Más de 25 organizaciones defensoras de Derechos Humanos firmaron un pronunciamiento en el que exigen la intervención inmediata de las autoridades federales para evitar que las mujeres internas en el CEFERESO 16 se sigan suicidando.

El pasado 24 de junio de 2024, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) confirmó a través de sus redes sociales la muerte de otra mujer el 20 de junio, bajo la custodia del gobierno federal en el CEFERESO 16, ubicado en el municipio morelense de Coatlán del Río.

Este trágico suceso se suma a 14 muertes anteriores en menos de 3 años, evidenciando un patrón alarmante de negligencia y falta de protección en este centro penitenciario. La repetición de estos incidentes muestra una grave falla sistemática en la supervisión y el cuidado de las mujeres privadas de libertad, lo que demanda una respuesta inmediata y efectiva de las autoridades.

A esta muerte la antecede el fallecimiento de otra mujer el pasado 30 de mayo. En respuesta, más de 60 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y defensores de derechos humanos nos hemos pronunciado, exigiendo justicia y medidas concretas. Sin embargo, hasta la fecha, la única respuesta oficial ha venido del IFDP, que ha expresado su preocupación por los hechos ocurridos en el CEFERESO 16. Esta falta de acción por parte de otras autoridades responsables subraya la urgencia de una intervención robusta y coordinada para abordar esta crisis humanitaria y asegurar que no se pierdan más vidas bajo la custodia estatal.

La denuncia pública por parte de la Defensoría y las acciones judiciales que han emprendido se suman a los informes y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, así como las diversas exigencias realizadas por las organizaciones de la sociedad civil en estos últimos años.

Estos informes y recomendaciones han documentado sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos dentro del CEFERESO 16, incluyendo negligencia en la atención médica, falta de protocolos adecuados para la prevención del suicidio y condiciones de detención inhumanas. La evidencia acumulada resalta no solo la gravedad de la situación, sino también la urgente necesidad de una respuesta integral que aborde las causas subyacentes de estos abusos.

“La necesidad de tomar acciones urgentes y efectivas por parte de todas las autoridades co-responsables, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Morelos, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (CONAVIM), ha sido reiteradamente comunicada a las autoridades desde el año 2021, incluso antes del inicio de la ola de muertes que se ha exacerbado desde 2022. La muerte de las mujeres privadas de la libertad es un resultado directo de las omisiones de cuidado y garantía de las autoridades federales co-rresponsables y esta responsabilidad ha sido documentada en múltiples ocasiones. La falta de medidas preventivas, la insuficiencia de recursos y la inacción frente a denuncias previas han creado un ambiente de impunidad que permite que estas tragedias continúen. Es imperativo que las autoridades reconozcan su responsabilidad y tomen medidas inmediatas y concretas para proteger la vida y los derechos de las mujeres en el CEFERESO 16”, dice el oficio de las ONGs.

Aunque se trata de un centro penal federal, sólo el 53 % de las mujeres están ahí por un delito federal, mientras que el resto está siendo procesado por delitos en sus estados de origen. Esta disparidad resalta la necesidad de una revisión cuidadosa y la adecuada administración de justicia.

Además, entre las mujeres que están en el CEFERESO 16 por delitos federales, el 58 % cuenta con una sentencia, mientras que las demás están bajo la figura de prisión preventiva, lo que sugiere un uso excesivo e injusto de esta medida. Esta situación es indicativa de fallos sistémicos en el debido proceso y en la protección de los derechos humanos. Las organizaciones demandamos que se realicen investigaciones rigurosas para identificar y sancionar a las autoridades responsables de estas negligencias y abusos, y que se implementen reformas estructurales para garantizar que estas violaciones no se repitan.

La experiencia nos dice que la gran mayoría de las mujeres están presas por culpa de sus parejas. El caso de María Luisa Villanueva es el más claro ejemplo. El haber estado en el lugar equivocado, el día y la hora equivocados, y además con la persona equivocada, le llevó a pasar 25 años en la cárcel acusada de un delito que no cometió.

No conocemos físicamente la cárcel de mujeres de Coatlán del Río, pero según nos refieren empleados del Poder Judicial del Estado que han entrado a hacer notificaciones, esa cárcel es lo más parecido al infierno. Sus medidas de seguridad son tan extremas que las internas prefieren la muerte que continuar en ese lugar, pues —aseguran— estar en ese penal es la muerte en vida.

 Irónicamente, a escasos 40 kilómetros de ese lugar donde las mujeres se suicidan por las medidas de seguridad tan estrictas, hay otro donde algunos internos se quedarían después de sus condenas, si les dieran esa opción. Y esto es porque ahí tienen TODO lo que quieren.

Hablamos del Centro Estatal de Reinserción Social de Atlacholoaya, donde ha habido más de 20 asesinatos en riñas, más aparte los que fueron ultimados y sus cuerpos desaparecidos, o llevados al exterior del Penal para que los recogiera el Servicio Médico Forense. Ahí corre la droga, la prostitución es cosa de todos lo días, y el cobro de cuotas lo sabe todo mundo, hasta la máxima autoridad del estado.

Pues ¿qué creen? Este fin de semana el coordinador del sistema penitenciario, Israel Ponce de León, presumió una fotografía con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, y en un comunicado resaltó el hecho de que “los centros penitenciarios de Morelos obtuvieron calificación aprobatoria en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, sin mencionar los números.

Sólo investigando se pudo saber que la calificación fue de 7.38 en el 2023, que supera el 7.22 del año inmediato anterior. Eso es lo que está presumiendo Ponce de León, quien anda diciendo que será ratificado por el gobierno de Margarita González Saravia.

Ya nos imaginamos cómo fue que obtuvo esas 16 décimas de punto: limpiando y arreglando las instalaciones para el día de la visita de la CNDH; obligando a los internos a que dijeran que cuentan con medicinas, agua, trato digno por parte de los custodios, cuando es todo lo contrario.

Además, es bien sabido que la señora Piedra no mide “con la misma vara” a los centros penitenciarios cuyos gobiernos son de la oposición, que los que son parte de la Cuarta Transformación. Imagínense: es tal su servilismo, que ha llegado a proponer que desaparezca la CNDH porque ya no es necesaria a partir de que llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

HASTA MAÑANA.