Las filtraciones de los últimos días de supuestos aviadores en la Fiscalía General del Estado son solamente “la punta del iceberg” del gran saqueo a esa dependencia, resultado de haber dejado durante 7 años una institución “autónoma” en manos de una sola persona, que tuvo a su disposición el presupuesto más grande de la historia, que en lugar de ser utilizado para mejorar la procuración de justicia, fue desviado con el único fin de mantener en el cargo a su titular.
Nunca sabremos a cuánto asciende el monto de lo desviado durante la administración de Uriel Carmona Gándara, por una sencilla razón: el ex fiscal general del estado es un experto en Derecho que sabrá burlar fácilmente las auditorías que vengan, y sacrificará a cuanto subordinado sea necesario con tal de evadir su responsabilidad.
Era un secreto a voces que cada diputado de la anterior legislatura (algunos de ellos que se reeligieron), recibía alrededor de 200 mil pesos de parte de la Fiscalía General del Estado, pero no en efectivo ni en transferencias a sus cuentas personales, sino a través de prestanombres que debieron cubrir todos los requisitos para ser contratados por la institución.
Es decir, que cuando los auditores revisen los expedientes de los que Luis Roberto Rodríguez y Tony Díaz “balconearon” el pasado fin de semana, se encontrarán con que los mencionados firmaron sus entradas y salidas, entonces ¿cuál irregularidad?
Según esta información, el ex diputado del PRI, Eliasib Polanco se desempeñaba como asesor de la Coordinación General de Administración de la Fiscalía con un sueldo de 30 mil pesos mensuales desde marzo del 2022, es decir laboraba como legislador y funcionario. También, su suplente Álvaro Luis Vázquez tenía un salario de 45 mil pesos mensuales en la Coordinación General de Asesores de la FGEM. José Emilio Díaz Roca, hermano de la ex diputada del PSD, Nadia Josefina Díaz Roca, se desempeñaba como “profesionista” en la Coordinación General de Administración de la FGE con un sueldo de 30 mil pesos mensuales.
Hasta donde sabemos, no existe impedimento para que un diputado desempeñe un cargo aparte de su representación en el Congreso Local (por eso a su remuneración no lo llaman sueldo, sino dieta). Es totalmente inmoral, pero no ilegal. Los demás no tienen problema, y si no acudieron a laborar es responsabilidad de su jefe directo no despedirlos, no del fiscal general.
Nos extraña que no aparezcan los familiares de la exdiputada Macrina Vallejo, una de las más beneficiadas por el fiscal a cambio de protección. También nos sorprende que el cuñado de Jorge Gamboa Olea haya estado desempeñando al mismo tiempo el cargo de jefe de seguridad del TSJ y un cargo del mismo rango en la Fiscalía, cuando los titulares de ambas instituciones “no se podían ver”. Más bien creemos que se trata de un homónimo.
Lo cierto es que durante siete años Uriel Carmona hizo lo que quiso con la Fiscalía, contando con la protección de la LV Legislatura y la complicidad del Órgano Interno de Control que jamás inició los procesos administrativos correspondientes.
Y durante ese tiempo (esperemos que con la llegada de Edgar Maldonado Ceballos esto cambie) prevaleció la opacidad, o lo que es peor, una transparencia simulada. Quienes practicamos el sano ejercicio de hacer solicitudes de información nos topamos con todo tipo de marrullerías para evadir la transparencia.
Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquella vez que los escoltas del fiscal golpearon a un par de jóvenes a los que acusaron de intentar hacerle daño al funcionario? Pues tuvimos conocimiento de que el asunto terminó con el pago de una cantidad bastante considerable para que los jóvenes desistieran de su denuncia por lesiones. A nuestra solicitud de información recayó una resolución de la Unidad de Transparencia que “tras el debido análisis de su contenido se advierte que el asunto materia de su solicitud es competencia de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos”.
Cuando solicitamos la lista de vehículos adquiridos durante 2022 con sus respectivas características (blindaje, accesorios de seguridad, etc.) se nos contestó diciendo que durante esa anualidad se habían adquirido 14 vehículos con una erogación de cinco millones 224 mil pesos. “En ese sentido, se estima atendida la presente solicitud, resultando importante precisar que esta autoridad se encuentra impedida a proporcionar la información relativa a las características específicas de los vehículos, en virtud de que la misma se considera estrictamente reservada, de conformidad con el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
A la petición de “copia simple del documento que contenga los gastos de difusión erogados por esa institución durante el año 2022, indicando nombre de la empresa o persona física, cantidad pagada y concepto”, nos contestaron que, de acuerdo con lo establecido en el criterio 03/2017 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, “no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información” y nos remitieron a la Plataforma Nacional de Transparencia.
La organización “Morelos Rinde Cuentas”, dedicada a realizar solicitudes de información pública, corrió con la misma suerte. Rechazó dar información sobre nóminas, personal con contratos de prestación de servicios y listas de proveedores.
Consultando la Plataforma Nacional de Transparencia pudo acreditar adjudicaciones directas en el 2022 a Karina Castrejón Juárez por 3 millones 977 mil pesos; a Comercializadora Ruvak por dos millones 233 mil pesos; a Emiré Vargas Escobar por un millón 999 mil pesos; a Salomón Pérez Román por un millón 100 mil pesos, y a Silvia Álvarez Báez por un millón 86 mil pesos.
“Pero los montos de gastos en las cuentas públicas son más altos, o sea, no suben todas las facturas a la Plataforma Nacional de Transparencia”, explica Roberto Salinas, representante de Morelos Rinde Cuentas.
De lo poco que han podido comprobar -pero no con información de la Fiscalía sino del análisis de las cuentas públicas- es que esa institución tuvo un incremento sustancial en los últimos dos años, al pasar de 906 millones de pesos en 2022, a mil 222 millones en 2023 y mil 241 millones de pesos en 2024.
Esperemos que algún día sepamos exactamente cuántos “aviadores” hubo y cuánto se pagó en “moches”. Aunque sea sólo para saber, porque esperar que se castigue a los responsables es francamente utópico.
Hay tres preguntas fundamentales en este tema: ¿Cuánto se pagó a medios nacionales a través de Sergio Martínez para la defensa mediática del fiscal durante la crisis del caso “Ariadna”? ¿De dónde salió el dinero para pagarle al abogado Gabriel Regino, quien lo defendió cuando estuvo preso? ¿Dónde está el dinero del helicóptero que no se compró?
HASTA MAÑANA.
