Dicho plazo vencerá el 13 de abril del año en curso. Es decir, el miércoles de la próxima semana. Lo peor para políticos y funcionarios públicos es que alguien les fije términos específicos. No lo soportan, pues los somete al desafío de demostrar si son o no aptos para continuar en una delicada responsabilidad oficial.
Sin embargo, las preguntas que inmediatamente surgieron entre los comunicadores sociales (sobre todo los morelenses) tras el anuncio respectivo fueron: ¿Qué ocurrirá el 14 de abril? ¿Fue aquella posición producto de un estado emocional o tuvo relación con el encuentro matutino del poeta con el presidente Felipe Calderón Hinojosa en Los Pinos? Además de escuchar (durante más de dos horas) la misma información que Sicilia y su abogado Julio Hernández Barros ya conocían respecto de las investigaciones llevadas a cabo por autoridades federales y locales, ¿recibió el escritor un ofrecimiento presidencial concreto para encauzar el asunto por la vía “institucional” y así evitar su eventual desbordamiento? ¿Incluyó Calderón Hinojosa alguna promesa sobre la remoción de “alguien” en Morelos? Eso lo vamos a dilucidar más pronto de lo que imaginamos.
Respecto de lo anterior, cabe subrayar que la “institucionalización” aludida no sería nada nuevo, pues los pasados cuatro años hemos visto el estilo de intercepción de conflictos a cargo del gobierno federal ante ciertas personalidades (en la columna de ayer aludí el tema). Y aunque el comité promotor de la marcha ha sido cuidadoso dibujando una delgada línea entre sus miembros y los políticos que normalmente aprovechan las coyunturas para sacar raja electoral, el “Caso Sicilia” está impregnado de partidización.
El escritor ya debe estar informado sobre el particular. ¿Adoptó una posición política al mencionar el término “omisión” más de una vez aplicándolo a Calderón, pero sobre todo a Marco Adame Castillo? Me parece que sí, pues todo lo que se indique en ese sentido tendrá vinculación con el juicio político propugnado contra Adame por varios grupos locales de presión, aunque cabe recordar que el lunes de esta semana concluyó el término para declarar su procedencia en el Congreso local.
Frente a la evidente politización del conflicto, el procurador Pedro Luis Benítez Vélez nombró ayer al abogado Julio Hernández Barros (también cuñado de Javier Sicilia) como coadyuvante del Ministerio Público en las indagatorias. El postulante ha tenido y seguirá teniendo abiertas las puertas de la PGJ. Esta actitud del fiscal contrasta con la que en 1997 y 1998 mostró el tristemente célebre procurador Carlos Peredo Merlo y la de otros antecesores del propio Benítez, por ejemplo quienes tuvieron bajo su responsabilidad atender eficazmente a la señora Isabel Miranda de Wallace y no lo hicieron. Tocante a Peredo (y Jorge Carrillo Olea) todo mundo sabe lo que ocurrió en mayo de 1998.
Mientras en Cuernavaca se desarrollaba la marcha por la paz, en Cancún el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, anunció que la lucha contra el crimen organizado en México durará todavía siete años, y en un lapso de tres podría tomarse la decisión de retirar al Ejército de algunas ciudades y concentrarlo en sus cuarteles. Obviamente, los dichos de García Luna generaron una airada reacción por parte de los detractores del régimen calderonista, pero de ello me ocuparé en otra ocasión, como también lo haré en torno a la futura creación de la Policía Unica en Morelos, para la cual ya se tiene lista una partida de 100 millones de pesos, según me comentó ayer Luis Miguel Ramírez Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.
Por su parte, el coronel José Herrera Chávez, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, anunció ayer que el titular de dicha corporación dependerá del Ejecutivo sometiéndose a los designios de dicho Consejo, ante el cual estará obligado a rendir cuentas. Tocante a lo informado la víspera por Herrera Chávez, el “súper secretario” de Seguridad Pública de Morelos será un militar, aunque hoy les puedo asegurar que no será el general retirado Gastón Menchaca Arias, cuyo ciclo en nuestra entidad ha concluido.
Ramírez Romero estima que la próxima semana iniciará el proceso legislativo para reformar la Constitución y varias leyes emanadas de ella, a fin de crear el mando único sin menoscabo de la soberanía municipal. Empero, lo trascendente será conocer si la PU será integrada con nuevo personal, si quienes hoy están adscritos a la Policía Preventiva Estatal serán incluidos y, lo más importante, si los efectivos policiacos percibirán salarios que los motive a actuar con mística, arriesgando la vida a diario y sin caer en la tentación del dinero proveniente del crimen organizado, como ocurría en Temixco, donde ayer fue cesado Felipe Rascón al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, siendo sustituido por Angel Cortés Ruiz.
