Será interesante, pues, saber el contenido exacto de dos mantas encontradas ayer por corporaciones policiacas en diversos puntos de Cuernavaca, quizás como respuesta a la solicitud del poeta Javier Sicilia enviada durante el pasado fin de semana a las bandas delincuenciales y que más o menos versó sobre este tenor: “Definan una posición y respondan si actuarán respetando sus códigos o seguirán atacando a gente inocente”. Y la víspera hubo una ejecución más, en la colonia “El Empleado” de la capital morelense, alrededor de las 14:00 horas, con infinidad de testigos.
Gastón Menchaca Arias ya no es secretario de Seguridad Pública del Estado. Fue sustituido anteayer por otro general de división retirado, Gilberto Toledano Sánchez, al parecer originario de Tepalcingo (Morelos) y avecindado en nuestro territorio, tal como lo estaba Menchaca en Casasano (Cuautla) antes de tomar posesión el 15 de mayo de 2009.
Empero, me parece que la condición de militar jubilado no convierte a Toledano Sánchez en un súper hombre. Es licenciado en administración militar, ex comandante de zona en Guerrero y Chiapas y múltiples cargos en áreas de Estado Mayor, lo cual tampoco lo hace merecedor de la inmediata confianza social, menos después de haberlo escuchado, sumamente nervioso, respondiendo anteayer afuera de Casa Morelos los duros cuestionamientos de avezados reporteros que encontraron la nota con la admisión del recién entronizado secretario en el sentido de que no conoce a la policía preventiva estatal, no obstante haber encabezado, hasta junio del año pasado, la Dirección de Seguridad Privada en el organigrama de la SSP, donde se limitó a entregar certificaciones a empresarios dedicados a proporcionar vigilancia particular.
Con Menchaca salieron los secretarios de Educación Pública y de la Contraloría del Estado, José Luis Rodríguez Martínez y Patricia Mariscal Vega, respectivamente, aunque me parece que ambos sufrieron la resaca de un fulminante cese que se veía venir desde la multitudinaria manifestación del 6 de abril, con Javier Sicilia a la cabeza, exigiendo la aprehensión y el castigo a los asesinos de su hijo Juan Francisco y seis personas más cuyos cadáveres fueron encontrados el 28 de marzo frente al fraccionamiento Burgos de Cuernavaca. La sola salida de Menchaca hubiera proyectado debilidad por parte de la administración adamista, sobre todo considerando que al procurador Pedro Luis Benítez Vélez se le mantuvo al frente de la PGJ para concluir las investigaciones en torno al múltiple homicidio. Ojalá y me equivoque, pero muchas veces se opta por movimientos extraños, en lugar de ceder ante la presión social.
¿Cuándo se resolverá la problemática de inseguridad pública que, según las apariencias, se encuentra al alza? ¿Servirá de algo eliminar al procurador del organigrama gubernamental? ¿Podrá Gilberto Toledano Sánchez con el paquete? ¿Habremos de esperar los siete años advertidos recientemente en Cancún por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, para ver erradicado al crimen organizado? ¿Será la Policía Unica (o Acreditable) la panacea?
Para responder lo anterior me referiré a la columna publicada el 3 de septiembre de 2010, donde hice alusión a Eduardo Guerrero Gutiérrez, profesor e investigador de El Colegio de México, quien fue el autor del ensayo titulado “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco”, difundido por la revista Nexos correspondiente a agosto del mismo año. El experto analizó los cuatro principales objetivos de la guerra declarada en diciembre de 2006 por el gobierno federal en contra del crimen organizado y su avance hasta aquel momento. Dichos objetivos, en términos generales, fueron: 1. Fortalecer las instituciones de seguridad. 2. Disminuir, detener o evitar el consumo de drogas. 3. Desarticular a las organizaciones criminales. 4. Recuperar los espacios públicos.
Debido a los límites de espacio, hoy me referiré solamente a las consideraciones de Guerrero Gutiérrez sobre el objetivo de desarticular las bandas delincuenciales. Basado en información de la ONU y agencias de seguridad y justicia estadounidenses, señaló que “la política de desarticulación de cárteles (tal como lo concibe y ejecuta el gobierno mexicano) ha tenido tres efectos indeseados: genera o exacerba los ciclos de violencia, multiplica el número de organizaciones criminales y extiende la presencia de éstas en nuevas zonas del país”. Agregó: “La desarticulación basada en el descabezamiento de liderazgos, no sólo impide la recuperación de espacios públicos buscada, sino que propicia la invasión de nuevos espacios por las organizaciones criminales. Actualmente, todos los estados del país (salvo Tlaxcala) registran la presencia establecida de al menos un cártel en al menos uno de sus municipios. En 2007 la presencia de las organizaciones criminales se registraba en aproximadamente 21 estados. Ahora los cárteles se encuentran en 10 estados más. Nuevas organizaciones como Zetas, Pacífico Sur y La Barbie han logrado establecerse velozmente en 19, cinco y cuatro estados respectivamente”.
“El gobierno ha avanzado también en el objetivo de desarticular las bandas criminales. Los capos son detenidos o aniquilados después de ‘meses de trabajo’ de inteligencia, pero esas acciones generan olas de violencia que pueden durar semanas o meses, y con frecuencia culminan con la escisión del cártel descabezado, propiciándose el nacimiento de nuevas organizaciones”. Por eso mismo, señoras y señores, estamos ante un asunto de nunca acabar.