En Morelos, tienen oportunidad de avanzar con proyectos propios en los espacios legislativos y de gobierno, las fragmentadas fuerzas progresistas y la subsidiaria estatal del partido que tiene la titularidad del gobierno federal, por una lado está el Partido de la Revolución Democrática y su escisión, el Movimiento de Regeneración Nacional y por el otro, el Partido Revolucionario Institucional, estas 3 y las otras 8 organizaciones políticas involucradas en la contienda, tienen enfrente una oportunidad que deben aprovechar. Construir la identidad y la soberanía de Morelos.

Por primera vez desde el triunfo de la Revolución, al inicio de la tercer década del siglo XX, el gobierno tuvo y dejó pasar la oportunidad de desarrollar un proyecto de gobierno estatal, ha “tropezado inmerso en las ocurrencias”, dejó de ser una estructura opositora proactiva y asumió el papel de un gobierno reactivo y sin rumbo.

Este fue el primer gobierno local con espacio para construir un proyecto político, económico y social que permitiera exponer un Morelos con personalidad propia ante el escenario nacional e internacional, desde 1930 y hasta 1994, todos los gobernadores pasaron por el filtro de la designación presidencial, desde la residencia oficial de los Pinos se determinó quién sería el siguiente mandatario.

Los nombró el presidente saliente y desarrollaron su gestión bajo el mandato del sucesor presidencial, el último fue Jorge Carrillo Olea, designado por Carlos Salinas de Gortari, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, “fracturó el esquema”, desde el gabinete el especialista en temas de seguridad nacional, rindió protesta mientras se “desarrolló” el arribo a la presidencia de Ernesto Zedillo, con quien mantuvo diferencias que posteriormente se manifestaron.

Al iniciar el periodo de las elecciones concurrentes, los gobernadores emanados del Partido Acción Nacional, no enfrentaron la necesidad de construir un proyecto propio y si en algún momento llegaron a acariciar esa posibilidad, la dirigencia local y nacional de su partido se los impidió, se dedicaron a preservar la tradición priísta de agradecer y defender los proyectos del gobierno federal.

El más pintoresco ejemplo fue Marco Antonio Adame Castillo, defendió con millones de pesos en recursos publicitarios, kilómetros de líneas ágata en los medios impresos, horas en transmisiones de radio y televisión  “la guerra contra el crimen organizado”, y en mayo del 2009, el que era su secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, fue capturado por las fuerzas federales y consignado por su supuesta participación en apoyo a las actividades ilegales y violentas que desarrolló el crimen organizado en la entidad.

Adame Castillo fue catedrático y organizador de grupos de jóvenes laicos que profesan la fe católica, inició su carrera política a través de esas agrupaciones al interior del PAN, cuando lo inscribieron como candidato plurinominal a diputado federal en 1997, fue Senador y posteriormente gobernador, hoy forma parte de la dirigencia nacional de esa organización, hasta la fecha desconoce la responsabilidad de la seguridad pública, sólo se concretó a repetir los mensajes que envió desde los Pinos el presidente con el que cronológicamente desarrolló su gestión, Felipe Calderón Hinojosa.

El resultado económico, político y social de Adame Castillo no fue su irresponsabilidad, él decidió sumar y someter al estado en el proyecto nacional de su partido, fracasó al intentar imponer un modelo educativo creado desde la federación, que los maestros rechazaron con un movimiento de casi 9 meses y fracasó al sumarse a la implementación federal de una guerra contra la violencia, con las implicaciones que eso significó.

LA REFORMA DEL ESTADO

Jorge Carrillo Olea gobernó ajeno a las inquietudes y a las expresiones de los militantes del Partido Revolucionario Institucional de Morelos, nombró o permitió que sus más cercanos colaboradores nombraran como presidentes del comité directivo estatal a personajes que fueron menospreciados y rechazados por amplios sectores de esa organización.

