Antes de entrar en materia déjeme decirle que Oliva es politólogo, maestro en Estudios Latinoamericanos, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la mencionada Facultad; ha impartido cátedra en la Universidad Complutense de Madrid; es articulista del diario “La Jornada México”; profesor de tiempo completo en licenciatura y postgrado desde hace 25 años, experto y asesor en temas de seguridad nacional y hemisférica para algunas instituciones internacionales, etcétera. Es, pues, una autoridad para opinar y marcar criterios respecto al involucramiento de militares en la conducción de la seguridad pública. Entre otras cosas, ha dicho: “Llevar militares a comandar las corporaciones policiacas estatales y municipales no resolverá el problema de la inseguridad en el país”. Y añade: “La formación de policías profesionales con vocación de servicio, una restructuración del sistema de justicia que permita la adecuada aplicación de la ley y la intervención de otro poder además del Ejecutivo que evalúe la estrategia de seguridad implementada son las medidas que deben incorporarse para enfrentar a la delincuencia”.

Oliva Posada identifica a la falta de confianza en los cuerpos policiacos y la carencia de mandos civiles competentes y confiables como las principales causas que explican la expansión de jefes policiacos militares. Según el catedrático, los gobernadores ven en los militares valores específicos derivados de su formación castrense, pero estos no necesariamente son transmitidos a los elementos civiles con los que tienen que trabajar. “Lo importante es la formación de valores de los servidores públicos que se desempeñan en tareas de policía. Mientras se siga improvisando policías, no se va a avanzar. Se puede traer a militares y más militares y no se resolverá el problema”, apuntó.

Y agregó: “Es necesario el adiestramiento, la preparación, el estímulo a la carrera policiaca y la vocación del policía, que está muy desprestigiada”. “Existen riesgos derivados de que las Fuerzas Armadas lideren la lucha frente al narcotráfico. Siempre he sostenido que se está exponiendo a la institución, a las Fuerzas Armadas, que al no dar resultados se señale que ni siquiera los militares están dando buenas cuentas a la sociedad (esta etapa de desgaste ya existe a nivel nacional). Es un proceso de vulneración al prestigio de la formación militar. Se comienzan a tomar medidas desesperadas como preguntarse qué es más importante, la libertad o la seguridad. Y entonces se comienza a perder precisamente la libertad”, concluyó el doctor en sociología.

Hoy quise retomar los conceptos de Javier Oliva Posada, a manera de preámbulo, ante varios anuncios importantes hechos ayer por el gobernador electo de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, quien informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le recomendó fortalecer su seguridad personal ante el incremento de la incidencia delictiva en Morelos. Inclusive, dijo, el alto mando castrense le proporcionará personal capacitado para ello, en el ánimo de evitar algún imprevisto sobre su persona, así como la de su familia y allegados. E indicó que “es necesario reforzar la seguridad pública de Morelos”, ante lo cual sostuvo recientemente una entrevista con el titular de la Sedena, Guillermo Galván, a fin de iniciar las acciones sobre el delicado tema. Así, podemos inferir que se buscaría extender el proceso de militarización en nuestra entidad federativa más allá de lo que las autoridades federales hubieran diseñado e incluido ya en el Plan Morelos Seguro, puesto en marcha el 9 de mayo pasado. El objetivo de fondo, según vemos, sería ceder el control de cualquier número de operativos a los altos mandos castrenses sobre territorio estatal, con el riesgo siempre implícito del quebranto de garantías, lo cual ya se ha presentado desde mayo a la fecha.

El mandatario electo, asimismo, expresó que “a los jefes de la delincuencia organizada no les gustó el triunfo de las izquierdas en Morelos”, por lo cual le fue hecha la recomendación de vigorizar la seguridad interior con las fuerzas armadas de este país. Sin embargo, esta parte de la conferencia de prensa me hizo recordar las ocasiones en que, dentro de la coyuntura ofrecida por el descabezamiento de algunas células criminales arraigadas en territorio morelense desde hace lustros, trascendieron múltiples especulaciones y leyendas urbanas que ligaban a conocidos personeros al servicio de determinados partidos políticos con los jefes abatidos o detenidos. ¿Quién o quiénes quedaron resentidos allende las elecciones del 1 de julio? ¿Por eso Graco Ramírez debe incrementar su seguridad personal y pedir más apoyo militar a nivel estatal? Lo anterior, desde mi particular punto de vista, podría ser exagerado aunque, en forma realista y objetiva, debemos recordar que durante las transiciones políticas y los inevitables vacíos de poder las corporaciones policíacas se descontrolan y no se aplican como debe ser para enfrentar a las bandas delincuenciales, surgiendo entonces el reacomodo de las bandas que logran sobrevivir tras los descabezamientos y las detenciones de conocidos capos.

Tocante a la misma conferencia de prensa me llamó la atención otro anunció hecho por el mandatario electo: tendrá una segunda reunión con el secretario de la Defensa Nacional, a fin de presentarle una terna conformada por militares de alto rango, de origen morelense, a fin de que uno de ellos se haga cargo de la parte operativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hoy a cargo del genera Rafael García Aguilar, dependencia que, afirmó Graco Ramírez, será encabezada por un civil. En resumen: el agua y el aceite. El gobernante electo estuvo anteayer, además, con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, y el de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, con quienes seguramente adelantó una agenda previa a otro encuentro que sostendrá en breve con el presidente Felipe Calderón. El objetivo de estas gestiones es conseguir que se abata la violencia en la entidad federativa morelense, lo cual es loable por donde se le vea. Sin embargo, mientras la Federación siga desplegando una actitud indiferente hacia la ciudadanía morelense, con migajas presupuestales, poco podrá hacerse realmente para mejorar todo el sistema de seguridad pública de Morelos que no sólo abarca la prevención del delito, sino también la procuración de justicia, la administración de la misma y la readaptación social. Luego seguimos con este tema.