“Todo tiene precedentes”, he escrito en infinidad de columnas anteriores. Y lo que está a punto de suceder en el Congreso local a través del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), a fin de reformar la Constitución Política de esta entidad federativa, debe trasladarnos retrospectivamente a la historia, a lo que sucedió el 19 de julio del año 2000. El objetivo de quienes detentan todavía el control en la 51 Legislatura es el mismo: allanar el camino al siguiente gobernador, sobre todo si Amado Orihuela Trejo consigue la victoria este domingo, o colocar un número suficiente de obstáculos a Adrián Rivera Pérez, Graco Ramírez Garrido y Julio Yáñez Moreno en caso de lograr el triunfo, pero a manera de revancha. ¿Qué pasó, pues, el 19 de julio de 2000?
Ese día se llevó a cabo una sesión de la 47 Legislatura, cuya principal característica fue la inédita y sorpresiva fusión de los diputados priístas y perredistas. Lo que el PRI y PRD no consiguieron en las urnas el 2 de julio de aquel histórico año, fue logrado por la vía del “fast track”, o mayoriteo automático en el Congreso Local, con lo cual introdujeron tres dictámenes para reformar la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acotando las más importantes decisiones del nuevo gobernador emanado del Partido Acción Nacional: Sergio Estrada Cajigal, quien puso fin a siete décadas de gobiernos emanados del PRI.
Aquella sesión se realizó bajo la autoría intelectual de los más importantes políticos priístas, encabezados entonces por el candidato perdedor del PRI a la gubernatura, Juan Salgado Brito, quien fue jefe del GPPRI entre 2003 y 2006. Se pretextó “un mejor equilibrio entre poderes” y mediante 39 reformas a nuestra carta magna y dicha ley orgánica los adversarios del incipiente gobernador consiguieron posicionarse para gozar de prebendas y poder. Con ellas crearon un cerco alrededor de Estrada Cajigal, abriendo además los peligrosos espacios de malas relaciones e ingobernabilidad prevalecientes hasta ahora. El parlamentarismo fue un verdadero fracaso en la 47 legislatura, que terminó el primero de agosto del 2000. Muestra palpable fue siempre la elección del procurador general de Justicia, contaminada por los grupúsculos de presión que subsisten gracias al tráfico de influencias a cargo de los señores diputados locales. Hoy los legisladores priístas pretenden regresar al Ejecutivo la facultad unipersonal de designar al titular de la PGJ (entre otros proyectos de reformas constitucionales).
Muchas iniciativas, de diferente ideología e intenciones, fueron congeladas antes de la debacle priísta del 2000. Pero el resultado electoral de ese año cambió el escenario; las cosas empezaron a ser diametralmente opuestas para los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional que, además de no tener garantizada una jugosa relación con el nuevo gobernador, carecían de la mayoría calificada en el Congreso Local, donde 15 diputados fueron del PAN, 12 del PRI y 3 del PRD. Esta composición impidió cualquier “albazo” para cambiar la Constitución y las leyes que de ella se derivan. Ante tal panorama los grupos priístas de presión, guiados en la 47 legislatura por Víctor Manuel Saucedo Perdomo, entonces secretario general de Gobierno, y aliados con el PRD, modificaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo teniendo como objetivo acotar a Estrada Cajigal y el reparto del gran pastel que significaban los cuantiosos recursos manejados por el Congreso. Impidieron cualquier intento de reformas a leyes secundarias; los dictámenes, emanados de la Comisión de Puntos Constitucionales sólo se autorizaron con las dos terceras partes del pleno.
Lo anterior significó para el PAN la imposibilidad de llegar a 20 de 30 votos sin el consenso y la negociación. Sin embargo, el transcurso del tiempo demostró que los diputados priístas y perredistas de la 47 legislatura apostaban a lo segundo, a la negociación, pero no realizada con altura de miras poniendo en primer lugar los intereses de la sociedad morelense, sino las canonjías a que estaba acostumbrado un sistema caduco. Todas las reformas impactaron negativamente en la capacidad de maniobra del nuevo gobernador, lo cual fue evidente en la relación del Ejecutivo con los miembros de la 48 legislatura, repitiéndose en el periodo 2003-2006.
Los principales cargos en el Congreso del Estado se repartieron “a discreción” entre los grupos parlamentarios del PRI y PRD, dejándole algo al PAN: la Contaduría Mayor de Hacienda para el PRD; la Oficialía Mayor (posteriormente transformada en Secretaría de Servicios Parlamentarios) al PRI; el tesorero se le otorgó a Acción Nacional; las comisiones de Hacienda y Puntos Constitucionales fueron para el PRD y PAN, respectivamente. Asimismo, aquel 19 de julio de 2000 se autorizó un incremento del 40 por ciento al presupuesto del Poder Legislativo, para ser distribuido en un 70 por ciento al parejo entre los tres partidos y el 30 restante de acuerdo al número de diputados.
Todo aquello, contemplado en tres dictámenes que ingresaron al Congreso por Oficialía de Partes, después de terminada la sesión correspondiente y sin haberse dado la primera lectura (en la total clandestinidad), reveló que los detractores de Estrada, en alianza con los dirigentes del partido del sol azteca en Morelos, iban por la revancha y el chantaje. Ocurrió después de que Juan Salgado Brito, candidato perdedor del PRI a la gubernatura, se reunió el 17 de julio del 2000 en “El Faisán” con todos los diputados priístas de la 47 legislatura para hacer la primera demostración del “mayoriteo”, el mismo al que se recurrió el 24 de octubre de 2004 para separar a Estrada Cajigal del cargo de gobernador. Sin embargo, siendo miembro de la 49 Legislatura, Juan Salgado Brito negó que su proceder en ese juicio político hubiera tenido tintes revanchistas. Y ahí viene de regreso el “fast track”.
