La averiguación previa data en la PGJ desde el 18 de agosto de 2009, siendo ambos los responsables directos de este y otros delitos (por ejemplo el enriquecimiento inexplicable de Oscar Santos Martínez). Con el fin de proporcionarle copia de la carpeta de investigación y más pruebas a su investigación periodística, quedo a sus órdenes y en respuesta de sus amables comentarios. Atentamente: César Salgado Escamilla”. No transcribo los números de sus teléfonos, ni el correo electrónico correspondiente por obvias razones. Servido.
A continuación recordaré la columna publicada aquí el 18 de abril de 2010, donde comenté que “un informe aparecido recientemente en ‘Milenio’ señala que ‘Los Zetas’ han dejado de ser la organización criminal predominante en Tamaulipas, pues paulatinamente está siendo expulsada de ese territorio hacia otros estados. Ahora el control está en manos del cártel del Golfo, como ocurría cuando Osiel Cárdenas Guillén estaba al frente del grupo, antes de su captura en marzo de 2003 (…) Verlo para creerlo: con el fin de reforzar el avance es común observar ‘policías’ en unidades falsas con las siglas CDG (cártel del Golfo), cuya misión es evitar que sus enemigos traten de cruzar el río Pánuco que los separa de Veracruz, entidad donde se refugian. Dicha situación generó una oleada de ataques no sólo en Tampico, sino en Reynosa, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, donde aún existen refugios de ‘zetas’”. Y cité lo interesante para nosotros en Morelos: “Lo más extraño de esta guerra es que la población se inclina a favor del cártel del Golfo. Una vez que la organización tenga el mando absoluto –confían- se acabarán los ‘narcotributos’ que ‘Los Zetas’ exigían a comerciantes, taxistas, restauranteros, y que oscilaban entre 100 y 6 mil pesos semanales”.
Aquel escenario nos remontó a la forma en que, supuestamente, surgió un pacto entre jefes policíacos de Morelos y capos del narcotráfico, desde 2005 hasta 2009, con dos objetivos: 1) Tú, autoridad, nos dejas vivir tranquilos en territorio morelense sin ser molestados; y 2) A cambio, nosotros coadyuvamos en la eliminación de criminales dedicados a delitos de alto impacto, sin que tengan relación con la comercialización de drogas. Fue así como la sociedad morelense constató la frecuente aparición de cadáveres de presuntos secuestradores, extorsionadores, asaltantes y violadores, mientras paralelamente asomaban mensajes con datos precisos sobre los supuestos delitos cometidos por quienes sucumbieron a manos de “escuadrones de la muerte” que, en el mejor de los casos, nos recordaron a las “favelas” brasileñas y a determinadas zonas colombianas.
Lo anterior tiene estrecha relación con la descomposición social que padece nuestro país y lo ocurrido recientemente en Veracruz. A estas alturas de la incidencia delictiva nacional, nadie ignora que la precariedad del estado, la debilidad institucional y el auge del narcotráfico se coludieron para configurar el complejo paisaje de la corrupción en México, lo cual nos remonta, no a 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa llegó a la titularidad del Poder Ejecutivo federal, sino a varias décadas de administraciones priístas. Al menos durante las dos décadas anteriores, el catalizador de estos procesos fue sin duda el crecimiento de la economía criminal, sobre todo la inherente al narcotráfico. Dicho lapso sirvió para penetrar todos los vericuetos de la sociedad: economía, política, cultura, deportes y la vida cotidiana. El tránsito de la economía de la mariguana a las más rentables de la cocaína y la amapola produjo una nueva élite económica que, a golpes de audacia y dinero, siempre ha buscado disputarle el poder local, regional y nacional a las élites tradicionales.
Los 35 cadáveres amontonados en la zona turística de Boca del Río, Veracruz, y otros 14 diseminados por la zona, apuntan a la autoría de un grupo de corte paramilitar, es decir, no un grupo criminal antagónico en sí mismo, sino una fuerza, si no auspiciada, al menos tolerada por la autoridad del estado que encabeza el priista Javier Duarte. Las declaraciones de éste, en el sentido de justificar la masacre porque eran delincuentes y que con ello se acabaron las extorsiones –“eso nadie lo dice”–, coinciden con la difusión de un video, el pasado 24 de septiembre (cuatro días después de la aparición de los 49 cadáveres), en el que un grupo de cinco encapuchados se presentó como un escuadrón de la muerte denominado “Los Matazetas”. En el video, los encapuchados se muestran respetuosos del Ejército y la Marina, y aunque evaden revelar qué clase de agrupación integran, aducen que, “como principio ético, nosotros tenemos prohibido la extorsión, el secuestro, el robo, las vejaciones, y todo aquello que de una u otra forma afecte el patrimonio nacional, familiar, anímico y/o moral”. José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, se refirió ayer al hecho: “Cualquiera que pretenda erigirse como combatiente del crimen organizado carece de la legitimidad necesaria. Con independencia de su causa o motivación tendrá que enfrentar la fuerza del Estado Mexicano”. A ver.
1 comentario
Hey
ojala haya mas gente valiente y denuncia todas las fechorias que este… Compartelo!