Pendientes de la Democracia
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Obsoleto el discurso y/o la revolución mexicana

Para poder satisfacer la esencia de los reclamos sociales que provocaron la movilización nacional de principios del Siglo XX, a la que los historiadores le adjudicaron el triunfalista nombre de “Revolución Mexicana”. 


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Le corresponde a la actual clase gobernante la consideración en relación a declarar en desuso invocar a la Revolución Mexicana en los discursos gubernamentales, si con esto impactan el ánimo de quienes hoy están decepcionados de “la democracia y del gobierno que de ella emana”. Por diversas causas, existen en el sistema de partidos en México, dos organizaciones que incluyen hoy el término “Revolución” en la construcción de su nombre: el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Uno lo utiliza desde su fundación en 1929 y el otro como consecuencia del movimiento político electoral que le dio origen en 1989. Una revolución es un cambio social fundamental en la estructura de poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto. Se reconocen dos tipos de revoluciones políticas: el cambio completo que incluye hasta la Constitución y la modificación desde una Constitución existente.
Fueron dos los principios en relación a los cuales se dio la movilización social de México a principios del Siglo XX: “El sufragio efectivo, no reelección”, que reclamaba el norte del país, región que había logrado un crecimiento económico y social diferente al del sur del país, pero que consideraba indispensable rediseñar el sistema político mexicano, que había permitido la continuidad de una gestión gubernamental que cumplía tres décadas sin enfrentar una “legítima calificación social” (se desarrollaron procesos electorales, que garantizaban el triunfo del organizador y gobernante).
El segundo principio reclamó además un reparto equitativo de la riqueza que se estaba generando y que era concentrada en una cuantas manos, “La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos”, fue la aportación que el estado de Morelos, que a través de Emiliano Zapata realizó aquella movilización social que hoy sigue siendo considerada incumplida, en condiciones que hoy pueden advertir que se impulsaron cambios de propietarios y se garantizó la permanencia de los sistemas.
El que se entregue la rediseñe la distribución de la riqueza que se genera a través de las actividades agrícolas es un tema pendiente que es recurrente en los procesos electorales y totalmente desatendido en los periodos gubernamentales, Morelos es “ejemplo nacional” de esa condición, durante todos los gobiernos posteriores al “triunfo de la Revolución Mexicana” era tradición no escrita que uno de los primeros eventos públicos a los que acudía el Presidente al inicio de su gestión, era la conmemoración del aniversario de la proclamación de la ley agraria que se celebraba en Veracruz los primeros días de enero del primer año de cada sexenio.
El 6 de enero de 1915, el presidente Venustiano Carranza promulgó en Veracruz la ley agraria para rescatar los objetivos fundamentales de las luchas agrarias, sus puntos principales fueron la repartición y la distribución de propiedades, mediante la incautación de haciendas, la intención fue restituir gran parte de las tierras arrebatadas a sus verdaderos dueños por una errada interpretación legislativa en la materia, así como impulsar la Comisión Nacional Agraria (CNA) y la creación de comisiones locales agrarias.
En aquellos discursos los titulares del Poder Ejecutivo en turno, insistían a través de los mensajes que externaban, que se estaban cumpliendo “ahora sí” los objetivos y los retos que la Revolución Mexicana había marcado, entre los que destacó de manera invariable el reparto equitativo de la riqueza a partir de la distribución de la propiedad de la tenencia de la tierra.
Morelos fue una de las primeras entidades en las que se advirtió que ya no existían “tierras para repartir”, ya que se habían acabado aquí los “latifundios” y que en los ejidos y las comunidades estaba en soporte de la próxima “bonanza”.

