Cuestionada sobre el tema del nuevo penal en las instalaciones de lo que era la Unidad Especializada contra el Secuestro, la gobernadora electa Margarita González Saravia “balconeó” al todavía comisionado de Seguridad Pública, Antonio Ortiz Guarneros, pues dijo que ella personalmente se comunicó con el almirante y prácticamente lo regañó por haber dado ese anuncio que provocó todo un alboroto y algunos intentos de extorsión por parte de la gente de seguridad y custodia del Penal de Atlacholoaya.
Pero ¿quién es el responsable de todo ese escándalo? Está plenamente comprobado que lo que ocasionó la inconformidad de los familiares de internos del Penal de Atlacholoaya, fue una nota publicada en un diario de Morelos, bajo el título de “En próximos días trasladarán a reos al nuevo Cereso de Morelos” (sí, reos, como en los viejos tiempos de la nota roja).
La nota, publicada el pasado 2 de septiembre, decía que “en los próximos días iniciará el traslado de Personas Privadas de su Libertad (PPL) al nuevo Centro de Readaptación Social (Cereso) del Estado de Morelos, informó Jorge Israel Ponce de León Borquez, coordinador estatal de Reinserción Social.
“Explicó que todo está listo para el traslado y por motivos de seguridad no se dará a conocer la fecha exacta, pero se debe realizar antes de que concluya está administración que es el próximo 30 de septiembre.
“Ya está programado el día y ya sabemos a quiénes se van a trasladar, por lo que estaremos informando. Serán alrededor de 800 hombres quienes llegarán al nuevo Cereso”, dijo Israel Ponce de León.
Sí, el mismo funcionario proveniente de Veracruz que hace seis años declaró que se había iniciado una investigación sobre la adquisición de un terreno de 53 hectáreas en el municipio de Yecapixtla en el sexenio de Graco Ramírez, donde se pretendía establecer un Penal, el cual nunca se construyó. Sus declaraciones fueron publicadas por el periódico El gráfico. (Graco Ramírez gastó 86 mdp en penal “fantasma” en Yecapixtla | El Gráfico Historias y noticias en un solo lugar (elgrafico.mx) el 29 de noviembre de 2018.
Ponce de León había encontrado “el hilo negro” de la corrupción. Lo que él no sabía, es que La Unión de Morelos había publicado un amplio reportaje sobre ese tema.
Efectivamente, en 2014 el gobierno de Graco Ramírez Garrido erogó un total de 86 millones de pesos, para la construcción de un “Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad” en el municipio de Yecapixtla que nunca se construyó.
Primero, le pagó 50 millones de pesos al que fuera jefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el general Arturo Cardona Marino, por 53.7 hectáreas de tierra en el municipio de Yecapixtla (por las que el militar pagó 125 mil pesos en 1992), en el predio conocido como “El Lidón”.
Luego, le pagó a la empresa “Proyectos, Estudios y Coordinación S.C.” (por adjudicación directa) 36 millones para que hiciera un estudio de factibilidad de dicha obra, mismo que dictaminó que ésta era totalmente viable.
Pero el Centro de Reinserción Social o cárcel distrital de Yecapixtla nunca se realizó.
Ni el ex coordinador de Reinserción Social, Lucio Hernández Gutiérrez, ni el ex subsecretario de Obras Públicas, Víctor Manuel Escobar Lagunas, consultados al respecto, pudieron dar una explicación del por qué se canceló la obra. “Simplemente se dejó de hablar del tema”, coincidieron ambos ex funcionarios.
Por su parte, Armando Paredes Paredes, director general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública de la Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno estatal, afirmó que el objeto del Contrato SOP-SSES-DGN.A.D.-120/2014 “no es la construcción de una obra pública, sino un proyecto ejecutivo y un estudio análisis costo de dicho proyecto”, y está considerado dentro de la Ley de Obras Públicas y Servicios.
Lo anterior, en respuesta a una solicitud de información pública, en la que concluye que el proyecto se considera como un “servicio relacionado con la Obra Pública y se llevó a cabo en los plazos contratados, por lo que su estatus es: concluido”.
Sin embargo, en opinión de ingenieros y arquitectos, aun cuando el trabajo fue realizado por el despacho de Roberto Rojas Argüelles, un experto en arquitectura penitenciaria, éste no debió costar más de 10 millones de pesos.
El convenio de apoyo financiero firmado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Gobierno del Estado de Morelos, para la transferencia de los 36 millones de pesos está clasificado por 12 años.
Aun así, se logró saber que el dinero proviene del Fondo de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), creado en 1997, que posteriormente pasó a ser el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
El vendedor no es cualquier persona. Arturo Cardona Marino es un general de División de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con fecha 1 de diciembre de 1982 causó alta como subjefe operativo del Estado Mayor Presidencial y el 1 de diciembre de 1988 como jefe del Estado Mayor Presidencial de Carlos Salinas de Gortari.
En diciembre de 1994 fue designado agregado militar de la Embajada de México en España. A partir de enero de 1997 pasó a situación de retiro, después de haber servido por 47 años al Ejército mexicano.
Según información de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el terreno de Yecapixtla sigue estando dentro del patrimonio del Gobierno del Estado de Morelos, pero sin ningún uso. Esa será una de las tareas del nuevo secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano.
HASTA EL MARTES.
