Por octubre de 2009, a escasos meses de haber sido liberado, Julio Espín coincidió en la LI Legislatura con quien fuera su apoderado jurídico para defenderlo en el proceso judicial. Me refiero a Javier Mújica Díaz, quien estableció con Erick Navarrete el compromiso de reparar el daño a cambio de que Espín no pasara más tiempo en la cárcel de Jojutla, ya que tenía el temor fundado de que, al toparse con más ixtlecos recluidos ahí y resentidos por algunos abusos del ex edil, lo agredieran. Y es que cabe recordar que Espín, durante el trienio 2000-2003, gozando del poder municipal se presentaba en eventos públicos alardeando sobre su posición, ofendiendo y repartiendo dinero a diestra y siniestra. Muchas veces presidió comelitones donde abundaban la comida y el alcohol. Mújica Díaz y Espín le firmaron tres pagarés a Erick Navarrete por diez mil pesos cada uno. Empero, los documentos vencieron en diciembre de 2008 sin que hubieran sido liquidados. Derivado de ello, el abogado inició un proceso mercantil en contra de los aludidos consiguiendo en noviembre de 2009, bajo mandato judicial, la intervención de las “dietas” de Mújica Díaz, quien fue visitado para tal fin en sus oficinas del Congreso local por auditores del Tribunal Superior de Justicia. Ante el triste espectáculo, no le quedó más que pagar.
Cabe mencionar que en ese momento, el ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (o sea Mújica Díaz) le había volteado la espalda a Julio Espín pasándose al grupo entonces encabezado por Jorge Arizmendi García, a la sazón presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso. Fueron los momentos iniciales del divisionismo que caracterizó al grupo parlamentario del PRI durante la LI Legislatura. Y cómo habrá sido la administración de Julio Espín en el trienio 2000-2003 que un nutrido grupo de la sociedad ixtleca decidió colocar afuera del Palacio Municipal una placa alusiva a la administración más corrupta: la de Espín Navarrete, quien ahora aspira a presidir de nuevo el Ayuntamiento de aquella localidad.
Pero, regresando al abogado Erick Navarrete, es importante informar que conduce la asesoría legal de José Carlos Castillo González (hijo del inolvidable abogado Luis Castillo Pombo), quien buscó registrarse como aspirante a la candidatura del PRI para la presidencia municipal de Jiutepec, sin conseguirlo porque alguien se lo impidió, no obstante haber cumplido con los requisitos de la convocatoria respectiva. Poca gente sabe que Castillo González promovió un juicio de garantías a sus derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Morelos, radicado en el expediente TEE/JDC/030/2012-2, mismo que acaba de ganar. La sentencia del TEE ordena al PRI nacional y estatal que en 24 horas resuelva el recurso de queja, so pena de multas y sanciones graves. Obvio, lo anterior le otorga a José Carlos Castillo González todo el derecho legal de mantenerse en la contienda, a pesar de que Guadalupe Jiménez Tovar continúa proyectándose como la candidata priísta a la alcaldía jiutepequense. Este asunto amenaza con sacar chispas. A ver.
Cambiando de tema comentaré que la semana pasada el regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, Carlos Riva Palacio Than (dizque priísta de hueso colorado e hijo del ex gobernador Antonio Riva Palacio López), anunció que apoyará la campaña de Graco Ramírez Garrido como candidato de la Coalición Nueva Visión Progresista a la gubernatura morelense. Y el pasado fin de semana trascendió que Raúl Iragorri Montoya, sedicente perredista de pura cepa, respaldará el proselitismo de Amado Orihuela Trejo, candidato del PRI a la gubernatura. ¿Quién sumará más votos a quién? Me parece que ninguno. Ni a Carlitos, ni a Raúl se les da la política, mucho menos el trabajo entre las estructuras territoriales de sus respectivos partidos. Carecen de representatividad. Si el regidor hubiera demostrado sus dotes de “representante social” en el IV distrito local, en este momento Luis Flores Ruiz no sería el elegido (tampoco él tiene representatividad). Y si el empresario automotriz tuviera realmente la imagen de “líder social y político” a nivel estatal, otro sería el contexto de Graco Ramírez Garrido Abreu, quien, por el contrario, está creciendo en la preferencia electoral, aunque va cuesta arriba frente a un bien posicionado Orihuela Trejo. En fin.
Otro que avanza conforme transcurre la campaña rumbo a la gubernatura es Adrián Rivera Pérez, abanderado del PAN, quien este fin de semana se reunió con líderes de permisionarios del transporte público con itinerario fijo. Me refiero a Aurelio Carmona Sandoval, presidente de Rutas Unidas de Cuernavaca, y Dagoberto Rivera Jaimes, sempiterno dirigente de la Federación Auténtica del Transporte. Es menester subrayar que ambos poseen efecto multiplicador, aunque valdría la pena aplicar con ellos el dicho “hasta no ver no creer”, pues suelen venderse al mejor postor. Sin embargo, durante el encuentro Adrián Rivera confirmó su interés por conseguir para Morelos un mejor sistema de transporte público. Indicó: “Urge modernizarlo para cumplir con los derechos de los usuarios, pero siempre integrando a los prestadores del servicio. Ese un reto que cumpliremos”. Posteriormente, Rivera Pérez se reunió con dirigentes de varias agrupaciones de taxistas, varios de ellos, también, con efecto multiplicador. Constatamos, pues, la lucha por el voto gremial.
