siendo deseable que los partidos políticos perdedores no vayan a judicializar el proceso electoral, ni a generar conflictos violentos. Adrián Rivera Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN); Amado Orihuela Trejo, de la Coalición Compromiso por Morelos (PRI-PVEM-Panal); Graco Ramírez Garrido Abreu, de la Coalición Nueva Visión Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano); y Julio Yáñez Moreno, del Partido Social Demócrata (PSD), seguramente habrán fijado una posición ante el resultado de la jornada dominical y a estas horas del juego ya determinaron si interpondrán o no recursos de impugnación en el caso de no aceptar su derrota. Uno de ellos será el ganador, pésele a quien le pese.
Morelos, pues, ya tiene gobernador electo, quien tomará posesión el primero de octubre venidero tal y como lo mandata la Constitución Política local. Vale la pena, pues, preguntar ¿qué escenario le esperará al flamante titular del Poder Ejecutivo morelense? ¿Cuáles serán sus principales vulnerabilidades? A estas alturas de 2012 ese hombre, a quien muchos considerarán “todólogo” o “todopoderoso”, deberá mantener firmes las riendas de la administración pública estatal a fin de que las actividades económicas se mantengan inalterables, generando mayor riqueza, mientras la administración pública en los tres niveles gubernamentales conserva su ritmo normal. Esto es lo ideal.
Sin embargo, en lo anterior mucho habrá que heredar el gobernador todavía en turno, Marco Antonio Adame Castillo, quien junto con su relevo tendrá que estrechar su coordinación con el gobierno federal y los 33 presidentes municipales para evitar el descontrol de la violencia, aunque todos los ámbitos oficiales tienen la obligación de conseguir una alta eficacia en contra de las bandas criminales. Lo importante será evitar a toda costa los vacíos de autoridad.
Asimismo, el nuevo gobernador estará obligado a abatir la cultura de la ilegalidad aún prevaleciente en ámbitos de procuración y administración de justicia. Al respecto debemos recordar que la crisis de seguridad pública es una expresión de la no vigencia del estado de derecho. Por otra parte, la nueva autoridad estatal encontrará un escenario adverso, donde habrá de mostrar su pericia política, capacidad de reconciliación e inteligencia para impedir la erosión de la figura gubernamental. En ello requerirá una gran pericia política, a fin de extender durante todo el mandato un clima de coexistencia pacífica.
Otra vulnerabilidad será la inequitativa distribución del ingreso en todas las regiones morelenses. Hacia donde volteemos hay pobreza, proliferación de cinturones de miseria, desempleo, delincuencia común y organizada, etcétera. Además, al caldo de cultivo se añade otro factor de precariedad: la parálisis de todos los municipios, cuya principal característica es la dependencia absoluta del gobierno federal y el estatal, así como la falta de fondos para satisfacer las necesidades sociales en ese segmento que demagógicamente se denomina “la célula básica del sistema político mexicano”.
En este contexto, considerando que Morelos ni es ninguna ínsula separada ante el resto del país, es necesario sumar otras vulnerabilidades nacionales que impactan en cualquier región. Entre ellas se encuentra la amenaza latente a la seguridad nacional propiciada por el crimen organizado, el terrorismo, los grupos armados (como el EPR) y el tema de la ciberseguridad, la pobreza y la desigualdad. El gobierno federal tiene clasificadas en seis ámbitos las diversas amenazas a la seguridad nacional. Otra amenaza es la corrupción en instituciones estratégicas como el Ejército, las Policías y Petróleos Mexicanos (Pemex); y añadimos los desequilibrios demográficos, los movimientos de migración y la cultura de la ilegalidad. Por otro lado, todo México y diversas entidades federativas carecen de una política formal de seguridad que dificulta una planeación de Estado. Así las cosas, el siguiente es un resumen de las vulnerabilidades del nuevo gobierno.
1. Descontrol de la violencia. El problema número uno de México es la baja eficacia gubernamental para controlar la violencia -la violencia política, la criminal, la social-. Es una doble crisis en el corazón del Estado. Primero, una crisis de prioridades históricas de gobiernos que durante las últimas décadas olvidaron que su tarea fundamental es la seguridad y el control de la violencia. Segundo, es una crisis de legitimidad en el uso de los instrumentos de coerción del Estado, los cuales no son usados por la autoridad para aplicar la ley y castigar su violación, ni son reconocidos por los ciudadanos como instrumentos legítimos de acción del gobierno.
2. La cultura de la ilegalidad. La crisis de seguridad pública es una expresión de un problema más amplio: la no vigencia del estado de derecho. La tercera parte de los mexicanos creen que las leyes no deben respetarse si no son justas, es decir, si no les parecen justas. Los ciudadanos no se sienten obligados por la ley, se sienten injustamente constreñidos por ella. La autoridad no se siente capaz de aplicar la ley, se sabe absolutamente desbordada por ella. Pero el único referente estable en la democracia es la ley. Si la ley está sujeta a sospecha y a aplicación parcial, unilateral, ¿quién será el árbitro de la sociedad democrática mexicana?
3. La erosión de las figura gubernamentales. Una tercera zona frágil es la erosión de los actores principales de la vida pública de los últimos sesenta años: la Presidencia de la República y la gubernatura del Estado, sin que la haya sustituido otra fuerza conductora equivalente. La democracia mexicana se ha construido en gran parte acotando los poderes de los personajes respectivos.
4. Mayorías minoritarias. Si las cosas siguen como van, la elección del 2012 dará lugar a lo que ya tenemos hoy: mayorías frágiles, superables por alianzas de la oposición. En esas condiciones, cobra la mayor importancia una de las peores ausencias de la transición mexicana: ausencia de un pacto en lo fundamental.
6. La transición burocrática. No hay acuerdo en lo fundamental y tampoco hay una estructura burocrática que garantice la continuidad y la estabilidad de los gobiernos. No hay rutinas de relevo de equipos burocráticos en áreas fundamentales que incluyen, por definición, asuntos de alta confidencialidad. No hay previsiones para pasar información de un equipo de gobierno a otro en materia de política económica. Tampoco la hay en las áreas de seguridad nacional. La alternancia exige continuidades burocráticas, estabilidades operativas en la administración pública.
7. La desigualdad. Un país y una entidad con las desigualdades actuales no podrán despegar duraderamente. Será siempre vulnerable ante sus propias inercias y rezagos.
