Tras la defenestración de Jorge Carrillo Olea el 17 de mayo del mismo año y la escalada de inseguridad pública experimentada por la sociedad morelense allá y entonces, se supuso que el hecho de quitarle al gobernador la posibilidad de nombrar directamente al procurador mejoraría los cuatro pilares fundamentales del sistema estatal de seguridad pública y que son la prevención del delito, la persecución de los ilícitos denunciados ante el Ministerio Público, la impartición de justicia (en ámbitos jurisdiccionales del Poder Judicial) y la readaptación social. Se creía que el titular de la PGJ era un “todólogo” o un súper hombre.
Sin embargo, a trece años de aquella reforma constitucional, derivada de fuertes presiones políticas y demagógicas, vemos que la inseguridad pública no ha cesado, la violencia propiciada por el crimen organizado se mantiene latente y la intervención de nuestros ínclitos legisladores en el delicado proceso para designar al procurador no es la mejor debido a la sempiterna partidización de todos los procedimientos en el Poder Legislativo. Y a las pruebas me remito.
La reforma promovida por Morales Barud empezó a tener vigencia luego de su promulgación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 29 de agosto de 1998. El abogado morelense José Castillo Pombo fue el primer procurador general de Justicia nombrado por el Congreso del Estado, aunque cabe subrayar que duró poco más de un año en el cargo, siendo sustituido el 29 de septiembre de 1999 por Rogelio Sánchez Gatica (quien hasta el 20 de julio de 2010 fue secretario de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca).
El multicitado Jorge Morales Barud escribió un ensayo titulado “Los cambios institucionales para el buen gobierno en el Estado de Morelos”, que circula sin fecha por Internet, donde propone que el nombramiento del procurador general de Justicia sea por elección directa de la sociedad, dentro de los mecanismos de democracia directa que aún no tienen vigencia en Morelos. El actual director del Instituto de Docencia y Humanidades del Estado, además, propone el mismo procedimiento de designación para el contralor general del Estado, el auditor Superior de Fiscalización, los contralores municipales y los directores de policías preventivas municipales.
Empero, el pasado 15 de marzo, teniendo como vocero al diputado Javier Mújica Díaz, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Pleno una propuesta de reforma constitucional para regresar al gobernador la potestad directa en torno al nombramiento del procurador general de Justicia. Mújica consideró que el actual procedimiento para el nombramiento de dicho funcionario, lejos de significar un avance en materia de procuración de justicia, se convirtió en un retraso y se ha partidizado.
Por las siguientes palabras de Mújica Díaz parece haber consenso entre varios legisladores en el sentido de que no deben pagar los platos rotos cuando el titular del MP morelense falla o fracasa en su misión. “El objetivo de devolver al Ejecutivo la responsabilidad absoluta de nombrar al titular de la PGJ responde a la necesidad de que sea a él a quien se le reconozca o reproche, en forma única y no compartida, sobre el actuar del procurador, sin que ello represente un obstáculo para el Legislativo en cualquier momento pueda llamar a cuentas al citado funcionario”.
Es decir: a trece años de distancia, algunos diputados priístas pretenden lavarse las manos y hacerse a un lado en la complicada responsabilidad de combatir a la delincuencia y mejorar los delicados procesos de persecución delictiva. Empero, en una parte de la iniciativa los priístas tienen razón. “Al paso de los años se observa que el actual nombramiento genera retrasos, puesto que en esta administración ha habido más procuradores que en otros sexenios, lo que ha provocado inestabilidad en la PGJ, al haberse realizado los nombramientos más por relaciones políticas que por capacidad jurídica, lo cual no abona a la conformación de un verdadero Estado de Derecho”.
Desde la elección de José Castillo Pombo hemos tenido a los siguientes procuradores: el ya mencionado Rogelio Sánchez Gatica, José Luis Urióstegui Salgado, Guillermo Tenorio Avila, Hugo Manuel Bello Ocampo, Claudia Aponte Maysse, Francisco Coronato Rodríguez y Pedro Luis Benítez Vélez. En el sexenio de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) hubo cuatro procuradores, mientras que en la administración de Marco Antonio Adame Castillo (2006-2011) van dos. Es falso lo que dijo Mújica Díaz. ¿Qué hay con respecto a la autonomía técnica de la Procuraduría? Luego seguimos con este interesante tema.
