Desde el pasado 5 de diciembre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, declaró que la legislación propuesta en México que consagraría la función de las fuerzas armadas en tareas de cumplimiento de la ley era “un proyecto muy preocupante”, que contempla que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas.

Según lo señalado también por el Alto Comisionado, la ambigüedad del proyecto de ley es “muy inquietante” y se corre el riesgo de que sus normas se puedan aplicar de forma amplia y arbitraria, al tiempo de agregar que las disposiciones contempladas podrían debilitar los incentivos de las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes de la ley.

En un comunicado, Zeid anotó que “más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra la droga, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.

Por lo que en vez de que se prosiguiera con el trámite de aprobación de la ley en el Senado, el Alto Comisionado recomendaba “un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grupos de expertos y miembros de la sociedad civil mexicana”.

Mientras que el pasado 14 de diciembre, diversos expertos de la ONU advirtieron que el proyecto de Ley de Seguridad Interior supone riesgo para los derechos humanos y debería ser rechazado: “Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles", apuntaron en una declaración conjunta.

También añadieron que “el Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos”; lo anterior, ya que “no prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”

Indicaron que el Proyecto de Ley “es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta”.

Importante es destacar lo que indicó el grupo de expertos respecto a los derechos humanos: “El creciente papel de las fuerzas armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad".

No se puede dejar de mencionar otro punto señalado por el grupo de expertos, respecto a la recomendación que los mecanismos de la ONU han recomendado durante años para que se restrinjan las funciones de las fuerzas armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a sus miembros que hayan cometido violaciones de derechos humanos, en las que se incluyen los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.

El grupo también recordó la recomendación formulada en 2011 al gobierno mexicano por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las fuerzas armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública, remarcando que tal recomendación se con base en la historia en las últimas décadas del continente americano, “donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad”.

Los expertos que emitieron la declaración conjunta son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Joe Cannataci, relator especial sobre el derecho a la privacidad; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición, y David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Cabe referir que los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos: el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, cuya labor está relacionada con los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo.

Es importante resaltar que los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria, ya que no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor; son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual, según ha indicado el organismo internacional.

El grupo de expertos aseveró que cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles, además de prever “la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos”.

“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales", anotaron.

Finalmente, el pasado 15 de diciembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) calificó de “lamentable” la aprobación de la Ley de Seguridad Interior: “Para la Oficina es lamentable que la Ley de Seguridad Interior haya sido aprobada. Realmente sentimos que no es un paso positivo. Para nosotros lo más importante es enfocarse realmente en fortalecer las capacidades de la policía y no convertir a las fuerzas armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”, apuntó mediante un tuit en su cuenta de red social la portavoz de la ONU-DH, Elizabeth Throssell. Coincidimos.