SUFRAGIO EFECTIVO

El informe 2013 de Corporación Latinobarómetro señala: “México tuvo alternancia en el poder después de 72 años de hegemonía del PRI, en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox. En ese momento el apoyo a la democracia alcanzaba 44%. El apoyo a la democracia tardó dos años, no fue hasta 2002 que aumenta a 63% manteniéndose alto durante todo el resto de la presidencia de Vicente Fox terminando con 59% en 2005. Felipe Calderón lo sucede e inaugura su gobierno con un 54% en 2006 para bajar rápidamente a 48% en 2007. La democracia no se recupera en el periodo de Felipe Calderón llegando a un mínimo de 40% en 2011.
En 2012 vuelve el PRI al poder con Enrique Peña Nieto y México tiene en 2013 sólo un 37% de su población que apoya a la democracia.
El caso de México es uno donde la alternancia en el poder no produce un impacto inmediato sobre el apoyo a la democracia y después de un repunte se produce una pérdida sostenida. En 2013 México ha perdido 12 puntos porcentuales de apoyo a la democracia respecto del promedio 1995 - 2013.
No es objeto de este informe entrar en las profundas causas de este fenómeno que afecta a México, pero la violencia y el narcotráfico son parte importante de la explicación. La vuelta del PRI después de escasos dos gobiernos es sintomática de la búsqueda de una solución no a problemas políticos sino más bien de la sociedad mexicana y la violencia. La alternancia en el poder no soluciona los problemas del país. Al igual que en Paraguay, donde vuelve también el viejo partido dominante después de un corto tiempo. Son casos de alternancias poco exitosas”.
El documento dado a conocer el 1 de noviembre, en donde se estudia la percepción social que sobre la democracia tienen los pobladores de diversos países de Latinoamérica, se indica que en 1995 el 49 por ciento de los mexicanos deseaba la democracia, el 15 por ciento aceptaba un gobierno autoritario y el 22 por ciento era indeciso o le daba lo mismo. En el 2000 el 44 por ciento quiso la democracia, el 34 por ciento un gobierno autoritario y el 20 por ciento le dio lo mismo, no respondieron el 2 por ciento. En 2013 el 37 por ciento prefiere la democracia, el 16 por ciento el autoritarismo, el 37 por ciento le da lo mismo y el 10 por ciento no respondió.
En la introducción advierte que a nivel regional: “la década de América Latina anunciada en 2010 se confirma con los datos 2013. América Latina vive un momento disminución de la pobreza, aumento de la educación, aumento del crecimiento económico, que ha proporcionado el mayor nivel de satisfacción de vida desde 1995.
La precariedad, la pobreza, la desigualdad, la discriminación, siguen siendo, sin embargo, el talón de Aquiles de la región, que de alguna manera le impide pasar al siguiente escalón. La democracia se ve retenida por la desigualdad en el acceso a bienes políticos y también bienes económicos.
En total un 68% de la región se ubica en la clase baja, un 30% en la clase media que va en aumento y un 2% en la clase alta. Ese 68% de clase baja tiene la mitad de sus integrantes en situación precaria, a algunos no les alcanza para comprar alimento.
Tenemos con ello dos américas latinas: la que disfruta de los beneficios del crecimiento y la que mira como disfrutan los otros. Veremos más y más las protestas como manifestación de una ciudadanía consciente de las deficiencias del sistema económico, político y social. Hay demanda por más democracia”.
La percepción de los morelenses, es similar a la que advierte el estudio que sobre México realizó la organización de origen chileno que realiza estudios desde 1995, poca importancia le dan al lugar “privilegiado” que en el estudio de los movimientos sociales del Siglo XX, conquistó Emiliano Zapata Salazar a las nuevas generaciones para las cuales el discurso y el movimiento social de principios del Siglo XX les genera poca importancia, no fue un tema importante en su educación, quizá presentaron un examen de historia sobre ese periodo y sus respuestas fueron trasladadas desde los textos, sin mediar la intención de comprender las condiciones y consecuencias que significó aquella movilización. El reclamo de mayor democracia que se planteó no se cumplió, sólo se construyeron organismos burocratizados y partidizados, para organizar elecciones para cubrir espacios de representación popular y de administración pública, los temas de la agenda nacional, como las grandes reformas estructurales siguen “complicándose” bajo la perspectiva de que deben “analizarse” en los espacios de coalición y consensos, en donde sólo tienen voz y voto las burocracias de los partidos políticos, la sociedad y los ciudadanos están excluidos y sometidos a las determinaciones del “primer círculo”.

