Los hechos quedaron asentados en la queja Q/034/2012-T, de fecha 7 de junio del año en curso, levantada ante la CDHE. Esto, que se repite a diario en muchísimos desarrollos habitacionales de la capital morelense debido a múltiples lagunas jurídicas prevalecientes en la reglamentación de sistemas condomidales, podría considerarse como “típico”, pero no lo es tanto cuando un fuerte comando armado acude de esta forma a amedrentar a una familia sembrando el terror, mientras en otras regiones morelenses los narcotraficantes, asaltabancos, secuestradores, extorsionadores, robacarros y las bandas de “zorreros” hacen de las suyas bajo el manto protector de la impunidad. Y cómo no van a operar así las bandas criminales si los elementos castrenses y fuerzas federales encargadas de combatirlas se dedican a intimidar a vecinos de condominios que “osan” estacionarse en lugares prohibidos. Empero, es importante comentarles a ustedes, amables lectores, que la señora Santos Rodríguez llevaba meses haciéndolo en un espacio no utilizado por su auténtico propietario, sin tener jamás problemas al respecto. Sin embargo, el domingo 3 de junio, alrededor de las 15:00 horas (indica la queja levantada ante la CDHE), Mayelin Santos Rodríguez tuvo un altercado con una persona de nombre Iveth Reza, quien vive también en el mismo condominio y cuyo automóvil había dejado estacionado en el mismo cajón, tal como lo hizo durante varios días en que Mayelin Santos y su familia salieron de vacaciones. Se le pidió a Iveth Reza que retirase el vehículo, a lo cual accedió visiblemente molesta.
Cual sería la sorpresa de Mayelin Santos y su esposo cuando, alrededor de las 23:30 horas del domingo, llegó el comando de soldados y agentes federales armados hasta los dientes. Incluso llevaban vehículos artillados. Los encargados del “operativo” se apostaron frente a la casa, tocaron la puerta y cuando el matrimonio salió les fue exigida la documentación de su automóvil, mismo que sería revisado “bajo la sospecha de ser robado”. Atemorizados, respondieron que con mucho gusto, pero antes los militares tendrían que presentar alguna orden judicial la cual, desde luego, no existía. Quienes iban al frente de los soldados y agentes federales montaron en cólera y, de una vez por todas, ordenaron al matrimonio que quitaran el automóvil del mentado cajón de estacionamiento, lo cual tuvieron que hacer por temor a represalias. Hasta entonces concluyó el “operativo” en el lugar. Sobra mencionar que al entrar a una propiedad privada sin órdenes judiciales de por medio, los elementos federales quebrantaron la ley. Además, es obvio que la señora Iveth Reza conoce a alguien “importante”, capaz de movilizar a quienes, tal vez, fueron sacados de un necesario retén o patrullaje destinado a combatir al crimen organizado, para acudir a San Antón y aterrorizar a un indefenso matrimonio.
¿Cómo la ven ustedes, amables lectores? Víctimas de la frustración y ante el evidente abuso de autoridad, los afectados acudieron ayer a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, donde interpusieron la queja aludida (la cual será turnada como muchas otras a la Comisión Nacional de Derechos Humanos), aunque también presentarán una denuncia en la Procuraduría General de Justicia por delitos del fuero común. Al llegar hasta aquí en nuestro tema de hoy quizás algunos de los lectores pregunten: “¿Por qué le das tanta importancia a lo ocurrido?”. La respuesta es simple: porque no deben permitirse nuevos excesos en el Plan Morelos Seguro.
Hace varias semanas, tras iniciar el ambicioso programa de seguridad bajo la gestión del gobernador Marco Adame Castillo y la autorización del presidente Felipe Calderón Hinojosa, reiteradamente recordamos la forma en que se tergiversó e inhibió el trabajo de las fuerzas federales desplegado con éxito durante el bienio 2010-2011 debido precisamente a abusos similares. Uno de ellos, si recuerdan ustedes, acabó con la vida del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, el primero de mayo de 2011, en las instalaciones del 21 Batallón de Infantería, adscrito a la 24ª. Zona Militar. Asimismo, al entrar en operación el Plan Morelos Seguro se garantizó que ninguna corporación federal o estatal quebrantaría las garantías constitucionales de la ciudadanía morelense. Lamentablemente, hay de todo en la Viña del Señor, incluso personas que, mediante el consabido influyentismo y en el caso del condominio de San Antón, lograron que quienes participaron en el “operativo” del domingo se tornaran en los sempiternos “viene-viene” o “franeleros” que se disputan la posesión de cajones de estacionamiento en las calles de Cuernavaca. ¿Y los verdaderos delincuentes? ¡Bien, gracias!
