Por aquellos días, el jefe policiaco, hoy recluido en un centro penitenciario federal con sede en Almoloya (Estado de México) y sentenciado a 33 años de prisión por haberse aliado al crimen organizado, había llamado la atención de propios y extraños, incluidos desde luego los diputados de la época y líderes de varias agrupaciones de abogados. Primero porque tenía roces y diferencias con Urióstegui Salgado, quien dos años después reveló que desde la llegada de Montiel al gobierno estatal (en el primer trimestre de 2001), siempre se opuso a su designación como coordinador general de dicha corporación ministerial. Y segundo debido a sus frecuentes pleitos con integrantes del Foro Morelense, lo que a la postre contribuyó a la interposición de un juicio político contra Estrada Cajigal en el Congreso bajo los auspicios de los mismos abogados. Ni qué decir del “Caso Montiel”, que hasta la fecha lo tiene en la cárcel.
El 24 de enero de 2002 escribí para La Jornada Morelos: “Los detalles sobre la exposición de Urióstegui serán publicados hoy en todos los medios, pero a nosotros nos corresponde buscar el fondo de las cosas y dilucidar lo que ocurrirá en la PGJ si el gobernador Sergio Estrada Cajigal no pone orden lo más pronto posible. Sin temor a equivocarme puedo afirmar que a pesar de la férrea defensa que reciben del mandatario estatal y de algunos diputados locales, Montiel y Urióstegui deben ser removidos. Los recientes escándalos y el enfrentamiento entre Estrada y el Congreso son síntomas de que ninguno podrá trabajar a gusto sin contribuir a mejorar la deplorable condición del Ministerio Público”. No nos equivocamos.
La “partidización” aludida el pasado 15 de marzo por el diputado local priista Javier Mújica Díaz al presentar una iniciativa de reforma constitucional que pudiera devolverle al gobernador del estado la facultad de designar al procurador general de Justicia, fue precisamente lo que prevalecía en el escenario de conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en 2002. En el fondo se encontraba la designación que del procurador había hecho el mismo cuerpo colegiado, amén del mal comportamiento de Agustín Montiel. La politización afectó gravemente la marcha de la PGJ, tal como se ha repetido en periodos posteriores con diferentes procuradores.
Para explicar aquel clima de frecuentes altibajos -debido a las presiones políticas- en la Procuraduría General de Justicia, el 24 de enero de 2002 transcribí parte de un artículo elaborado por Miguel Sarre, catedrático del Departamento de Derecho del ITAM, publicado en Milenio el 8 de abril de 2000. Sus reflexiones siguen teniendo vigencia hasta hoy. ¿Jamás debió dejarse en manos del Legislativo el nombramiento del procurador? Saquen ustedes sus conclusiones, amables lectores.
Sarre había dicho sobre la politización del Ministerio Público: “Las corrientes de pensamiento más modernas le confieren a esa institución un carácter de institución autónoma. Razón fundamental para ello es que su actividad está en función de la justicia y no de la administración pública ni de la política. ¿Es inevitable el uso político de la justicia que estamos viendo? En estricto sentido, toda actividad pública es política; sin embargo, cuando se dice que el Ministerio Público –órgano responsable de la procuración de justicia o persecución de los delitos– debe ser una institución apolítica, esto significa que ha de actuar técnicamente, de acuerdo con lo establecido por la ley penal, y no tomar en cuenta consideraciones respecto a la conveniencia u oportunidad para realizar un acto determinado. Su actuación en este sentido es similar a la de los jueces, quienes deben proceder conforme a los datos incorporados en los expedientes, sin detenerse a pensar en situaciones de otro tipo”.
“Cuando el Ministerio Público se politiza, al sustituir los criterios legales por los intereses partidarios para decidir qué casos perseguir, cuándo hacerlo y ante qué jueces consignarlos, pervierte su función y genera desconfianza en la institución que representa. Esto explica que las personas no denuncien, lo que aumenta la impunidad. En respuesta, la autoridad recurre a métodos ilegales para suplir ese déficit de información, con lo que se genera la espiral de violencia que vivimos: mientras mayores poderes y recursos se le confieren a las autoridades, mayor inseguridad de los individuos, tanto frente a la autoridad como ante la delincuencia”.
Y ojo con lo siguiente: “La politización de la procuración de justicia no debería, sin embargo, sorprender a nadie. Empieza por la designación de políticos en activo como procuradores de justicia. En esas condiciones no debe sorprender entonces que el procurador adopte lo que se conoce como ‘política de resultados’, es decir, una procuración de justicia que no busca actuar con eficiencia en todos los casos, sino impresionar mediante golpes de opinión pública”. ¿Algún parecido con hechos reales de Morelos, o simple coincidencia? ¿Seguimos en el mismo escenario?
