De acuerdo con auditorías académicas y estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y organismos evaluadores independientes, la calidad de la enseñanza y la investigación en las academias públicas mexicanas tienen asimetrías asombrosas. De 60 instituciones públicas de educación superior que reciben financiamiento, en conjunto, de 80 mil millones de pesos al año, sólo ocho cuentan con un nivel óptimo de calidad en sus programas académicos. Otras 11 sobreviven con un desempeño académico regular. Y 40 universidades públicas, la mayoría, no alcanzan siquiera los mínimos de calidad en la enseñanza que ofrecen a sus alumnos en licenciaturas y maestrías.
A tales conclusiones llegamos tras analizar estudios elaborados por la SEP, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). De acuerdo con tales informes hay universidades públicas a las que incluso se les ha sugerido “cerrar sus puertas” ante la imposibilidad de solucionar sus problemas estructurales. En diferentes administraciones federales hemos escuchado la “preocupación” de altos funcionarios de la SEP respecto a la necesidad de elevar el nivel académico y vincular los programas de estudio a la cadena productiva, a fin de que las universidades sigan siendo una opción real para la vida profesional de los egresados, pero realmente poco se ha logrado hasta ahora.
Actualmente en las 60 universidades públicas mexicanas estudian alrededor de dos millones de alumnos y, de ellos, sólo la mitad logra colocarse en el mercado de trabajo; el resto encuentra ocupaciones que nada tienen que ver con sus estudios, emigra o está en el desempleo abierto. De ahí que las universidades tecnológicas, como la Emiliano Zapata de Morelos, hayan pasado a ser más atractivas para el estudiantado, pues en ellas 70 por ciento de los egresados encuentra trabajo.
De 60 universidades públicas evaluadas en 2010 por el Ceneval, sólo ocho contaban con altos índices de calidad académica. Fueron las autónomas de San Luis Potosí, Nuevo León, Yucatán, Ciudad Juárez, Chihuahua, Baja California, Aguascalientes y el Instituto Politécnico Nacional. Pero también está el otro rostro de la educación pública superior: el que conforman 40 universidades públicas que han sido “reprobadas” en sus estándares de calidad en la mayoría de sus programas. Este grupo se subdivide en dos: en el primero están ocho universidades que tienen “rendimientos mínimos de calidad” en la mayor parte de sus carreras y posgrados, y que sólo han “pasado la prueba de calidad” en algunos programas académicos, como las de Campeche, Coahuila, Durango, Guadalajara, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas y Chapingo. El segundo grupo lo integran las 32 peores universidades, las que no han acreditado una sola de sus carreras, ni de licenciatura ni de posgrado, en los estándares de calidad a que han sido sometidas por organismos evaluadores. Y en una tercera clasificación se hallan once universidades que fueron calificadas con seis y acreditaron algunas carreras con altos índices de calidad: fueron las universidades autónomas de Morelos, Colima, Guanajuato, Hidalgo, estado de México, Puebla, Querétaro, la Veracruzana, la Autónoma Metropolitana, la Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico de Sonora.
El escenario académico es delicado (y de mediocridad) a juzgar por los informes aludidos, pero todo tiene precedentes. Las circunstancias financieras de la UAEM, de las cuales depende la excelencia académica, siguen siendo deplorables. Y fueron confirmadas ayer durante una marcha estudiantil, así como por la intervención del gobernador Marco Adame Castillo quien, de manera emergente, aportó a la institución 34 millones de pesos para el pago de su nómina. Sin embargo, es importante subrayar que algo grave ha sucedido y sigue repitiéndose con el manejo del dinero destinado a la institución desde tiempos inmemorables por el gobierno federal y el estatal. Nunca alcanza y los rectores siempre aseguran que la Universidad “está en crisis”. Pero eso sí: con posterioridad al cierre de determinadas administraciones hemos visto el enriquecimiento inexplicable de las autoridades universitarias.
El 7 de septiembre de 2004, la inolvidable Fabiola Escobar escribió el siguiente reporte para “La Jornada Morelos”: “Jorge Herrera del Rincón, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), declaró enfático que se agota el tiempo para que la Universidad subsane los adeudos con la institución médica, por lo que podría entrar en operación el embargo y las intervenciones judiciales; no hay avances en la negociación”. El funcionario federal subrayó que el Instituto se apegaría a lo estipulado por el Código Fiscal de la Federación, donde se determinan las acciones a seguir ante cualquier institución pública que no cumpla con los compromisos fiscales. “Tenemos las herramientas necesarias, pero no hemos querido llegar a eso; se agotan los tiempos y no tenemos capacidad de maniobra”, advirtió. Cualquier semejanza con escenarios actuales no es simple coincidencia, sino la más pura realidad.
El 14 de diciembre de 2005 trascendió que la entonces Auditoria Superior Gubernamental (ASG) comenzaría una revisión a las finanzas de la UAEM, según confirmó el rector Rene Santoveña Arredondo, al tiempo de alertar sobre la grave crisis financiera que se esperaba para 2006. Al tiempo de declarar que “las finanzas son transparentes, lo cual se demostrará con el resultado de esta investigación”, explicó que la “ocasión” serviría para evidenciar “las ausencias y el déficit de la institución”. “Ellos –la ASG- tienen que ver dónde están las deficiencias presupuestales porque se nos avecina un escenario muy complicado para 2006”. Y dijo que los 600 millones de pesos que se reciben como presupuesto, en su mayoría se destina al pago de nómina, prestaciones no ligadas al salario, jubilaciones y pensiones, y una parte reducida a gastos de operación. Insisto: cualquier semejanza con hechos actuales, no es casual, sino una problemática recurrente que se origina, definitivamente, en el pésimo manejo de los recursos y en hechos discrecionales.
