En la exposición (itinerante en varios países y que también fue inaugurada en Cuernavaca, Morelos, en conocido centro cultural del centro de la ciudad, en abril del 2013) es factible observar diversos instrumentos de ejecución o pena capital, de humillación pública y de tortura en sí. Varios de ellos, originales y que se remontan a los siglos VXI y XVIII, siendo otros “reconstrucciones filológicas” de los siglos XIX y XX. Una colección única en el mundo.
Lorenzo Cantini también es el autor de las palabras de reflexión que pueden leerse en la “Guía bilingüe de la exposición de Instrumentos de Tortura”, y se expresa en estos términos: “Es un grave error considerar la tortura como un simple hecho histórico, una costumbre de tiempos pasados y de determinados lugares, un procedimiento codificado y racionalizado que los poderes seculares y eclesiásticos infligían según preceptos superados ahora a través de la evolución social, política y moral”.
Y agrega: “Estas ilusiones reconfortantes adormecen la conciencia colectiva y entorpecen la vigilancia contra un peligro real y omnipresente, incluso entre nosotros. En realidad, la tortura no conoce épocas, no requiere procedimientos particulares, ni ambientes, ni medios especiales (…) es la sed de sangre congénita y la capacidad del hombre de gozar con la agonía de sus semejantes, la que genera y perpetúa estas estructuras sociales”.
El comentario se relaciona con un incidente reciente, comentado en diversos medios de comunicación y protagonizado entre el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, y el subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del gobierno mexicano, embajador Juan Manuel Gómez Robledo.
El relator emitió las conclusiones del informe sobre la visita que hizo a México del 21 de abril al 2 de mayo pasado, mediante documento de fecha 29 de diciembre de 2014 e identificado como A/HRC/28/68/Add.3 y en el cual el primero de los párrafos que puede leerse es el siguiente: “La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación. El relator especial identificó varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y recomienda medidas para atenderlas. Observó también serios problemas en las condiciones de detención, especialmente hacinamiento”.
Además, se apunta que “el relator especial llama al Gobierno a implementar prontamente sus recomendaciones y a la comunidad internacional a asistir a México en su lucha para eliminar la tortura y los malos tratos, revertir la impunidad y garantizar la reparación integral de las víctimas”.
Al momento en que se escribe este espacio dominical, aún es “Sábado Santo”: un día de reflexión y silencio. Y respecto a los párrafos que anteceden, relacionados con las conclusiones del relator de la ONU sobre la situación de las víctimas de la tortura en México, es imposible omitir el comentario: “Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.
Claro, la frase que capturó la atención de los periodistas, tanto de medios nacionales como internacionales, se localiza en un párrafo aparte, y es la siguiente: “La tortura y los malos tratos en la detención son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”. ¿Será?
En el reporte se lleva a cabo, además, una revisión de los fallos del sistema de seguridad mexicano y son pocos los que escapan a la crítica. “Hay evidencias de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de la tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”: letras que conjuntan una realidad difícil de negar en nuestro país.
En el documento identificado como A/HRC/28/68/Add.3 también se expone que “es dificultoso conocer un número real de casos de torturas. No existe actualmente un registro nacional de casos y cada entidad tiene datos propios. Asimismo, muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad”. Además, “la tortura se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria”.
El primer día de este mes el relator de la ONU, Juan E. Méndez, señala en otro documento dirigido al embajador Juan Manuel Gómez Robledo, que a lo largo de su carrera en derechos humanos, y a partir de mediados de 1980, ha visitado México en varias oportunidades, incluyendo visitas en calidad de relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin ver su integridad ni su ética cuestionadas, “hasta ahora”. Y concluye que “a pesar del lenguaje ofensivo que ha sido publicado en México para referirse a mi persona”, mantiene “inalterada” su actitud de diálogo constructivo, proponiendo una visita de seguimiento en el presente año o en 2016, para discutir las recomendaciones y el estado de su implementación.
Podríamos repetir en este día lo que ya se comentó en Panóptico Rojo el domingo 7 de septiembre de 2014, en la columna titulada “Quaestio” y en la que se destacó que “si es una aberración que la tortura exista en el siglo XXI, es horrendo que cerremos los ojos ante ello”. Se concluyó que “en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de investigar cualquier denuncia o información relativa a torturas”. Y por último, se formuló una pregunta: ¿Logrará México cumplir el compromiso de implementar políticas y acciones que erradiquen cualquier acto de tortura? El cuestionamiento sigue siendo válido este día y, por desgracia, durante un largo tiempo.
