Muchas ocasiones he ejemplificado con el doctor Lauro Ortega Martínez, gobernador de Morelos durante el sexenio 1982-1988, sobre la forma en que un estadista debiera reaccionar frente a las inconformidades sociales. El galeno de Xochitepec solía decir, fiel a su estilo personal de gobernar: “Si un político quiere ayudar al pueblo, lo hace de inmediato, pero si le gana la indiferencia, mejor ni acercársele, aunque pudiera caer en la simulación, que es equiparable a la corrupción”. ¿Qué está sucediendo, pues, en torno al movimiento que rechaza la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla en el tramo correspondiente a Tepoztlán? Simple y sencillamente ni los desarrolladores del proyecto, a cargo de la Constructora Tradeco (la favorita del gobierno calderonista), ni los operadores políticos estatales lograron socializar la obra entre los moradores de Tepoztlán, surgiendo un conflicto de intereses que amenaza con exacerbar y encender los ánimos en la combativa localidad. El Comisariado Ejidal de Tepoztlán, Guillermo Waldo Martínez, perdió cualquier tipo de legitimidad ante los tepoztecos, mientras el alcalde electo Francisco Navarrete Conde, de extracción perredista, propuso ayer la realización de un plebiscito entre la comunidad y que ésta sea quien decida. Ya se imaginarán ustedes la preocupación que en este momento deben estar experimentando los más altos directivos del Grupo Tradeco al que, por cierto, no significan nada los alrededor de 13 millones de pesos pagados a un grupo de tepoztecos por la expropiación de las 283 hectáreas sobre las cuales pasaría el nuevo tramo de la autopista. Esos recursos, cuando se concluya el proyecto, serán amortizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en una semana de peaje.

Cambiando de tema me referiré a lo dicho ayer por el gobernador electo de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, en torno al proyecto de una termoeléctrica y un gasoducto a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la región oriente. Aseguró que las obras van a concretarse sin afectar a los pobladores, ni mediante la utilización de la fuerza pública. Confirmó además la aplicación de una consulta pública entre la población tepozteca para conocer su opinión sobre la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, amén de que dialogará con los líderes “pues la ciudadanía está consciente sobre la necesidad del proyecto”. Por cierto, se me pasaba citar la inversión federal que asciende a más de 2 mil millones de pesos y cuyos beneficiarios serán los más altos directivos de Tradeco, sí, los mismos que ganaron la licitación a modo del nuevo distribuidor vial Palmira con un costo bastante superior (casi 370 millones de pesos) al de otras constructoras participantes. Sin ningún empacho, los funcionarios de la SCT encargados de abrir los sobres el día de la licitación señalaron que la directriz, desde la capital mexicana, había favorecido a Tradeco. Por lo demás y respecto a la declaración de Graco Ramírez en el sentido de que “no será utilizada la fuerza pública” en la comunidad de Huexca (donde radica el principal movimiento de rechazo a la construcción de la termoeléctrica y el gasoducto), agregaré que la simple mención de una eventual intervención de las corporaciones coercitivas a cargo del Poder Ejecutivo produce escalofríos. Siempre será el último recurso para solucionar conflictos socio-políticos. Primero se agotan todos los escalones (así se dice en el Ejército Mexicano), y hasta el final aparece la posibilidad de recurrir a la fuerza. La última vez que vimos una acción similar fue en el conflicto magisterial de 2008, a cargo de la Policía Federal. Las fuerzas castrenses, empero, se mantuvieron como tercer escalón, sin que fuera necesaria su intervención.

Finalmente me referiré a dos nuevas comisiones de trabajo dadas a conocer ayer por Graco Ramírez Garrido Abreu. Presentó a quienes integrarán los Institutos de la Mujer y el de la Juventud. En el primer caso la encomienda recayó en Nadxieli Carranco Lechuga, Adriana Mujica Murias y Aurora Ivonne Velasco Rotunno. Carranco Lechuga fue coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Mujica Murias fungió recientemente como diputada suplente del Partido del Trabajo y lleva 30 años trabajando a favor de los derechos de las mujeres; en tanto, Velasco Rotunno fue directora de la Casa de la Mujer. Y respecto a la segunda institución, el mandatario electo escogió a Vera Sisniega Arce, ex regidora del ayuntamiento de Cuernavaca; a Gabriel Pérez Casillas, ex director general del Sistema DIF de Jiutepec; a Rosa Sunen Carbajal Reyes, quien participó en el área de patentes y derechos de autor del Instituto de Investigaciones Eléctricas; y a Pablo Hernández González, subsecretario nacional de Jóvenes del PRD. Tocante a Nadxieli Carranco Lechuga comentaré que la proporción de votos emitidos por el electorado el 1 de julio no le alcanzaron para ser regidora municipal del Partido Movimiento Ciudadano en la administración que encabezará el priísta Jorge Morales Barud, alcalde electo de Cuernavaca. Hubiera hecho un magnífico papel (sin subestimar a las dos féminas que le acompañarán en el Instituto de la Mujer). Empero, debo precisar que no hubo ninguna designación en torno a la titularidad de ambos organismos. Sigue le incertidumbre sobre quiénes integrarán el gabinete legal, el gabinete ampliado y los mandos medios. Quien está preocupado es Rey David Olguín Rosas, oficial mayor de Gobierno, ante la posibilidad de que más de mil trabajadores de confianza que durante casi dos sexenios han laborado en igual número de administraciones panistas se queden sin empleo. Ahí vienen los laudos.