Sin embargo, a finales de 2010 y comienzos de 2011 las condiciones de violencia cambiaron. Los operativos del Ejército Mexicano y la Policía Federal, coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y algunas de sus homólogas municipales, fueron positivos aunque a veces los elementos federales se excedieron contribuyendo a documentar expedientes hoy todavía ventilados por comisiones encargadas de preservar los derechos humanos. La presencia de militares y miembros de la PF sirvió para disuadir el delito en determinadas regiones. Debido a eso percibimos, hacia marzo del año pasado, una reactivación económica durante las noches en Cuernavaca, no al nivel que había en 2008, pero sí preservando de alguna forma u otra los centros de trabajo y los puntos de atracción turística.

Lamentablemente el 28 de marzo de 2011 este escenario se desvirtuó tras el hallazgo de siete cadáveres, entre ellos el de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia Zardaín, frente al acceso del fraccionamiento “Las Brisas” en Temixco. Aunque las condiciones de seguridad pública habían mejorado, el asunto de Juan Francisco volvió a proyectar a Morelos y la zona metropolitana de Cuernavaca como sitios infestados de delincuentes. Surgió un nuevo daño de imagen ante propios y extraños; y hasta hoy la capital morelense sigue colocada al mismo nivel de ciudades violentas de Tamaulipas y Nuevo León, lo cual dista mucho de la realidad.

En marzo de 2011 había descendido el narcomenudeo, pero mientras las autoridades federales taparon esos hoyos delincuenciales ligados al crimen organizado, la lógica de determinadas bandas los obligó a desviar sus actividades hacia delitos del fuero común ante la necesidad de dinero y armas. Cundieron la extorsión, el robo calificado, los asaltos a mano armada, el robo de vehículos y el secuestro. Además, la causa asumida por Javier Sicilia tras el asesinato de su hijo fue provechosa, pues el gobierno federal destinó cualquier cantidad de recursos financieros, humanos y técnicos a fin de encontrar a los asesinos. El Ejército Mexicano y la Policía Federal (fundamentalmente) hallaron a los responsables de esas muertes y descabezaron varios grupos surgidos en los mejores tiempos de encubrimiento institucional a ciertos capos, hoy abatidos o presos. Empero, algunas células de esas bandas siguen vivas.

Para desgracia de los morelenses productivos, los operativos federales se inhibieron tras lo ocurrido con el joven Jethro Ramsés Sánchez, “levantado” el primero de mayo de 2011 por policías municipales y federales en el recinto ferial de Acapantzingo, y después entregado a miembros del 21 Batallón de Infantería, donde horas más tarde fue torturado y asesinado bajo la complacencia de jefes castrenses. Aquello causó profunda indignación en todos los sectores sociales y políticos, quienes exigieron el cese de hostilidades por parte de corporaciones federales. Ni qué decir respecto a varios operativos otrora a cargo de la Policía Federal y sus evidentes excesos. Fue así como se flexibilizó la intervención del gobierno de la República en Morelos, notándose de inmediato el reacomodo del crimen organizado y la proliferación de delincuentes comunes bajo la complacencia de policías preventivas municipales. Aquí, con cierta medida, quisiera deslindar la responsabilidad de la Preventiva Estatal que, al límite de sus capacidades, ha pugnado por proteger a la sociedad morelense. La mayoría de corporaciones locales, definitivamente, no están cumpliendo con su función.

Mientras tanto infinidad de sectores exigieron la implementación del “Plan Morelos Seguro”, similar al que aplicó (y aplica) el gobierno federal en varias entidades donde los jefes policíacos estatales y locales fueron desplazados por las estrictas directrices de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional. Así llegamos a la víspera, cuando el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, anunció la puesta en marcha del “Plan Morelos Seguro”, mismo que “será coordinado por la Sedena para combatir la violencia en diez municipios de esta entidad que merecen una atención más firme y decidida de los tres órdenes de gobierno debido a la presencia del crimen organizado”.

Ante el gobernador Marco Adame Castillo, Poiré explicó que dicho plan contempla el reforzamiento de las fuerzas federales (coordinadas por la Sedena), quienes instalarán una base de operaciones mixtas “con el fin de dar más contundencia, prevenir el delito y otorgarle mayor seguridad a los morelenses”. Asimismo, se incrementarán los patrullajes de las fuerzas federales en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla, así como en el sur y sur poniente de la entidad. Se reanudará el patrullaje de la Policía Federal sobre las carreteras estatales y aumentarán las capacidades de inteligencia policial. “A fin de mantener la debida coordinación y fortalecer el trabajo del combate a la delincuencia, se instalará de manera permanente, en el seno del grupo de coordinación interinstitucional, una instancia de fusión de información sobre el combate delictivo, de ajuste táctico en el despliegue y de coordinación entre las autoridades estatales y federales de la entidad”. Etcétera.

Mucho se dijo, en algunos ámbitos institucionales, que nuestra entidad no requería el “Plan Morelos Seguro”, pero a juzgar por las apariencias la realidad era otra. Quizás no estamos a la par de los estados donde sigue operando hasta hoy dicho programa, pero es preferible utilizar de nuevo la medicina que funcionó durante los años posteriores a la defenestración de Arturo Beltrán Leyva, sin descuidar el respeto a los derechos humanos, ni restringiendo garantías individuales. La entidad no aguantaría nuevos excesos, ni otro caso similar al de Jethro Ramsés. Este viernes, por cierto, entrará en funciones la nueva Policía Acreditable. Que todo sea por el bien de Morelos.