Imaginen ustedes la merma al Producto Interno Bruto (PIB) de México si adicionamos el dinero cobrado por todos los “representantes populares” del país en su conjunto, incluyendo a los del resto de entidades federativas, pero ampliando el ejercicio mediante la inclusión del gigantesco aparato de la administración pública federal, estatal y municipal. Todo cambiará dramáticamente con el resultado electoral. Nos encontramos, pues, frente a la “feria del hueso”. Por eso medio mundo anhela ser político o servidor público, a la mexicana desde luego.
Podemos advertir (lo estamos constatando ya a través de las redes sociales) una competencia electoral cuyos principales rasgos serán el golpe bajo, las campañas sistemáticas de ataques, la traición dentro de los partidos políticos, los discursos incendiarios tendientes a despertar las más contradictorias emociones de los potenciales votantes, el despilfarro, abultados catálogos de magníficas intenciones, las vanas promesas de cambio, etcétera. Este escenario de polarización, que surge desde la lucha por el poder público, se trasmina hacia la base social y daña su tejido. Hoy por hoy, todo está regido por la desconfianza y el mal ejemplo a nuestra juventud. Ninguno de nuestros ínclitos políticos puede proyectarse como ejemplo ante miles de jovencitos que buscan una oportunidad de desarrollo y que, a veces, terminan siendo reclutados por el crimen organizado.
¿Hasta cuándo, señoras y señores, se acabará el clima de desconfianza entre los actores políticos de cualquier ideología, en aras de lograr el desarrollo armónico de nuestra entidad federativa? Para responder a esta pregunta me referiré al libro “¿Estamos Unidos Mexicanos? Los límites de la cohesión social en México”, editado por Planeta en 2001 bajo la coordinación de Mauricio de María y Campos y Georgina Sánchez. En el capítulo de conclusiones leemos lo siguiente: “El deterioro de los antiguos modos de hacer política deja espacios de participación que, a manera de vasos comunicantes, son y serán ocupados por nuevos actores y expresiones. Sin embargo, la mayor participación social tampoco es signo de estabilidad y certidumbre: el proceso de transición también está caracterizado por la competencia por los espacios, con frecuencia por actos no democráticos y no institucionales, que crean dinámicas de disrupción y de cohesión social en torno a intereses particulares contrarios a cohesiones sociales más amplias”. La “mediación desde arriba” implica establecer los lineamientos que ofrezcan las condiciones para que la cohesión amplia y democrática pueda tener lugar: abrir el espacio a la libertad de acción y expresión, dentro de cauces institucionales. Lamentablemente, algunos actores políticos han sucumbido ante la tentación autoritaria, consistente en inhibir esa participación o forzarla hacia intereses particulares.
Los hechos violentos acaecidos durante los pasados tres años en Morelos, lejos de polarizar las posiciones de quienes integramos la sociedad local, debería servir como estímulo para constituir una nueva clase dirigente: política, empresarial, social y cultural, con una conciencia social que abra la participación a los gremios, sindicatos y organizaciones populares. La “mediación desde arriba implica actuar con tolerancia, prudencia orientada al diálogo, reconocer las diferencias y, siempre que sea posible, la incorporación a los proyectos gubernamentales con reglas transparentes, sin ceder privilegios al margen de la ley. Esta línea implica evitar los prejuicios y la cerrazón de sistemas cupulares.
Por todo lo expuesto recibimos con beneplácito la creación del Consejo Consultivo de las Redes Ciudadanas para el combate a los delitos en Cuernavaca, a cuyos miembros tomó protesta este fin de semana el alcalde Rogelio Sánchez Gatica. Dicho Consejo emanó del Foro de Integración de Redes Ciudadanas de Prevención y Cohesión Social, desarrollado en el Museo de la Ciudad, cuyo principal objetivo es fomentar la participación ciudadana en acciones preventivas del delito y reforzar los esquemas de seguridad aplicados por el gobierno municipal a través de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. El Consejo Consultivo está integrado por el director de la Facultad de Derecho de la UAEM, Raúl Vergara Mireles; Jorge Gordillo Cervantes, representante de la Liga de Economistas; Rosa María Pintos Barrientos, investigadora y catedrática universitaria; Ana Paula Otero, promotora comunitaria; Gabriela Lora Espino, presidenta del Instituto Universitario para el Adulto Mayor; Margarita Rodríguez Olivares, coordinadora de la Red de Cooperación Interinstitucional, y por Marco Antonio Salgado Gama, ex coordinador del Consejo de Apoyo a Pueblos Indígenas.
Sánchez Gatica destacó esta nueva oportunidad para que la sociedad y el gobierno trabajen juntos teniendo como objetivo atacar las causas que generan inseguridad y violencia en nuestra ciudad, capacitándose en torno a la integración de redes ciudadanas, la cohesión social y la prevención del delito, a fin de mejorar las condiciones de seguridad que la ciudadanía exige a sus gobernantes. Así, ponderó que el proyecto contemple la prevención del delito mediante la articulación de grupos en los barrios y comunidades, así como en el sector educativo, entre otros. Obviamente, las acciones de estas Redes Ciudadanas, que no tendrán ninguna vinculación con cuestiones políticas, serán apoyadas por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. Que todo sea por el bien de la capital morelense.
