Sin embargo, aquellas no fueron más que expresiones demagógicas, idénticas a todas las que se han emitido respecto a la eliminación de los ofensivos sueldos y aguinaldos cobrados por la “burocracia dorada”. No hubo ninguna iniciativa formal entregada sobre el asunto al Congreso del Estado. Y no la habrá a mediano y largo plazo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara anteayer las pruebas del polígrafo, psicológicas o toxicológicas aplicadas a quienes pretendan ser candidatos a cargos de elección popular. El alto tribunal determinó que el estado físico y mental de los ciudadanos “no forma parte de los requisitos que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” para acceder a esas posiciones. Más allá de los actuales requisitos de elegibilidad, según la Corte, no habrá otros. Y se acabaron los argumentos sobre el tema. Cabe subrayar que el PAN presentó ante el IFE, el 24 de enero pasado, una serie de propuestas para colaborar con la limpieza de las elecciones venideras, destacando que los candidatos se sometiesen a una prueba de control y confianza, incluyendo el detector de mentiras, investigaciones de antecedentes penales y un examen antidopaje a cargo de la Secretaría de Salud, antes y durante la campaña. La sentencia de la SCJN frena cualquiera de esas pretensiones.
Es aquí donde los mexicanos deberíamos preguntar: ¿Tenemos o no derecho a saber quiénes son nuestras autoridades? ¿De dónde provienen? ¿Qué estructura educativa poseen? ¿Quiénes son los ínclitos representantes populares ante los congresos legislativos? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo andan sus neuronas? ¿Tienen o no problemas antisociales? ¿Serán psicópatas en potencia que, una vez encumbrados, se tornarán autocráticos en perjuicio del pueblo? Aquí quiero retomar parte de lo que escribí el 6 de febrero de 2009, cuando utilicé un ensayo del investigador uruguayo Oscar Bottinelli, conferencista sobre ciencias políticas en varias universidades latinoamericanas, titulado “Entre lo público y lo privado”. Ahí establece gráficamente lo que es la vida pública y privada de nuestros funcionarios, políticos, politiqueros, politiquillos y politicastros sin concederles ninguna hipocresía. Sus reflexiones son importantes para nosotros en los actuales momentos de ebullición preelectoral y antes de decidir por quién votar el 1 de julio próximo. Y de cara a la reciente decisión asumida por la SCJN, más alertas deberemos estar, a fin de evitar cualquier abuso del poder y más defraudación social.
Bottinelli se pregunta: “Los hombres públicos, las personas que actúan en el plano público, ¿por esa circunstancia carecen de vida privada? Esa vida privada ¿es parte de la vida pública, o hay determinada separación entre ambas, y en ese caso cuál es y dónde están los límites?”. Y responde: “Tiende a considerarse que los dirigentes políticos son aprobados o desaprobados por lo que hacen con su vida pública, por cómo actúan, cuál es su ética en función de lo público, y no por lo que hacen en su vida privada. No hemos tenido escándalos porque tengan una vida privada más o menos recatada, más o menos a determinadas cosas”.
Agregué aquel 6 de febrero de 2009: “Recientemente los mexicanos fuimos informados sobre la forma en que El Vaticano aceptó volver a casar por la vía religiosa al ex presidente mexicano Vicente Fox Quesada (con Martha Sahagún), aduciendo la superación del estado psicológico que contribuyó a la disolución de su primer vínculo matrimonial. Fue así como hasta hace poco conocimos las altas dosis de Prozac consumidos por Fox para mantenerse al frente de la presidencia de la República y adoptar decisiones trascendentes en un estado emocional más o menos normal”.
“Hace varios años también supimos el comienzo de la debacle familiar del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, quien abandonó la lucha en pos de la candidatura presidencial del PRI en 2006 después de que trascendieron los pingües negocios de sus hijos y él mismo al amparo del poder en aquella entidad. Como si se hubiera tratado de un escándalo digno de ser proyectado en el programa de Juan José Origel, también fuimos informados sobre la cuantiosa indemnización que Montiel pagó a su ex esposa, ofensiva frente a la crisis económica de todos los mexicanos. ¿De dónde provenían esos recursos?”.
Chequen este dato aportado allá y entonces: “En Morelos no hemos estado lejos de los conflictos familiares de tal o cual personaje, traslapados con su desenvolvimiento al frente de alguna institución pública. Tenemos un caso reciente en la figura del consejero jurídico del Ayuntamiento de Jiutepec, Oscar Díaz Gómez, quien enfrenta la expedición de una orden de aprehensión por homicidio. En julio de 2008 fue denunciado ante el Congreso local por el diputado Luis Machuca Nava, quien presentó en tribuna una serie de pruebas vinculadas a tratos despóticos a los ciudadanos, combinados con irresponsabilidad en el cumplimiento de compromisos familiares tal como se lo mandata la ley”.
“Dice Bottinelli que la separación tajante entre lo público y lo privado puede llevar a sostener que un individuo tenga conductas muy censurables sin que la gente lo sepa, cuando ello podría ser un componente para juzgar a un dirigente político. Aduce que, llegado el caso, puede juzgarse al sujeto aprovechándose cualquier flaqueza que pueda tener en su vida privada como armas de acción política. En Morelos, sobre todo partiendo de hechos recientes, hemos llegado al momento de que nuestros funcionarios y políticos sean juzgados como si estuvieran en una pecera. Es decir: deben estar conscientes de que se encuentran entre paredes de cristal y carecen de toda posibilidad de privacidad. Todo lo que hace un político y su familia es parte de la vida pública”.