Cuando se inició el proceso de selección de candidatos rumbo a la elección de 1997, fueron más los “abanderados” que surgieron desde las oficinas de la Secretaría de Gobierno donde despachaban Guillermo Malo, Víctor Saucedo y Armando Ramírez Saldívar, que los “ungidos” desde el debilitado edificio de Amacuzac y Yucatán.

Cuentan como anécdota que una de las razones por las cuales no fue presidenta municipal de Cuernavaca Ana Laura Ortega Vila, fue porque al mandatario lo convencieron de los riesgos que para su “figura” significaba el triunfo de la hija del doctor Lauro Ortega Martínez, considerado por muchos como el mejor gobernador de Morelos, de ahí que permitió que se reconociera el triunfo del panista, Sergio Estrada.

El candidato del PRD a la presidencia municipal de Cuernavaca, era el ex priista Jorge Pérez Bello, quien fuera secretario de finanzas de esa organización en el sexenio de Antonio Riva Palacio, los gobiernos priístas en Morelos consolidaron una tradición, el odio y la persecución contra el antecesor, labor que realizaron con discreción y con la intención de asumir el control político total de la entidad, reprimir “las intromisiones del pasado”, esta tradición la institucionalizó y perfeccionó, Marco Antonio Adame Castillo, cuando ordenó y permitió la persecución legal y mediática de su antecesor, Sergio Estrada Cajigal Ramírez, en el 2009, uno de los promotores del voto de castigo contra el PAN fue el propio ex mandatario.

En 1996 Carrillo Olea impulsó el “aterrizaje en la entidad” de las reformas electorales que implementó el gobierno federal, propuso la construcción de “una mesa para la reforma del estado”, en la que los dirigentes de todos los partidos políticos expusieran sus puntos de vista y presentaran sus propuestas para la construcción de una autoridad electoral local ciudadanizada, el proyecto se realizó y a finales de 1996 se constituyó el Instituto Estatal Electoral, que se encargó de realizar las elecciones de marzo de 1997, en las que el PRI perdió cerca del 50 por ciento de los espacios de gobierno municipal y de representación popular, en la elección federal en julio del 97, perdió 3 de los 4 distritos federales electorales, sólo conservaron Cuernavaca, con Alfonso Sandoval.

En ese periodo se iniciaron las movilizaciones “ciudadanas” que motivaron la “reacción” gubernamental de convocar a “dar continuidad al trabajo de la Reforma del Estado”, se aceptó la propuesta de trasladar al Congreso la determinación de nombrar procurador, de una terna enviada por el Ejecutivo, se estructuró el ilegal traslado del control del Sistema Morelense de Radio y Televisión al Congreso (operó de forma ilegal durante 12 años 2000  - 2012), y otorgó otras concesiones a quienes desde todas las fuerzas políticas participaron en el primer ejercicio legislativo donde el control era compartido.

Fueron 30 diputados: 13 del PRI, 11 del PRD, 5 del PAN y uno del PCM, los que le dieron seguimiento a “la mesa para la reforma del estado”, la “adquisición” por parte del PRD de una de las más preclaras figuras del PRI, el diputado plurinominal Ricardo Dorantes San Martín, ocasionó que fueran 12 diputados del PRI, 12 del PRD, 5 del PAN y uno del PCM, quienes analizaran la sustitución del Carrillo Olea cuando este solicitó licencia.

Con o sin reforma del estado, los legisladores locales rechazaron la propuesta del gobierno federal de designar a Juan Salgado Brito, como gobernador interino, la bancada del PRD se fraccionó, un grupo apoyó la llegada del priísta, otros lo rechazaron por su acercamiento con el comité nacional del sol azteca, y luego de una semana de “negociaciones” se determinó que fuera Jorge Morales Barud el mandatario interino, quien para continuar los trabajos en la Mesa de la Reforma del Estado, presentó un plan mínimo para un gobierno de reconciliación, que incluyó el cumplimiento de los compromisos que establecieron con el anterior mandatario.