A unas horas del Grito de Independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este domingo 15 de septiembre; por lo tanto, ayer lunes 16 de septiembre entró en vigor el cambio constitucional y con ello el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para elegir los cargos de ministros, ministras, jueces, juezas, magistrados y magistradas mediante el voto popular.
“El Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de la entrada en vigor del presente Decreto. En dicha elección se elegirán la totalidad de los cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las Magistradas y Magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, en los términos del presente artículo”, se lee en el Diario Oficial.
El decreto se presenta pese a la orden del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito para suspender la publicación en el Diario Oficial como último paso antes de hacerlo oficial.
El pasado 13 de septiembre el tribunal, con residencia en Colima, ordenó suspender la publicación del decreto luego de que la organización Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. interpuso una queja por el incumplimiento de una suspensión anterior cometida por parte de diversas autoridades.
Pese a ello, la senadora Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República y próxima consejera jurídica de la presidencia de Claudia Sheinbaum, minimizó la suspensión otorgada por el tribunal en Colima.
“Son improcedentes, un poder no puede hacer eso con otro poder”, dijo al preguntarle si este amparo podía impedir que el Congreso concluya el proceso de reforma constitucional o que el presidente Andrés Manuel López Obrador firme el decreto. A contrapelo, algunos morenistas intelectuales como John Ackerman, doctor en derecho y sociólogo, hacen notar que “la reforma judicial es una conquista que cierra con broche de oro el histórico sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero que la 4T dependa de políticos como Yunes nos debe llamar a la reflexión”.
Efectivamente, a cambio de lograr el anhelado “regalo de despedida” para el presidente AMLO, los morenistas tuvieron que pactar con un político de la peor ralea. Ahí están los videos donde habla pestes de Morena y también del presidente, pero, por cuestiones meramente pragmáticas, los Yunes tuvieron una especie de “revelación divina” que les indicaba que debían votar a favor de la reforma judicial.
A cambio, el presidente de la República sólo atinó a decir: “En política siempre hay que optar entre inconvenientes, es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios”, que no es otra cosa que el “el fin justifica los medios” de Maquiavelo.
Luego, en su mensaje del domingo, emitió un discurso que suena más a buenos deseos que a realidades:
“Que los jueces, magistrados, apliquen el principio de que al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie. Que tengamos un auténtico, un verdadero Estado de Derecho, no un Estado de chueco, que se acabe la simulación”, sentenció López Obrador, quien se refirió al momento como un “día histórico”.
Hemos conversado con algunos legisladores que estudiaron la carrera de Derecho, y les hacemos ver que aplicar la ley, no siempre es sinónimo de impartir justicia. Les recordamos que en la Facultad de Derecho pasamos meses estudiando “El espíritu de las leyes”, de Montesquieu, donde dice que la separación de poderes es imprescindible para garantizar tanto el equilibrio entre los mismos como los derechos y las libertades de las personas.
Ante ello, nuestros amigos legisladores sólo se alzan de hombros. Es entendible que no puedan externar su opinión, menos votar en contra de la reforma, so pena de ser exhibidos en “La Mañanera”, así que no tienen otra respuesta que, gritar al unísono: “Es un honor estar con Obrador”.
Sin embargo, insistimos en que la política es cíclica, y viene a nuestra mente lo que nos dijo el que fuera consejero jurídico del gobernador Marco Adame cuando le preguntamos si él estaba de acuerdo con los juicios orales (sistema diseñado por USAID y puesto en marcha por el gobierno de Vicente Fox): “TENGO que estar de acuerdo”, contestó lacónico Pedro Luis Benítez Vélez.
Así las cosas, el domingo se publicó el decreto que en sus artículos transitorios establece que “el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de la entrada en vigor del presente Decreto. En dicha elección se elegirán la totalidad de los cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las Magistradas y Magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, en los términos del presente artículo”.
Agrega que las personas que se encuentren en funciones en los cargos señalados en el párrafo anterior al cierre de la convocatoria que emita el Senado serán incorporadas a los listados para participar en la elección extraordinaria del año 2025, excepto cuando manifiesten la declinación de su candidatura previo al cierre de la convocatoria o sean postuladas para un cargo o circuito judicial diverso. “En caso de no resultar electas por la ciudadanía para ejercer su encargo por un nuevo periodo, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria conforme a las disposiciones transitorias aplicables del presente Decreto”, dice.
El documento es demasiado largo y amerita un análisis minucioso, pero lo que más nos debe importar a los morelenses es por cuanto al Poder Judicial de nuestro estado.
Eso viene en el transitorio octavo, en el que textualmente ordena que “las entidades federativas tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. La renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027, en los términos y modalidades que estos determinen; en cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria del año 2025 o de la elección ordinaria del año 2027”.
Astuto como siempre, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa, ya les mandó el mensaje a los otros dos poderes: que si quieren hacer realidad la reforma judicial en los juzgados locales, deben ir apreviniendo por lo menos mil 700 millones de pesos para liquidar conforme a la ley a los 60 jueces y 22 magistrados (incluyéndolo a él) que integran el Tribunal Superior de Justicia.
Y es que los 22 magistrados (incluyendo a los que antes estaban peleados), ya aprobaron en sesión secreta una reforma que garantiza un haber de retiro para todos, sin importar el tiempo que lleven en el cargo.
HASTA MAÑANA.