EL REPARTO EQUITATIVO DE LA RIQUEZA
La gobernabilidad democrática entraña varios retos, entre ellos el diseño de mecanismos e instrumentos para la toma de decisiones consensuadas, en el marco del proceso de dirección y concertación políticas, señala Carlos Arce Tena en su libro “La gobernabilidad democrática, una perspectiva para el desarrollo”.
Esta idea contempla una variedad de acciones que realiza el sistema de gobierno ampliado, con el propósito de regular los conflictos intersociales, ejercer los atributos soberanos referentes a la autodeterminación, a la capacidad financiera para el uso adecuado de los recursos, a la capacidad de distribuir los beneficios que puedan dar tranquilidad a la conducta social, reducir la sobrecarga de demandas, organizar la oferta productiva de bienes y servicios públicos y generar la paz social.
La gobernabilidad –agrega- se debe a la legitimidad y legalidad de los actos públicos, al consenso en la dirección y auto conducción de la sociedad y la capacidad para plantear objetivos que eviten situaciones disfuncionales.
La crisis de gobernabilidad implica la ruptura radical de la estabilidad y el orden, ahí el estado de derecho constitucional se involucra en asuntos políticos a fin de restablecer el equilibrio en el poder y la gobernabilidad, los asuntos que solucionaban los políticos ahora los ventilan los jueces, donde se dirimen las controversias provocadas por los políticos, así se judicializa la política en respuesta a una situación disfuncional, el proceso judicial no corresponde a condiciones políticas, lo que dificulta en consenso y la construcción de acuerdos dentro de la actividad gubernamental, con frecuencia se enfrentan los órganos de poder del estado y se desacredita la imagen de los actores involucrados.
El reparto agrario no fue una “concesión gratuita” de la nueva clase gobernante, sabían que formaba parte del proceso de “pacificación” sobre todo en el sur del país, sin embargo su realización no cumplió con las expectativas.
Morelos ejemplifica las consecuencias del “reparto agrario” carente de un proyecto que permitiera resolver la esencia de aquel reclamo, generar condiciones para que los agricultores pudieran generar riqueza para ellos y sus familias, a través de la ordenada explotación de la tierra y de los productos que la misma genera.
En la hemeroteca de Morelos están inscritos los discursos de presidentes y gobernadores, que durante la época del reparto agrario, en las conmemoraciones de la Revolución Mexicana, las fechas significativas en relación a Emiliano Zapata, la conmemoración de la ley agraria y hasta en los aniversarios de los partidos políticos (PRI y PRD), se establecieron compromisos para atender el histórico reclamo de justicia social para los integrantes del primer sector de la economía, ningún compromiso se cumplió, eso convierte al discurso de la Revolución Democrática en un mensaje obsoleto y mantiene vigente el reclamo, pero ahora ya sin la posibilidad de mezclarlo con aquella movilización social.
El reparto agrario concluyó a finales del Siglo XX, las invasiones de los espacios públicos y privados continúan, ejemplo de ello es el área protegida de El Texcal, el gobierno no puede permitir que bajo el pretexto de que no tienen donde vivir, se le permita a algunos pobladores poner en riesgo la viabilidad de una región del Estado de Morelos. Ese es un ejemplo de la judicialización de la política, hoy las autoridades deben aplicar y cumplir la ley y luego retornar al espacio de la negociación política, deben construir acuerdos con sectores que por diversas razones se han decepcionado del gobierno y de las instituciones, sin embargo esos convenios no pueden ser fuera de la ley, en cada aniversario de la Revolución y de la independencia se advierte que entre las causas que generaron la movilización, destaca la incapacidad del gobierno para cumplir y hacer cumplir las leyes.
Las movilizaciones sociales con diferentes niveles de violencia se expresan en diversos puntos del territorio nacional, destacan en esta semana la actuación de los grupos de autodefensa de las zonas rurales y semirurales del estado de Michoacán y las diferencias entre padres de familia y maestros de la Sección 22 del SNTE que pretenden retornar a sus lugares de trabajo en el estado de Oaxaca. Los padres reclaman educación y rechazan la actitud de los maestros.
UN asunto más que advierte que los temas que dieron sustento al discurso de la Revolución Mexicana no se solucionaron y hoy no pueden atenderse desde aquella óptica es el conflicto que existe entre los pobladores, trabajadores y comerciantes de la zona de influencia del Monumento a la Revolución Mexicana y los inconformes que mantienen un “plantón” en ese lugar.

LA PRESIDENCIA REVOLUCIONARIA
Este es el mensaje que envió a la nación del presidente Enrique Peña Nieto a los usuarios de redes virtuales de comunicación para conmemorar el 20 de noviembre: “hoy, es un día de fiesta nacional: celebramos el 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana”.
El gran legado de este histórico movimiento popular fue la Constitución de 1917 que sentó los cimientos para recuperar la paz y refundar la Nación, con base en la legalidad y la vida institucional. Nuestra carta magna fue la primera, en el mundo, en sumar libertades individuales y derechos sociales.
Una nación que recuerda y valora su pasado, es capaz de tomar las riendas de su propio destino. Los mexicanos tenemos conciencia histórica y revolucionaria. Por ello, este día refrendamos el origen revolucionario y el compromiso con la justicia social de nuestras instituciones.
Así como en la Revolución, cientos de miles de mujeres y hombres se movilizaron para construir un mejor país; hoy, los mexicanos de esta generación tenemos la oportunidad histórica de transformar a México, a partir de las instituciones. Los valores de este histórico movimiento popular, son nuevamente fuente de inspiración para el gobierno de la república.
Con la misma energía y esperanza de los mexicanos de hace un siglo, estamos listos para hacer de México la nación próspera, justa e igualitaria que hemos anhelado. Sin comentarios.

