Aunque lo ocurrido antenoche en Tetecala (municipio localizado al poniente de Morelos) ratifica que los bandoleros laceran con mayor facilidad la parte más débil de la cadena: las policías preventivas municipales, lo cual indudablemente se ha repetido o es “normal” en las regiones mexicanas caracterizadas por su alta incidencia delictiva. Lo importante para la sociedad morelense es que el hecho no permaneció oculto, a pesar del hermetismo oficial.
Antes de entrar en materia recordaré lo que comentamos aquí el 8 de abril de 2010. Escribí: “Quienes más nerviosos se ponen cuando aparecen cadáveres decapitados son los integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya posición mayoritaria en el Poder Legislativo siempre los motiva para agredir al Ejecutivo en aras de ganar espacios mediáticos (de manera oportunista) tendientes a consolidar su rentabilidad electoral. Peor se ponen al observar acciones criminales directas, con daños colaterales, tal como ocurrió anteayer en dos sedes de la Procuraduría General de la República asentadas en Cuernavaca”.
Efectivamente. Dos días antes de aquel comentario se presentó el ataque directo de un comando armado a las oficinas de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), situadas cerca de la colonia Antonio Barona, en Cuernavaca, y fuera de la sede estatal de la PGR, en la colonia Chipitlán. Añadí al respecto: “Desconocemos si quienes ametrallaron la fachada y portón de las oficinas locales de la UMAN llevaban el objetivo de rescatar a un vendedor de droga. Pero de algo sí estoy seguro: el crimen organizado de este país, así como sus ramificaciones en las zonas de mayor violencia, es un gigantesco grupo que, tras la declaratoria calderonista de guerra emitida a principios de 2007, dejó de reconocer cualquier vestigio de legitimidad y autoridad del sistema estando dispuesto a dar la vida en su empeño por destruirlo. El caso de los decapitados y otras formas de aniquilación entre bandas criminales es algo diametralmente opuesto al hecho de agredir instituciones públicas sin temor. Es aceptar la guerra. Para confirmar lo antes dicho basta mencionar que el ataque a la UMAN de la colonia Antonio Barona duró alrededor de 15 minutos sin que ninguna corporación de seguridad pública acudiera oportunamente para enfrentarse a los sicarios, quienes, además, con un vehículo quisieron derribar el portón de las instalaciones. El colmo”. Hasta aquí la columna del 8 de abril de 2010.
Aquellos hechos aceleraron un acuerdo pactado entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para solicitar al gobierno calderonista el envío de refuerzos de la Policía Federal desde la capital mexicana, así como la implementación de nuevos retenes (con soldados y vehículos artillados) de la Sedena en puntos “estratégicos”. Cualquier semejanza de aquel escenario con el que imperó antes de la implementación del Plan Morelos Seguro no es ninguna casualidad, sino el resultado de acciones emergentes asumidas por los tres órdenes de gobierno cuando hay evidencias de un estado fallido.
En este contexto, agregaré que la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos confirmó que anteayer, alrededor de las 22:49 horas, un grupo armado irrumpió en las instalaciones de la comandancia de la Policía Preventiva Municipal de Tetecala, donde golpearon a la radio operadora, a dos paramédicos de guardia y sustrajeron 23 armas de fuego y radios de comunicación interpolicial. Lo anterior, según el boletín de la SSP, generó una mayor presencia de las corporaciones federales en toda la región “a fin de subsanar la vulnerabilidad de la corporación municipal”, amén de que continuará la coordinación operativa intermunicipal en base a los convenios de regionalización para operar en las zonas sur y poniente de Morelos. Recuerden ustedes que las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) se intensificaron hace apenas unas semanas debido a la presión social y la preocupación institucional generada por un “toque de queda” en la comunidad de Tehuixtla decidido por los lugareños ante la creciente inseguridad pública (hasta hoy siguen las extorsiones, el robo de vehículos y el secuestro). Además, cabe recordar que el 22 de octubre de 2011 un grupo despojó de su armamento a los escoltas del alcalde de Tetecala. Se supone que anteayer los criminales se llevaron rifles AR-15, MP5 y cartuchos de diferentes calibres.
Finalmente es importante reflexionar sobre lo siguiente. Algo grave debe estar sucediendo a lo largo y ancho de toda la región poniente (independientemente de lo que ocurre en el sur), cuando en Cuernavaca no trasciende la realidad y se guarda silencio para no agravar el escenario. Por ejemplo, a raíz de la incursión de anteayer en la comandancia policíaca de Tetecala ha trascendido que hace apenas unos días fue baleada la casa de un empleado municipal, días después de que éste y el alcalde Víctor Tapia fueron denunciados penalmente por amenazar de muerte, con pistola en mano, a una familia. Por otro lado, el propio alcalde de Tetecala cesó este martes a dos mandos de la Policía Preventiva Municipal dizque por no aprobar la evaluación de control y confianza. Los 48 efectivos municipales quedaron a la deriva y en condiciones de vulnerabilidad ante el crimen organizado, si no es que la corporación ya se encuentra infiltrada hasta el cuello. Y el mismo alcalde informó algo grave: “El costo de los exámenes de control y confianza está siendo sufragado por el Ayuntamiento de Tetecala, caso contrario al de otras comunas, donde los elementos policíacos tuvieron que pagarlos”. Sopas. A todo lo antes dicho es importante agregar las leyendas prevalecientes sobre la cotidianidad de la región poniente, entre lugareños y narcotraficantes, lo cual se ha repetido en Tetecala, Mazatepec, Miacatlán y Coatlán del Río. “El pueblo no se equivoca”, solía decir Don Lauro Ortega Martínez, gobernador en el periodo 1982-1988. Exacto: muchos ciudadanos repiten un “secreto a voces” tocante a la presencia de “gente extraña” en sus localidades bajo el manto protector de influyentes políticos y politiqueros.
