Si la adolescencia es difícil para menores que crecen en condiciones “normales”, ahora imagínese cómo es carecer de la figura paterna o materna, o ambas; y que en lugar de un hogar en el seno de una familia, lleguen a esta etapa en unas instalaciones parecidas a una cárcel en pleno desarrollo psicosexual y físico, y muchas veces con adicciones.

Por eso es digno de reconocerse la labor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a través de los albergues para niños, niñas y adolescentes, para tratar de que estos menores de edad se integren plenamente a la sociedad, y que si no es posible hacerlos personas de bien, por lo menos no caigan en un centro de reclusión donde sí estén privadas de su libertad por orden de un juez.

En los últimos días ha trascendido el caso de dos jovencitas que se escaparon del Centro de Asistencia Social (CAS) ubicado en el municipio de Temixco, una de nombre Karla Amairani y otra Kenia Guzmán Maravilla, ambas de 15 años, desde el pasado 15 de abril.

La Fiscalía General del Estado de Morelos emitió fichas de búsqueda para localizar a las dos adolescentes que escaparon alrededor de las 18:02 horas, aprovechando una omisión en la seguridad del portón de acceso principal, que fue dejado sin llave.

De acuerdo con el reporte oficial, minutos antes de la fuga ingresó un vehículo TIIDA blanco conducido por un ingeniero del lugar. Este vehículo ascendió hasta la explanada del albergue, pero el guardia olvidó verificar que el portón quedara cerrado con llave.

Al darse cuenta de su error y salir de su caseta, observó a dos personas adolescentes correr hacia el portón, que ya se encontraba abierto. A pesar de que intentaron detenerlas, no lograron alcanzarlas, según declaró una cuidadora que intentó perseguirlas sin éxito.

Horas después, alrededor de las 21:30 horas, la oficial perteneciente a la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA) fue regañada por la Procuradora de Niñas, Niños y Adolescentes, Kenia Lugo Delgado, y por la directora del centro, Sandra Marcela Jasso. Ambas le cuestionaron por qué no detuvo a las personas adolescentes, y cómo era posible que ellas supieran que el portón estaba sin llave, sugiriendo un posible acuerdo con gente del exterior para facilitar la fuga.

La mujer policía argumentó que fue una omisión involuntaria y negó conocer a las personas adolescentes o tener contacto con sus familias. También rechazó cualquier señalamiento sobre haber facilitado la fuga.

Aquí hay que mencionar que el Centro de Asistencia Social no es una “correccional” en la que los menores estén purgando una condena por conductas antisociales, sino un albergue para hombres y mujeres donde se les proporciona alimentos y estudios para que puedan dedicarse a una actividad lícita cuando cumplan los 18 años.

Sin embargo, en los últimos meses extrabajadores despedidos señalaron al actual subdirector del CASA, Bernardo Melgar Leyva, como presunto responsable de actos de acoso sexual, maltrato y omisiones de cuidado en perjuicio tanto de personas adolescentes bajo resguardo, como de empleadas de la institución.

Específicamente se habla de una adolescente de iniciales M. G. V. R., quien el 20 de diciembre de 2024 fue trasladada para su reintegración familiar y durante el trayecto en un vehículo oficial presuntamente la joven fue víctima de “tocamientos inapropiados” por parte del subdirector Melgar Leyva.

También se reporta un presunto caso de acoso sexual en contra de una psicóloga identificada como Tania G., quien, de acuerdo con su testimonio, fue persuadida de no presentar denuncia formal ante la Fiscalía.

Hasta el momento de redactar la presente columna, ninguna autoridad estatal había emitido posición respecto a este caso.

No es la primera vez que este Centro de Asistencia Social para Adolescentes ubicado en el municipio de Temixco es señalado como escenario de irregularidades.

El 23 de febrero de 2021 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos recibió el reporte de que los adolescentes del CCAS estaban siendo maltratados por policías estatales, por lo que visitadores de ese organismo hicieron acto de presencia.

Sin embargo, con lo que no contaban es que su entrada sería impedida por el entonces procurador de la Familia, Rafael Brito Miranda. Durante más de hora y media, el funcionario obstaculizó las labores de los servidores públicos, primero con el pretexto de que debían cumplir con los protocolos del Covid, y después, exigiéndole una petición por escrito.

Relataron que pasó más de una hora antes de que los funcionarios del Gobierno de Morelos les permitieran finalmente la entrada, solo a un número reducido de trabajadores, al recinto. “Las autoridades de la Procuraduría de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia mostraron resistencia y obstrucción para el correcto desarrollo de las diligencias. Dilataron por 1 hora 15 minutos el acceso del personal de ambos organismos. Despojaron de sus instrumentos de trabajo al personal del Organismo Local, refiriendo que de lo contrario no se le permitiría el acceso”, detallaron.

También refieren que tras cuatro horas de espera, no se permitió al personal de ninguno de los dos organismos entrevistar a los menores en condiciones que fueran dignas y con privacidad.

La polémica escaló hasta instancias internacionales con presencia en México. Tal es el caso de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Mediante un hilo en su cuenta oficial de Twitter, la instancia regional del organismo fijó su postura ante los hechos:

“En relación con la situación de 13 adolescentes trasladados a un centro de atención de adicciones privado de #Morelos tras una protesta en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes del @DIF_Morelos y la obstaculización del legítimo intento de la @cdh_morelos y del Mecanismo Nacional de Prevención de la #Tortura de ingresar al Centro para continuar la investigación de las violaciones de #DDHH y supervisar las condiciones de detención de los adolescentes, la ONU-DH recuerda que, de acuerdo a estándares intl. de #DDHH, los albergues del @DIF_Morelos y los centros de adicciones son lugares de privación de libertad, por lo que su personal debe facilitar acceso a las instituciones que velan por los #DDHH de las personas internas”, advirtieron.

Entonces, la ONU-DH hizo hincapié también en que, de acuerdo con las leyes contra la tortura en México, el impedir la entrada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a los lugares de detención constituye un delito.

Una fotografía filtrada al periódico Reforma, muestra a adolescentes con el torso desnudo con las manos en la cabeza y mirando a la pared bajo vigilancia de policías uniformados. Asimismo, se filtró también un audio en el que directivos de la PIBA aleccionan a sus elementos para que coincidan en sus declaraciones omitiendo que al llegar al Centro de Convivencia para Adolescentes sí tuvieron que utilizar la fuerza para controlar lo que parecía un motín de internos.

HASTA EL VIERNES.