LA ÚLTIMA LLAMADA
La Comisión de Hacienda del Congreso analiza las 21 solicitudes de refinanciamiento de igual número de municipios por casi dos mil millones de pesos que se pretenden contratar por plazos que van desde cinco y hasta 25 años.
Los 33 municipios de la entidad enfrentan complicadas perspectivas presupuestales, tienen comprometidos recursos con deudores diversos, incluidos ex empleados, instituciones financieras y proveedores, por cantidades que superan su capacidad de pago.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Mario Arturo Arizmendi Santaoloaya, afirmó que están determinando su cumplen o no con los requisitos para obtener los créditos.
Cada ayuntamiento envió el monto que solicita y el tiempo que plantea para cubrirlo: Amacuzac solicitó 50 millones de pesos con un plazo de 15 años, Axochiapan 35.4 millones, Ayala 80 millones y a cinco años, Coatlán del Río 25 millones y a 15 años, Cuautla 268.3 millones y 18 años, Cuernavaca 860 millones y a 25 años. Además de otro crédito para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) por 100 millones y a pagar diez años, Huitzilac 5.3 millones y tres años, Jantetelco 18 millones y cinco años, Jiutepec 120 millones y 15 años, Miacatlán 12 millones y 15 años, Puente de Ixtla 111 millones y 15 años, Temixco 60.2 millones y diez años, Temoac 20 millones y 15 años, Tetecala 18.5 millones y a diez años, Tlaquiltenango 115 millones y 15 años, Totolapan 12 millones y 11 años, Xochitepec 12 millones y a dos años, Yautepec 70 millones y a seis años, Yecapixtla 14 millones y por dos años, Zacatepec 20 millones y a 18 años.
Hasta el 1 de enero de 2014 entrarán en vigor las reformas realizadas por el Congreso local a los artículos 2 y 42 de la Ley del Servicio Civil, en las que se estableció que sólo trabajadores al servicio del gobierno del estado o de los municipios, tendrán derecho a un aguinaldo anual de 90 días de salario. Este diciembre un importante número de funcionarios de los 33 municipios y del ámbito estatal, como lo confirman los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, cobrarán 90 días de aguinaldo, tema que se discutió desde que se dio la transición, en el 2000 cuando el primer gobierno del Partido Acción Nacional distribuyó ese pago, pese a que rindieron protesta el 1 de octubre, es decir se entregaron un “derecho laboral” anual a los 90 días de iniciada su gestión.
Las “necesidades” financieras del estado de Morelos no son exclusivas de la entidad, son una consecuencia del descuido con el que se distribuyeron y cuidaron los recursos públicos durante los últimos 15 años desde que concluyó, por mandato ciudadano la “dictadura perfecta”, para dar paso a un frustrado proyecto democrático que se encuentra secuestrado por las aspiraciones dictatoriales impuestas por las fuerzas políticas integradas en el Poder Legislativo. En el país hay dos focos rojos encendidos en materia económica: la falta de información en las finanzas estatales y el crecimiento de la informalidad, aseguró el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Eduardo Sojo.
La confianza en los acuerdos entre poderes en relación al manejo de los recursos públicos generan hoy un alto costo electoral, el estéril enfrentamiento que protagonizaron esta semana el SAPAC, la UAEM y la CFE, advierten que no se avanzó en la construcción de acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el estado de Morelos y en los 33 municipios y que los temas que pudieron solventarse a través de acuerdos políticos, se judicializan ante la impericia de los protagonistas.
Los representantes y titulares de la empresa para estatal de clase mundial, la máxima casa de estudios y el organismo descentralizado de la capital del estado no lograron negociar un tema pendiente que heredaron todos de administraciones anteriores, el incumplimiento de pagos de energía eléctrica existe desde tiempos de la extinta Comisión Federal de Electricidad, el dispendio de recursos del SAPAC se denunció desde la década de los noventas y la conexión de líneas de abasto del vital líquido a las propiedades de la UAEM, corresponde a la época en la que se planteó la construcción de esos espacios o fueron donados los inmuebles que por esa institución hoy son ocupados, en lo político pudieron negociar; en lo judicial todos son servidores públicos y deberán cumplir con lo que la ley les ordene.
Este escándalo, la incapacidad para negociar la separación de empleados municipales y las consecuentes demandas judiciales y el incumplimiento de los compromisos con los proveedores municipales, se agregan a la elevada nómina burocrática de todos los municipios, están son las razones por las cuales el Congreso no debe ser cómplice en el saqueo de recursos públicos municipales.
Ninguno de los municipios que solicitaron créditos han disminuido las inflada nómina que pagan, para cubrir los aguinaldos de todos los inscritos en la misma (trabajen o sean compromisos de partido, requieren de un “adelanto” de participaciones, han iniciado campañas de promoción de cobro del predial para “desviar” los pagos de sus contribuyentes para solventar los tres meses de aguinaldo que se otorgan, en su actual expresión el discurso de la revolución es hoy obsoleto, el cumplimiento de los pendientes reclamados se realizará retomando los recursos utilizados hace más de un siglo o creando propuestas novedosas, sin mencionar el origen “revolucionario” del reclamo planteado.
La Revolución no es obsoleta, es obsoleto convocarla sin cumplir sus reclamos.
 

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Víctor Hugo Bolaños

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