Antes de aquel suceso, varios medios informativos nacionales difundieron la posición asumida por funcionarios norteamericanos y diplomáticos respecto a la desconfianza del gobierno de Estados Unidos de América hacia el Ejército Mexicano en el combate al narcotráfico. El entonces embajador estadunidense en México, Carlos Enrique Pascual, indicó el 17 de diciembre que “la presencia del Ejército en las calles no es la solución final a los problemas de inseguridad”. Para el operativo contra Beltrán Leyva el gobierno estadounidense se apoyó en la Marina y no en el Ejército. El mismo día en que murió el narcotraficante, la DEA ponderó el resultado de la operación “gracias al intercambio de información con la Armada”. “El reinado de Beltrán Leyva ha terminado, indicó la DEA”.
Y como símbolo de esa declaración, el gobierno mexicano exhibió el cadáver del capo bañado en sangre, cubierto de billetes y amuletos. Días antes, el martes 8 de diciembre, Amnistía Internacional había emitido un informe revelando casos de violación a los derechos humanos por militares mexicanos, como parte de los operativos contra el narcotráfico. Congresistas de Estados Unidos también expresaron su inconformidad ante tales abusos, coincidiendo con la autorización de una partida de 231 millones de dólares a México para 2010. Y fue en este contexto donde crearon ámpula las fotos del cadáver manipulado de Beltrán Leyva, mismas que alguien tomó durante las primeras indagatorias en el edificio Altitud de la colonia Lomas de la Selva. Agregué al respecto el 22 de diciembre de 2009: “Algo se le revirtió a la Marina y para salvar las apariencias se buscó que el hilo se rompiera por lo más delgado: cinco modestos peritos de la Procuraduría de Morelos”.
Como todo mundo sabe, ante el escándalo desatado por las imágenes, el gobierno federal reaccionó, aunque de manera convenenciera. El entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, informó que se investigaría -junto con el gobierno de Morelos- quién tomó y difundió las fotografías, cayendo la guillotina sobre modestos empleados del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Procuraduría local, sin afectar jamás a quienes crearon el caos después de la balacera en el departamento otrora propiedad de Beltrán Leyva: los elementos de la Marina, vestidos de civil. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) pagó los platos rotos y los proceptores de los Servicios Periciales de esa institución se quedaron sin chamba”.
Todo lo antes transcrito me sirve como preámbulo para comentar la reacción de Guillermo Barclay Arce, secretario de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (SPyAC), frente a un grave problema que se ha venido repitiendo cuando elementos de esa corporación acuden al levantamiento de cadáveres: la toma y posterior venta de fotografías, al mejor postor, de los cuerpos sin vida. Una vez trascendido el escándalo, al funcionario municipal de marras no le quedó más que aceptar el asunto y advertir que “habrá una investigación” en torno a la conducta de varios agentes que ya están detectados, al menos en los hechos recientemente ocurridos en una residencia de la colonia Rancho Tetela. El flamante titular de la SPyAC informó que se investiga a seis policías que, el día del levantamiento de los cadáveres, fueron vistos tomando las susodichas fotografías para posteriormente venderlas. Qué asco. Ojalá y el señor Barclay Arce, cuya gestión al frente de la seguridad pública de nuestra capital está pasando de noche, llegue hasta el fondo del delicado tema, tope lo que tope y caiga quien caiga.
Finalmente comentaré parte de las declaraciones vertidas ayer por Marcos Manuel Suárez Gerard, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Cuernavaca, respecto a su posicionamiento en el proceso electoral y las tendencias favorables alrededor de su proyecto que, quiérase o no aceptar, aún no ha alcanzado su tope y sigue creciendo frente al azoro de quienes se ubican enfrente. Marcos Manuel Suárez Gerard señaló que el pasado mes de mayo la empresa GP Mark levantó una encuesta en la capital morelense para medir la preferencia electoral en la disputa por la alcaldía cuernavaquense. El ejercicio demostró la existencia de un empate técnico entre los tres principales rivales. “Es decir, que al término de la primera quincena de mayo el proceso se encontraba a tercios, con una competencia sumamente reñida”, indicó Marcos Manuel Suárez Gerard, quien reconoció que el repunte de su campaña se debe a la cercanía de toda la planilla con la gente, a las propuestas claras y a la determinación de rescatar a Cuernavaca del hoyo de corrupción en que está inmersa. “La planilla de algunos competidores no garantiza la honestidad que exigen los habitantes de nuestra capital”, agregó.
Y en más con relación al candidato panista a la alcaldía de Cuernavaca, diré que su compromiso de trabajar por la sociedad local destinando íntegro su salario (de poco más de 85 mil pesos mensuales) a causas sociales, diré que es absolutamente factible. Existe un antecedente al respecto con el presidente municipal de Morelia, Michoacán, el empresario Manuel Nocetti Tiznado. Recibí un correo electrónico de mi colega periodista Ana Silvia Barajas, quien me señaló que dicho funcionario michoacano hizo público en febrero del presente año que donaría íntegro su sueldo a cinco organizaciones civiles, entre ellas la Asociación Esclerosis Múltiple de Morelia. Y añadió Ana Silvia: “Ojalá y en Cuernavaca se vieran más acciones como esta. Si gana Marcos Manuel la elección, qué bueno si es así de parte de él, pero si gana otro, espero que esté a la misma altura”. El alcalde Nocetti Tiznado, tras anunciar su compromiso, generó suspicacias, pero hasta el día de hoy ha sido congruente entre su decir y el hacer. En lo personal no me cabe la menor duda de que Marcos Manuel hará lo mismo.
