Andrés Hipólito Prieto, servidor público vinculado desde siempre con el Partido Acción Nacional (PAN), me envió ayer una copia del procedimiento de evaluación JPYG/04/01/12, elaborado por él mismo y turnado la víspera al Congreso, donde indica que la ratificación de jueces y magistrados adscritos al TSJ no procede “cuando se demuestra que se incurrió en graves irregularidades o el examen integral sobre su función arroja que no reúne las características de excelencia propias del perfil de los altos servidores del Poder Judicial de la Federación”.
Este documento es de hecho el complemento de otro enviado con anterioridad y el mismo número de expediente a la Junta Política y de Gobierno, que preside la perredista Hortencia Figueroa Peralta, a fin de aclarar que “las pruebas ofrecidas por el suscrito en el procedimiento de evaluación al magistrado José Valentín González García no son elementos externos al proceso, como erróneamente se sostiene en un acuerdo tomado por este órgano político (la mencionada Junta). Por el contrario, son pruebas que fueron ofrecidas y desahogadas ante el Consejo de la Judicatura, y que en forma intencional, es decir ilícita, dicho Consejo no valoró, con la finalidad de favorecer al evaluado, violando el principio de objetividad previsto por el artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que a la letra dice: ‘La designación para un período más sólo procederá de los resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia (…) La función y evaluación de los magistrados del Poder Judicial se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y rendición de cuentas”.
En el largo texto, Hipólito transcribe varias tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los requisitos que deben cumplirse para las ansiadas ratificaciones de jueces y magistrados. Y desde su punto de vista, el desempeño de Valentín no cumple con esos parámetros. Empero, será necesario esperar el “Día D” y constatar entonces si los legisladores, sobre todo los priístas y quienes decidan sumarse a ellos, ratifican o remueven a González García. Si optan por lo primero, soslayando los recursos que esgrime Hipólito, habrán dado “luz verde” a un eventual viraje en la presidencia del TSJ. Sin embargo, lo anterior estaría supeditado a tres cosas: primero, que las acusaciones en contra de Valentín enviadas por Andrés Hipólito Prieto al Congreso sean inconsistentes y formen parte de un complot para ver al jojutlense fuera del Tribunal; segundo, que el magistrado “indeseado” reciba el apoyo externo de connotados priístas, entre ellos el mismísimo Amado Orihuela Trejo, precandidato del PRI a la gubernatura; y tercero, que haya sido hasta hoy un magistrado productivo y honesto. A ver.
Cambiando de tema comentaré que antenoche, teniendo como escenario un hotel ubicado en la avenida Río Mayo de Cuernavaca, los más destacados miembros de la clase política priísta fumaron la pipa de la paz y cerraron filas alrededor de Amado Orihuela Trejo. Compartiendo el pan, la sal, buen whisky (faltaba más), excelente vino y magníficas viandas estuvo el aspirante gubernamental flanqueado por Manuel Martínez Garrigós, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI; Joaquín Hendricks Díaz, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional; Maricela Sánchez Cortés, quien junto con Manuel estuvo a punto de derrumbar las aspiraciones del hombre nacido en Mazatepec, y otros líderes de la estructura territorial. Nadie faltó. Esta reunión fue previa al registro de Amado como precandidato a la gubernatura, mismo que se llevará a cabo hoy jueves ante la Comisión de Procesos Internos en la sede estatal del PRI. Y mañana la “crema y nata” del Revolucionario Institucional recibirá la visita de Enrique Peña Nieto, su virtual candidato a la presidencia de la República.
Sin embargo, déjeme decirle que el ex líder estatal de la CNC, Delfino Toledano Alfaro, anunció que también se presentará hoy al filo de las 15:00 horas para registrarse como precandidato a la gubernatura. Habrá que ver los apoyos que sustentan su registro. A lo anterior debemos sumar la “luz verde” otorgada el 17 de febrero por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a una demanda de reivindicación de derechos políticos interpuesta por Agustín Benítez Toledo, regidor de Temixco, a quien Joaquín Hendricks Díaz impidió registrarse el 10 de febrero para contender por la candidatura a la diputación federal del II distrito. La notificación, contenida en el expediente SDF.JDC.284/2012, plasma la firma del magistrado Roberto Martínez Espinoza, presidente de la Sala Regional. La admisión del recurso no es buen síntoma sobre la candidatura lograda por Georgina Bandera Flores y convalidada el fin de semana anterior por una convención de delegados. Nomás imaginen ustedes que el Trife ordene la reposición del procedimiento. Y todo por la insensibilidad del ex gobernador de Quintana Roo.
Finalmente diré que Ricardo Espinoza Chavero, quien dice ser delegado en funciones de presidente del Frente Juvenil Revolucionario (FJR) del PRI, presentó ayer una denuncia por los golpes que “en cara y cuerpo” le propinaron antenoche quienes dijeron ser enviados por el diputado local Julián Abarca Toledano, a quien Espinoza Chavero, supuestamente, desplazó en el FJR. Dizque fue amenazado de muerte. Los hechos ocurrieron después de que salió del encuentro encabezado por Amado Orihuela Trejo en el hotel de la avenida Río Mayo. ¿Le creemos?
