Cuando Alejandro Villarreal Gasca fue designado secretario de Hacienda por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, una de sus primeras tareas fue acudir a un juzgado penal a otorgar el perdón a Alejandro Villarreal Gasca por el delito de Peculado. Sí, era un proceso penal iniciado por el gobierno de Graco Ramírez contra el secretario de Hacienda de su antecesor, Marco Adame Castillo, pero que tardó tanto, que cuando intentaron aplicarle la ley ya estaba de vuelta en el cargo con el gobierno entrante.
Algo así le puede suceder (esperemos que no en materia penal), a la virtual secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, que es la única que ha recibido una misma oficina con dos gobiernos consecutivos.
O bien, a la virtual secretaria de Desarrollo Agropecuario, Margarita María Galeana Torres, quien deberá atender (más bien su equipo jurídico), una demanda administrativa que data del sexenio de Graco Ramírez, y que tiene que ver con un pago de casi 300 mil pesos a una empresa de servicios informáticos.
La cronología de los hechos es la siguiente:
El 2 de mayo de 2018, a unos meses de dejar el cargo, el entonces secretario de Desarrollo Agropecuario, Roberto Ruiz Silva, firmó un contrato de prestación de servicios entre el Gobierno de Morelos a través del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del estado de Morelos y la persona moral Servicios Sinsajo S de RL de CV para el “desarrollo, alojamiento, capacitación a usuarios y soporte del sistema de captura de proyectos PROCEFE para evaluación y emisión de estadísticas”, estableciéndose como contraprestación del servicio el pago de la cantidad de 298 mil pesos.
Cuando llega Margarita Galeana (después de un breve lapso de Guillermo López Ruvalcaba) a la SDA, se encuentra con que la dependencia a su cargo debe pagar 298 mil pesos por un servicio que a ella no le consta, así que firma un oficio desconociendo la deuda bajo el argumento de que los documentos de origen no se turnaron al Fideicomiso para el seguimiento del pago, ni tampoco se dejó como asunto pendiente durante el acto de entrega recepción, sin que de los archivos del Fideicomiso se haya encontrado Acuerdo del Comité Técnico por el que se haya autorizado a Roberto Ruiz Silva (secretario de Desarrollo Agropecuario) a celebrar contrato con la citada empresa.
El 25 de noviembre de 2019 la empresa en comento interpuso una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos (TJA), quedando radicada bajo el expediente TJA/3ª./300/2019, contra el gobierno del estado, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el Fideicomiso de Fomento Agropecuario, de quienes reclama la nulidad de la “ilegal negativa ficta recaída al escrito presentado con fecha 5 y 9 de abril del año 2019”.
Y en una de las sentencias más polémicas que se ha tenido memoria, el Tribunal de Justicia Administrativa resuelve que “se declara la ilegalidad y como consecuencia la nulidad lisa y llana del oficio número SDA/0005/2020 fechado el 8 de enero de 2020 suscrito por Margarita María Galeana Torres”, en su carácter de secretaria de Desarrollo Agropecuario; y como consecuencia “se condena a la autoridad demandada al pago de los 298 mil pesos”.
La dependencia (ahora ya con Katya Herrera como titular), interpone un recurso de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Distrito. En sus agravios, sostiene que el Pleno de Magistrados resolutores emitió una declaratoria de nulidad no hace una debida fundamentación y motivación respecto a la posición de sus argumentos, toda vez que al evitar analizar a detalle los motivos y fundamentos con los que se expidió dicho documento, dejan de lado su análisis correcto, el cual está debidamente soportado con las propias constancias incorporadas al juicio de origen por la moral actora desde el escrito inicial de demanda.
También, que al revisar con detenimiento dicha documental, se puede apreciar que carece de los rasgos esenciales para considerarla como un oficio, habida cuenta de la falta de sello, aunada a la falta de número de oficio, “más aún que al final de dicho escrito se advierte la leyenda ccp archivo/minutario y las iniciales del funcionario que emite es documental y no así la cadena de mando de la oficina emisora del supuesto oficio”.
Asimismo, cuestiona un oficio firmado por un funcionario menor (subdirector de Informática y estadística, Ángel Roberto Ladrón de Guevara Senties) que se da por concluido el trabajo para el que fue contratada la empresa ya mencionada, sin que tenga facultades para ello.
Con fecha 30 de septiembre de 2022, el primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito resuelve:
ÚNICO: Se sobresee en el presente juicio de amparo instado por la autoridad quejosa Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos y presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE).
Los magistrados federales no se fueron al fondo del asunto, sino que simplemente advirtieron que, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, hay una causa de improcedencia del juicio consistente en la falta de legitimación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Y es que el artículo séptimo señala que la Federación, los estados, el Distrito Federal, o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo cuando la norma, acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.
“Las autoridades del Estado tienen acceso limitado a la acción de amparo, y su legitimación para intentarlo se supedita a que el acto u omisión reclamados los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares; de no presentarse alguno de dichos supuestos, la autoridad carecerá de legitimación para la promoción de juicio, como en el caso se advierte, toda vez que la relación jurídica que vinculó a la ahora autoridad quejosa con un particular fue en un plano de supra a subordinación y no de igualdad, por lo que resulta improcedente el juicio”, dice la sentencia.
¿En qué habrá terminado este asunto? ¿Se pagó una deuda que tiene todas las características de ser “fabricada”? ¿Le ayudó el Tribunal de Justicia Administrativa a la empresa Sinsajo? ¿Le tocará a Margarita Galeana conocer de este asunto cuando asuma el cargo la semana próxima?
En un intento por conocer el desenlace del presente juicio, hicimos una solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario que encabeza (hasta el próximo lunes), Omar Taboada Nasser, pero hasta ayer no había contestado nada.
HASTA EL LUNES.
