estatal DIF Morelos, se transfieran también para coadyuvar en las funciones de acogida y resguardo a cargo de esa Procuraduría”, dice la iniciativa de reforma que casualmente propuso el Partido de la Revolución Democrática.
Con todo lo anterior, aún quedaba la posibilidad de que la nueva administración pudiera iniciar procesos administrativos e incluso penales contra los que ya se iban, ya que existe desde 2011 una Ley de Entrega Recepción de la administración pública y los Ayuntamientos y en febrero del 2018 ya se habían publicado los “Lineamientos para el proceso de entrega-recepción del Poder Ejecutivo Estatal por cuanto a la Administración Pública 2012 – 2018”.
“Marrullero” por naturaleza, Graco o alguno de sus asesores tuvo una idea: modificar los lineamientos, para lo cual no se necesitaba la aprobación del Congreso.
Así, el 13 de julio de 2018, se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, el “decreto por el que se reforma el Acuerdo por el que se establecen Lineamientos para el proceso de Entrega Recepción del Poder Ejecutivo Estatal por cuanto a la Administración Pública 2012 – 2018”.
Ahí, en una edición de “alcance” de la publicación del periódico oficial, en medio de cuatro cuartillas llenas de “paja”, iba una frase que daba al traste con toda la Ley y sus lineamientos: “…sin que esto implique la entrega de documentación alguna”.
Es decir, que los funcionarios que ya se iban tenían la obligación de mostrarles a los nuevos todas las oficinas, presentarles a los trabajadores, proporcionarles cualquier dato, pero no podrían entregarles NINGUN DOCUMENTO FIRMADO.
En opinión de los que integraban la Comisión de Enlace de Cuauhtémoc Blanco, la reforma dejaba el proceso de entrega-recepción en reuniones en las que los funcionarios salientes simplemente darían datos de manera verbal a los funcionarios entrantes, sin que exista sobre la mesa documentación que sirva de evidencia de que, efectivamente, ese sea el estado que guardan los asuntos.
“Esa información la podemos obtener consultando la página de internet del gobierno del estado”, ironizó uno de los integrantes de aquella comisión de enlace en 2018.
Todo esto viene a colación porque el pasado viernes se llevó a cabo la primera sesión en la que formalmente quedaron instaladas las Comisiones de Enlace para el Proceso de Entrega-Recepción de las administraciones entrante y saliente del Gobierno del estado de Morelos.
El encuentro se realizó en el Salón Morelos de Palacio de Gobierno, donde las y los integrantes de ambas comisiones, designadas por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y la gobernadora electa, Margarita González Saravia, respectivamente, definieron el mecanismo de trabajo a seguir durante el procedimiento de la sucesión gubernamental.
Por parte del Gobierno estatal 2018-2024, la comisión la integran José Israel Calderón Reyes, jefe de la Oficina de la Gubernatura; Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno; José Gerardo López Huérfano, secretario de Hacienda; Saúl Chavelas Bahena, encargado de despacho de la Secretaría de Administración; Leticia Nolasco Ortigoza, secretaria de Obras Públicas, y América Berenice Jiménez Molina, secretaria de la Contraloría.
Tal como lo adelantamos, la gobernadora electa mandó un oficio al gobernador Cuauhtémoc Blanco designando como integrantes del equipo de transición a Héctor Javier García Chávez, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, Mirna Zavala Zúñiga, Jorge Salazar Acosta, Carlos Miguel Pérez Herrera y Arturo Roberto Ponce Rivera.
En un segundo oficio, agregó a Juan Salgado Brito y Alejandra Pani Barragán (ambos ex diputados federales), quienes se presentaron a la reunión en Palacio de Gobierno el viernes.
Después de las presentaciones de rigor, la secretaria de la Contraloría presentó la propuesta de calendario de sesiones de las comisiones entrante y saliente, así como de mesas informativas, mismas que se desarrollarán en los meses de julio, agosto y septiembre.
América Berenice Jiménez explicó que en las mesas de información se expondrá el estado que guardan los asuntos y recursos financieros, humanos, materiales, obras, programas jurídicos y generales, por parte de cada uno de los titulares o de los enlaces designados por la administración pública saliente.
Un detalle interesante: es la segunda vez que participa en calidad de “recibiente” la todavía diputada local Mirna Zavala Zúñiga, quien fuera designada por el gobernador Blanco Bravo como secretaria de Administración. Hoy, todo parece indicar que ocupará el mismo cargo.
Otro detalle: El pasado 14 de junio se publicó en el Periódico Oficial los nuevos lineamientos, estableciendo que “se abrogan los Lineamientos para los Procedimientos de Entrega Recepción de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6278, de 07 de febrero de 2024”.
Sin embargo, nada dice del “alcance” publicado el 13 de julio del 2018 que “se sacó de la manga” Graco Ramírez cuando supo que su sucesor no sería Rodrigo Gayosso.
HASTA MAÑANA.
