Tuve el privilegio de contarme entre sus amigos y lamento mucho su muerte. Si no hubiera sido víctima de la maldita enfermedad, estoy seguro de que las condiciones competitivas de Acción Nacional serían otras en este momento. Descanse en paz. Pasemos al tema de hoy.
Al igual que el resto de entidades federativas, Morelos se encamina vertiginosamente hacia la elección del nuevo presidente de la República, 500 diputados federales y 128 senadores. Sin embargo, respecto al caso local los comicios del primero de julio también implicarán la elección de quien relevará a Marco Antonio Adame Castillo en la titularidad del Poder Ejecutivo, a 30 nuevos diputados adscritos a la LII Legislatura (18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional), y 33 presidentes municipales junto con las formulas de síndicos y regidores. Viene, pues, un cambio dramático en las instituciones morelenses.
Los cuatro candidatos a la gubernatura son de sobra conocidos: Adrián Rivera Pérez, abanderado del Partido Acción Nacional (PAN); Amado Orihuela Trejo, candidato de la Coalición Compromiso por Morelos (PRI, PVEM y Panal); Graco Ramírez Garrido Abreu, aspirante por la Coalición Nueva Visión Progresista por Morelos (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), y Julio Yáñez Moreno, del Partido Social Demócrata (PSD). Todos iniciaron sus campañas este fin de semana con diferentes matices y divisionismo al interior de los partidos políticos que los respaldan. Concluirán su proselitismo el 28 de junio del presente año.
Me parece que debemos hacer algunas preguntas ante las aspiraciones de los cuatro candidatos gubernamentales: ¿Saben realmente cuáles son los principales agravios sociales? ¿Saben cómo enfrentarlos? Desde mi particular punto de vista podría ubicar a la inseguridad pública y la reiterada comisión de delitos de alto impacto como los principales problemas a enfrentar por la siguiente administración estatal, en coordinación con el próximo presidente de la República y el que será su gabinete de seguridad. Para demostrar la gravedad del problema retomaré una nota difundida el sábado por El Universal, la cual confirma el riesgo en que se encuentra México frente al crimen organizado.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, reveló que el mandatario mexicano ha expresado que el narcotráfico remplazó algunas funciones del Estado o de plano le compite, como sucede en el caso de la recaudación de impuestos. En Cartagena, Colombia, el mandatario peruano dijo (tras reunirse con Felipe Calderón): “Estuvimos dialogando no sólo sobre qué cosas tenemos en común, sino lo que no queremos para los próximos años. Y aquí entran los temas vinculados al tráfico ilícito de drogas y el arribo de otras economías ilegales que se están multiplicando. Al respecto, algunos jefes de Estado han señalado que el narcotráfico está ya remplazando en determinados sitios las funciones del Estado, como es el caso, y así lo ha señalado el presidente de México, en lo relacionado con la recaudación de impuestos. Esas organizaciones compiten con el Estado en este tipo de cosas”. ¿Quedó claro, estimados lectores? ¿Le quedó claro a los candidatos a la gubernatura? ¿Quién comprenderá a cabalidad lo que ocurre?
Lo que ha sucedido en diversas entidades tocante al implacable reacomodo del crimen organizado nos obliga a reflexionar sobre la exacta dimensión del estado mexicano dentro de la guerra declarada a sus enemigos por el presidente Felipe Calderón al comienzo del actual régimen en 2006, cuya finalización no aparece todavía en el horizonte nacional. Es más: los mexicanos no poseen parámetros para medir la victoria surgiendo otra vez la necesidad de reflexionar sobre la conceptualización del estado fallido. ¿Estamos o no en tal condición? Desglosemos.
“Como las comunitarias y las económicas, las consecuencias políticas de la actividad que despliegan las organizaciones criminales, especialmente las más poderosas, se distribuyen en varias dimensiones. Por lo pronto, conviene advertir que la existencia de un problema de crimen organizado en un país obliga a destinar gran cantidad de recursos (económicos, técnicos, materiales y humanos) y esfuerzos a hacer frente a su amenaza, recursos y esfuerzos que podrían destinarse a otros ámbitos de la actuación política de máxima necesidad y que pueden elevar sensiblemente la deuda estatal”.
Así lo leemos en el libro “Crimen. Org. Evolución y claves de la delincuencia organizada”, de Luis de la Corte Ibañez y Andrea Giménez-Salinas (España, Editorial Planeta 2010), que nos ayuda a comprender todavía más el fenómeno. De manera concreta los autores describen el escenario de un estado fallido: “El efecto político más extendido es la pérdida de eficiencia en el funcionamiento de instituciones públicas, generalmente como consecuencia de la corrupción promovida a distintos niveles y en diferentes áreas para favorecer intereses privados. Esas prácticas corruptas y las complementarias acciones intimidatorias dirigidas contra empleados de la administración suelen ir orientadas a promover la distribución parcial de los recursos, quebrando así el principio de equidad en la implementación de políticas públicas. El crimen organizado puede erosionar también los fundamentos y pilares del Estado de derecho. La propia acción del crimen organizado constituye ya un desafío para el mantenimiento del principio de legalidad vigente. La quiebra de este principio podría ser impulsada de varias maneras, aunque las fórmulas más habituales están mediatizadas por algún cambio en la cultura política, es decir, en el sistema de valores, creencias y actitudes que condicionan la acción política de los ciudadanos”. De nuevo pregunto: ¿Quedó claro señores candidatos a la gubernatura? ¿Quién de ustedes tendrá la capacidad para enfrentar a las células delincuenciales que se multiplican por doquier? Morelos, al igual que toda la República Mexicana, ya no aguanta más. 151 mil millones de pesos aplicados desde 2006 hasta hoy, y las bandas mantienen su reacomodo.
